DICTAMEN Nº 73 - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

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que se pretende revisar la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.g) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
V
La propuesta de resolución que se somete a dictamen contiene junto a la declaración de nulidad
del acto de otorgamiento de licencia de obras, una serie de medidas que la Corporación califica de
"restauración de la legalidad urbanística", medidas que conforme se ha expresado en los
Antecedentes no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de este Consejo Consultivo
puesto que ni forman parte del expediente de revisión de oficio, ni han sido sometidas
expresamente a dictamen. No obstante, esta segunda parte del texto de la propuesta de resolución
es claramente indicadora de la voluntad del Ayuntamiento de proceder a esa eventual
restauración del orden urbanístico partiendo de la anulación de la licencia de obras.
Habiendo quedado cerrada en la anterior consideración la vía de una posible declaración de
nulidad de pleno derecho tanto por la causa que ahora invoca la Corporación municipal, como
por la alegada anteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, podría
entender el Ayuntamiento que la legislación urbanística le obliga a anular el título jurídico a cuyo
amparo se construyó una edificación que invade la vía pública; nos estamos refiriendo con ello a
lo dispuesto en el artículo 187 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 a cuyo tenor "las
licencias u órdenes de ejecución cuyo contenido constituya manifiestamente alguna de las
infracciones urbanísticas graves definidas en esta Ley deberán ser revisadas dentro de los cuatro
años desde la fecha de su expedición por la Corporación municipal que las otorgó a través de
alguno de los procedimientos del artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo...". A
este propósito, el Consejo no puede dejar de hacer una consideración general que pueda
contribuir a la valoración de la posibilidad legal de utilizar esta vía, aun sin las precisiones que
demandaría un examen detallado de la misma de haber sido invocada expresamente por la
Administración instructora.
De acuerdo con el tenor literal del precepto en cuestión, el legislador impone a las Corporaciones
locales la revisión de las licencias cuyo contenido constituya manifiestamente una infracción
urbanística grave, a través de alguno de los procedimientos previstos en el artículo 103 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (que sustituye al derogado artículo 110 de la Ley de Procedimiento
Administrativo), esto es, o bien la revisión de oficio por la Administración de actos anulables que
infrinjan gravemente normas de rango legal o reglamentario, o bien, en los restantes casos, la
declaración previa de lesividad y posterior impugnación ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Dicho mandato aparece sometido, por tanto, a una serie de condicionantes que
deberán quedar debidamente acreditados en el expediente que al efecto se inicie de utilizarse esta
vía.
Así, en primer lugar, se exige que el contenido de la licencia constituya manifiestamente una
infracción urbanística. Este carácter manifiesto exige que quede debidamente acreditado en el
expediente por los oportunos medios probatorios, por una parte, la ocupación del edificio de la vía
pública, para lo cual habrá que examinar y contrastar con arreglo a qué instrumento urbanístico
se determinó la alineación de la edificación y si el mismo pudiera estar en contradicción con lo
señalado por otros, como así parece desprenderse del expediente si se atiende a la ficha catastral
del solar; y por otra parte, la determinación exacta de la superficie de vía pública que ha sido
ocupada por la construcción, la cual no parece estar acreditada de forma clara en el expediente
administrativo al constar dos informes del arquitecto municipal en los que se indica diferente
superficie ocupada (en el primero, de fecha 14 de diciembre de 1993, 6,60 m², y en el segundo, de
fecha 14 de octubre de 1994, 4,77 m²).
En segundo lugar, la infracción urbanística ha de ser grave. A este respecto conviene tener en
cuenta lo dispuesto en el artículo 54.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística a tenor del cual
"tendrán el carácter de graves las infracciones que constituyan incumplimiento de las Normas
sobre parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situación de las edificaciones y ocupación
permitida de la superficie de las parcelas, salvo que en el expediente sancionador, se demuestre la
escasa entidad del daño producido a los intereses generales o del riesgo creado en relación con los