DICTAMEN Nº 73 - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Página 6 de 9
Teniendo en cuenta todas las actuaciones procedimentales descritas, debe advertirse como
cuestión de carácter formal el desmesurado plazo transcurrido entre la incoación del
procedimiento de revisión (25 de noviembre de 1994) y la adopción de la propuesta de resolución
(6 de junio de 1998). Del expediente remitido parece deducirse que tan dilatada tramitación podría
responder a que la propuesta de resolución no fue adoptada sino cuando el Ayuntamiento tuvo
conocimiento del fallo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó el acuerdo
de suspensión de los efectos de la licencia de obras, actuación que, en cualquier caso, en nada
hubiera impedido que la Administración instructora hubiera adoptado su propuesta una vez
culminada la instrucción del procedimiento, en tanto que la suspensión de la eficacia de los actos
objeto de revisión que contempla el artículo 104 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, constituye
una medida cautelar autónoma sometida a control jurisdiccional, pero que no conlleva el efecto
de suspender el procedimiento de revisión de oficio.
A la vista de las cuestiones examinadas, puede afirmarse que en el procedimiento de revisión de
oficio objeto del presente dictamen, se ha dado cumplimiento a los trámites esenciales previstos en
la normativa que resulta de aplicación, si bien con el retraso que se deriva de la observación
apuntada anteriormente.
IV
Frente al principio general de irrevocabilidad por la Administración de sus propios actos
declarativos de derechos, tanto la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 como la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, han permitido que, en supuestos excepcionales, la
Administración pueda volver contra sus propios actos, utilizando para ello los procedimientos de
revisión de oficio previstos en dichas normas. La Ley configura así la revisión de oficio como un
privilegio de la Administración que viene a quebrar el principio de conservación de los actos
administrativos y coloca a aquélla en una situación muy desigual respecto del particular, al poder
anular actos administrativos que han creado y reconocido derechos a favor de terceros aun
cuando éstos se resistan a cumplir las consecuencias de dicho acto anulatorio. Por esta razón la
Ley limita su alcance y establece una serie de garantías que alcanzan su máxima expresión en la
tipificación de unos supuestos concretos de nulidad de pleno derecho, y en la exigencia del
dictamen preceptivo y habilitante del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico a la
hora de declarar tal nulidad.
Este carácter excepcional de la revisión de oficio, ampliamente proclamado por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 22 de marzo de 1991, RJ Aranzadi 2250, de 24
de abril de 1993, RJ Aranzadi 2863, y de 6 de marzo de 1997, RJ Aranzadi 2291), impone una
interpretación restrictiva de los supuestos que permiten dicha revisión, ya sea por alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya
sea de carácter grave la infracción de la norma legal o reglamentaria que permite la anulación del
acto según el artículo 103 de la misma norma legal. Es más, el Tribunal Supremo ha puesto un
especial énfasis en los procedimientos de revisión de actos nulos de pleno derecho señalando que
constituye un cauce impugnatorio para el que se recomienda la máxima prudencia "habida
cuenta que la no sujeción a plazo para efectuarlo, como, en cambio, se prevé para el sistema
general de revisión, entraña un riesgo evidente para la estabilidad o seguridad jurídica [...]".
(Sentencia de 24 de abril de 1993, RJ Aranzadi 2863).
En el expediente que se somete a consulta se invoca como supuesto de nulidad de pleno derecho
del acuerdo municipal de concesión de licencia de obras, el previsto en el artículo 62.1.g) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre que se refiere a "Cualquiera otro que se establezca
expresamente en una disposición de rango legal". Como ha señalado el Consejo de Estado en su
dictamen número 1.076/1991, de 31 de octubre, con esta cláusula de cierre el legislador "zanja la
discusión a cerca del pretendido carácter de numerus clausus de la lista de causas de nulidad de
pleno derecho recogida en el artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
decantándose acertadamente a favor de su carácter indicativo y no cerrado". Si bien con este
precepto el legislador deja abierta la lista de posibles nulidades a distintos ámbitos de actuación
administrativa para salvaguardar los valores esenciales o fundamentales de los mismas, exige
que, en todo caso, esos otros supuestos distintos de los enumerados en el artículo 62 vengan