Apuntes relativos a la evolución de la política del cobre en Chile ...

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“En primer lugar no somos partidarios de crear un tribunal especial, excluido del
recurso de queja ante la Corte Suprema, para conocer de los reclamos a que dé lugar la
determinación de las indemnizaciones. Crear semejante tribunal para que conozca el caso
preciso de tres empresas extranjeras, es romper la tradición chilena de respeto a las normas
generales del derecho.
“En segundo lugar, somos contrarios a que se autorice al Presidente de la República
para deducir de las indemnizaciones lo que él considere ‘rentabilidades excesivas que las
empresas nacionalizadas o sus antecesoras hubieren devengado anualmente a partir de la
vigencia de la ley 11.828’. No es compatible con nuestro concepto del derecho de propiedad
ni con nuestros principios morales que se obligue a devolver utilidades obtenidas desde hace
más de 15 años al amparo de las leyes chilenas y aun de contratos en que el Estado empeñó
su palabra.
“En tercer lugar, no estamos de acuerdo con que se nacionalice también a la
Compañía Minera Andina, cuyo único mineral, el de Río Blanco, pertenece legalmente a la
mediana minería y no a la grande. Por todo lo que sabemos, la explotación de ese mineral ha
sido posible gracias a fuertes inversiones, tenaces esfuerzos y verdaderos prodigios de técnica
realizados por Cerro Corporation al amparo de un convenio con el Estado, y las objeciones
técnicas que habrían formulado unos expertos rusos y franceses no nos conmueven, porque
sabido es que ‘después de la batalla todos son generales’. Lo positivo es que el mineral
acaba de entrar en funcionamiento y que Cerro no ha retirado todavía un solo dólar de Chile.
Creemos que esta nacionalización no se justifica y que, además, habría sido muy importante
para el país que siguiera operando en Chile una empresa que se caracteriza por su avanzada
técnica.
“(…) Se ha discutido bastante si el legislador puede o no dejar sin efecto o modificar,
por su sola voluntad unilateral, los llamados ‘contratos leyes’ que pueden definirse como
aquellas convenciones en que el Estado se compromete con un particular a otorgarle un
régimen legal de excepción o un tratamiento administrativo especial.
“(…) De acuerdo con un nuevo inciso que se introduce en el Nº 10 del artículo 10, el
Estado, mediante una ley, podrá en lo sucesivo modificar o extinguir los contratos leyes por
su sola voluntad.
“Reconociendo que un contrato ley justificado en el momento en que se celebra puede
transformarse con los años en gravemente lesivo para el Estado y en fuente de privilegios
desmedidos, fuimos partidarios en esta materia de una solución intermedia, que propuse
insistentemente en la Comisión: exigir para las leyes que modifiquen o dejen sin efecto dichos
contratos, el voto conforme de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada
Cámara. Esto significaba atribuir a esas leyes el carácter excepcional que realmente deben
tener, y contribuir a que se despacharan con especial estudio y reflexión.
“Como nuestra indicación no fue aceptada, los contratos leyes quedarán expuestos a
ser abrogados o modificados cualquiera tarde, sin mayor estudio y hasta por mayorías
ocasionales. Es el peligro que correrán, por ejemplo, todos los propietarios de viviendas
acogidas al D.F.L. Nº 2, cuyas franquicias dependen de un contrato ley… (…)”.
Terminada la sesión, el proyecto de reforma constitucional, fue aprobado por la
unanimidad de 158 votos favorables.
En el mismo tomo en que se reproduce la sesión del Congreso Pleno de 11 de julio de
1971, preparado por la Oficina de Informaciones del Senado (Boletín de Información General
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