Controversia Constitucional Numero 1/2008 Actor: Municipio de Jerez

Conforme a lo expuesto y tomando en consideración que la
impugnación que se formula en el caso concreto no trasciende de
manera inmediata a la esfera jurídica de particulares, debe
tomarse en cuenta la jurisprudencia P./J.50/2000 14 , en la que
este Tribunal ha sustentado que la garantía de legalidad se
satisface con la existencia de una norma legal que atribuya a
favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en
determinado sentido, así como mediante el despliegue de la
actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta
en que lo disponga la ley; mientras que la motivación, se cumple
con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o
circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí
procedía aplicar la norma correspondiente.
Conforme a estas consideraciones se procede al análisis de
las disposiciones que rigen en el Estado de Zacatecas a efecto
de dilucidar si el Poder Legislativo de esa Entidad Federativa
reconocen los principios de soberanía popular, forma de estado federal, representativo y democrático, así
como la división de poderes, fórmulas que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan
y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, los numerales
115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división
territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones
jurídicas y políticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe
salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y sus integrantes, por constituir el sentido y
razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los
mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben
servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que
pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo soberano.
14 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS
QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS
PARTICULARES. Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica
de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre
autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden
jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte
de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la
debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que
atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido
y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y
exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma
legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia
constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con
claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con
plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la
primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la
observancia de la segunda, a la de debida motivación. (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, tesis P./J. 50/2000, página 813.)