HACIENDA.- - Ayuntamiento de Palencia

problemas familiares. Esta situación se produce cuando con impuestos de todos losciudadanos se ha socorrido a buena parte del sistema financiero.Según datos del Diario Palentino del día 4 de abril de 2011, el año pasado, los Juzgadospalentinos recibieron 167 ejecuciones hipotecarias, un 21 por ciento más que en 2009. Unaumento mucho más relevante que el registrado de media en la Comunidad, de un 0,7 porciento más; o la del país, un 0,32 por ciento mayor, con 93.622 ejecuciones en total.Comparando esta cifra con los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, sepuede afirmar que al menos cuatro de cada cien hipotecas que se constituyen en Palenciaacaban en los tribunales por impago, ya que en 2010 se firmaron 3.842 nuevos créditoshipotecarios.La cifra de ejecuciones hipotecarias en Palencia se ha incrementado un 156 por ciento desde2007, año en que los tribunales registraron 65 demandas. Desde el 1 de enero de aquel añohasta el 31 de diciembre de 2010, al menos 506 familias y empresas han perdido su viviendao su local.Así lo pone de relieve el estudio estadístico Efecto de la crisis en los órganos judiciales,elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, una institución que alerta de que estasestadísticas sobre ejecuciones hipotecarias dan sólo una pincelada del problema por el queatraviesa el país.La legislación hipotecaria española, extrañamente favorable a los intereses financieros, no escompatible con el derecho prioritario a la vivienda establecido en la Constitución. Paísescomo Francia, o EE.UU. tienen legislaciones hipotecarias más acordes con los intereses de laciudadanía, caso de la dación en pago.Por lo tanto, es necesario un profundo cambio en la legislación hipotecaria española más acordecon los intereses de la mayoría. Las organizaciones sociales y los propios afectados han tomadoiniciativas legales para revertir esta situación, incluyendo denuncias por estafa o por abuso deley contra las entidades financieras.En este sentido desde Izquierda Unida estimamos que la fiscalía debería personarse en losprocedimientos de desahucio por impago de hipotecas cuando el prestatario aporte indicios deque el contrato hipotecario pueda contener irregularidades en cuanto a la formalización degarantías o avales de otro tipo, o cuando en el procedimiento de embargo no se haya cumplidolo establecido legalmente para garantizar la información y los derechos del prestatario.Consideramos además que deberían abordarse medidas con el fin de asegurar el derechoconstitucional a una vivienda digna, establecido en nuestra Carta Magna. Así por ejemplo, losprocedimientos de desahucio deberían quedar suspendidos a todos los efectos si se hubieraniniciado cuando el titular de la hipoteca quede en situación de desempleo, siempre y cuando elinmueble hipotecado sea su primera vivienda y domicilio habitual. Igualmente, medianteacuerdo entre las partes, el titular de la hipoteca debería poder hacer efectiva, mientras dure lasituación de desempleo, una parte del crédito que represente una aportación razonable enfunción de su capacidad económica y sus restantes compromisos personales y familiares. Estepago no debería ser superior a un tercio de los ingresos de la unidad familiar. Una vez superada43