Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia: una ... - Bivipas

Sección I. El conflicto colombiano, sus costos sociales e impactos sobre la empresa privadade soportar la violencia o hacerle frente al desplazamiento. La mayoría secongrega en áreas urbanas en donde viven en albergues improvisados en lasafueras de las ciudades, con poco acceso a una adecuada alimentación, aguapotable o empleo –la tasa de desempleo en las ciudades es deaproximadamente 14%-, lo cual añade un peso extra al sistema de serviciospúblicos de la localidad que ya funcionan en su maxima capacidad. 20Una de cada tres familias desplazadas por la violencia está encabezada poruna mujer, y más del 70% de esta población la conforman mujeres o niños. 21Mientras que el Estado colombiano 22 y otras ONG internacionales 23suministran servicios de emergencia a varias comunidades de IDPs, estarespuesta no es suficiente para cubrir adecuadamente las necesidades de lascantidades descomunales de personas desplazadas. 24¿Qué significa esto para las empresas en Colombia?La pobreza, la falta de oportunidades educativas 25 y la descomposición de lascomunidades incitan a que algunos jóvenes desplazados por la violenciadecidan trabajar con grupos armados ilegales. Según líderes indígenas delPutumayo, más de 6.000 jóvenes indígenas se han integrado a la guerrilla,mientras que otros han entrado a formar parte de las fuerzas paramilitaresque, según cuentan, ofrecen 800.000 pesos (US $400) mensuales a aquellosdispuestos a combatir, lo que constituye un buen salario en Colombia. 26La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIADH) informó quelas consecuencias psico-sociales del desplazamiento están acelerando ladestrucción de la sociedad colombiana con el empobrecimiento de su gente,la desintegración de sus familias, la desnutrición, las enfermedades, elalcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la deserción escolar y elcrimen común. 27Los niveles de crimen y preocupación por cuestiones de seguridad hanimpactado a las empresas. Muchos desplazados no son capaces de pagar losservicios que usan legal o ilegalmente, y no pagan impuestos ya que lamayoría de su ingreso es informal. La proliferación de comunidadesdesplazadas desempleadas y sin educación limita las oportunidadeseconómicas para que las empresas expandan su mercado o para que suplansus necesidades de empleados calificados.20 U.S. Office on Colombia, Understanding Colombia, Internally Displaced People: Colombians Uprooted by War mayo del 200321 Ibid22 Por medio de Red de Solidaridad Social23 Principalmente el Comité Internacional de la Cruz Roja24 El fallo de la Corte Constitucional Colombiana del 22 de Enero de 2004, T-025 calificó la respuesta del Gobierno a lapoblación de IDPs de “inconstitucional” por no cubrir las necesidades básicas de esta población25 UNICEF calcula que tan solo el 68% de niños desplazados tienen acceso a escuelas26 Entrevista realizada por la revista estaudinense Cultural Survival27 U.S. Office on Colombia, The Effects of Armed Conflict on Children in Colombia, noviembre del 2004.28 El Departamento de Estado de EE.UU. calcula que el número de niños forzados a entrar en la prostitución seencuentra entre 20.000 y 35.000; de ellos, entre 5.000 a 10.000 niñas y 1.000 niños trabajan en Bogotá29 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), calcula que 30.000 niños que viven en las calles de lasciudades de Colombia son posibles objetos de ‘limpieza social’30 U.S. Office on Colombia, The Effects of Armed Conflict on Children in Colombia, noviembre del 200431 Según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas estos crímenes son cometidos con ‘amplia impunidad’32 Human Rights Watch, Colombia: Child Solider Use, 2003, www.hrw.org33 U.S. Office on Colombia, The Effects of Armed Conflict on Children in Colombia, noviembre del 200434 Watchlist on Children and Armed Conflict, Colombia: The War on Children, febrero del 2004, www.watchlist.org35 The Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 200418Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia: una agenda para las empresas