DICTAMEN Nº 73 - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

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Norma Subsidiaria de Planeamiento 1.4 relativa a la vinculación de documentos, únicamente
tienen valor vinculante las Normas Urbanísticas, sus Anexos y los Planos de Ordenación, y no las
fichas catastrales que tendrían únicamente el valor jurídico de medio de interpretación.
En el expediente remitido no se acompaña información ni documentación alguna que haga
referencia a este punto de las Normas Subsidiarias municipales o a otro que pudiera contener la
alineación correspondiente al solar propiedad de A.S.R.
Con fecha 25 de noviembre de 1994 el Pleno del Ayuntamiento de Mocejón acordó, en su sesión
de 25 de noviembre de 1994, iniciar procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 27 de mayo de 1993 por el que se concedió licencia de
construcción de edificio cuyo promotor es A.S.R., con fundamento en el artículo 62.1.g) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre por vulneración los artículos 79 y 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 74.1 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, de 18 de abril de 1986 y el artículo 5
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, al quedar sustraído del
uso público común general y gratuito la porción de vía ocupada por la obra, y no ser dicha
ocupación susceptible de convalidación, ni de consolidación por el particular titular de la licencia,
dado el carácter de bienes fuera del tráfico jurídico que las normas anteriores confieren al
dominio público.
EXTRACTO DE LA DOCTRINA
Si bien con el artículo 62.1.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre el legislador deja abierta la
lista de posibles nulidades a distintos ámbitos de actuación administrativa para salvaguardar los
valores esenciales o fundamentales de los mismas, exige que, en todo caso, esos otros supuestos
distintos de los enumerados en el artículo 62 vengan señalados expresamente en una Ley.
En el supuesto que ahora nos ocupa la invocación por el Ayuntamiento de dicho precepto se
efectúa en relación con otros preceptos tanto de la Constitución, como de diversa normativa de
régimen local. Sin embargo, y aun admitiendo tan sólo a efectos dialécticos que se haya ocupado
una parte de la vía pública y que esta ocupación pudiera suponer una vulneración de la
normativa a que alude la Corporación, lo cierto es que estos preceptos no establecen de forma
expresa, como supuesto sancionado con la nulidad de pleno derecho, la invasión de vía pública
por un edificio construido al amparo de una licencia de obras, sino que se limitan a regular qué
bienes constituyen el patrimonio de las entidades locales así como las notas definitorias que
caracterizan a los bienes de dominio público en relación con los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad que proclama el artículo 132 de la Constitución.
Conviene tener en cuenta, además, que conforme señala el artículo 12 del Decreto de 17 de junio
de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, las
licencias se entenderán otorgadas "salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero".
Por ello su otorgamiento por el Ayuntamiento no atribuye al particular en cuestión mayores o
distintos derechos a los que antes ostentaba. No podría, por tanto, apreciarse en la licencia
concedida una vulneración del principio de inalienabilidad que caracteriza a los bienes de
dominio público en tanto que al titular de la licencia de obras en cuestión no se le transmitió con
su concesión ningún derecho de propiedad sobre la parte de vía pública ocupada por la
edificación.
Se examina a continuación la aplicabilidad en el supuesto sometido a dictamen del artículo 187
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, a tenor del cual el legislador impone a las
Corporaciones locales la revisión de las licencias cuyo contenido constituya manifiestamente una
infracción urbanística grave, a través de alguno de los procedimientos previstos en el artículo 103
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Así, en primer lugar, el carácter manifiesto de la infracción exige que quede debidamente
acreditado en el expediente por los oportunos medios probatorios, por una parte, la ocupación del
edificio de la vía pública, para lo cual habrá que examinar y contrastar con arreglo a qué