migración y derechos humanos - Observatorio de Migraciones

Tejido social
y no contiene disposiciones que respeten el sistema
establecido en las Convenciones de la Organización
Mundial del trabajo (OIT) y en el mismo sistema
constitucional. Finalmente, la legislación conexa es
dispersa y muy poco conocida por los operadores de
justicia.
En el plano internacional, el Estado ecuatoriano ha
firmado y ratificado la gran mayoría de instrumentos
internacionales relacionados con la materia migratoria;
pero este sistema legal no es aplicado por los
encargados de su cumplimiento, pese a que existe
una disposición constitucional que obliga a la aplicación
expresa de una norma contenida en la legislación
externa. Por otro lado, los convenios que se han
firmado con las naciones receptoras de migrantes,
ha basado en la soberanía y la selectividad de trabajadores,
y no en la protección de los mismos. Adicionalmente,
el sistema político y legal no visibiliza y
protege a los grupos humanos inmigrantes.
En términos de control y administración en el tema
migratorio, el informe indica que existe un proceso
de dispersión, falta de coordinación y eficacia. El Consejo
Consultivo de Política Migratoria, encargado de
la aplicación y ejecución de las normas y procedimientos
relativos a extranjería, ha fracasado en su misión
de crear una política integral de apoyo a la población
en contextos de movilidad. Eso implica que cada uno
de los gobiernos de turno, en opinión de los redactores
del informe, hayan creado políticas circunstanciales,
que no responden a intereses clientelares.
Es necesario indicar que la mayor parte de políticas
de restricción se ha fundamentado en criterios de seguridad
y soberanía, como la exigencia de documentos
especiales para el ingreso de personas de nacionalidad
colombiana (pasado judicial), la existencia de
procesos sostenidos de exclusión, detención y deportación
por parte de la policía; o la prohibición de trabajar
para las personas solicitante de refugio. Por otro
lado, las políticas estatales no han sido constantes y
se basan en la regularización legal y el control y no
control en la atención integral a una población con
necesidades especiales de apoyo estatal. Este sistema,
sumado a la falta de garantías constitucionales
y legales que apoyen la defensa letrada de la persona,
afecta en gran medida el ejercicio de derechos
fundamentales por parte de los migrantes.
En cuanto a la información estadística disponible, el
Estado no cuenta con una fuente de información oficial
y metodológicamente correcta, que recoja las diferentes
variables de los flujos migratorios existentes.
En estos datos sólo se tienen en cuenta la cantidad
de personas que han salido de manera legal del
país, a través de los puntos de frontera y de control
que cuenta la Policía de Migración. Sobre los países
de destino, los medios estadísticos no responden a
fuentes gubernamentales, sino a los propios esfuerzos
de los países de destino, además de que el tema
de inmigración dentro del Ecuador es obtenido mediante
la obtención de saldos migratorios. Es importante
anotar la dificultad para obtener datos sobre la
perspectiva de género en cuanto a temas migratorios,
lo que dificulta proteger vulneraciones relacionadas
con este tema.
Finalmente, el Informe hace un repaso de cumplimiento
de las obligaciones realizadas por el Estado ecuatoriano.
Existen episodios de discriminación graves
en contra de personas colombianas y peruanas que
van desde las dificultades en el acceso a servicios y
derechos hasta hechos de violencia que no han podido
ser controlados por el Estado; además, y a pesar
de la existencia de un sistema legal que controla de
mejor manera el tráfico ilícito de migrantes, han aumentado
los casos relativos a este delito, el trato que
se hace a estas personas es delincuencial y no responde
a estándares internacionales. Por otro lado, la
lógica de la legislación actual no cuestiona las dinámicas
Norte-Sur, sino que responde a sistemas de
tipo legal y económico.
Con este informe, el Comité de Vigilancia del Tratado
pudo analizar con nuevos ojos los informes de cumplimiento
estatal y ha realizado recomendaciones que
avalan el contenido del Informe Sombra, tal como
puede verse en la siguiente dirección: http://www.
unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47836db72.
Tomado de la “Revista del migrante” N° 5, enero 2009
Disponible en www.revistadelmigrante.org
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