Ordenamiento Territorial en Centroamérica y República Dominicana

Giovanni BertiCarlos Ferrufino51Así, en el año 2006, a iniciativa de la Comisión deAsuntos Municipales de la Asamblea Legislativa seconformó un grupo de trabajo con el mandato deproponer al primer órgano del Estado un anteproyectode Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Esteesfuerzo, que finalizó un año después, conjuntó a unvariado grupo de organizaciones públicas y privadas,locales y centrales, que tuvieron la oportunidad dedebatir ampliamente sobre los conceptos, enfoques ycontenidos más adecuados para el contexto nacional.El anteproyecto de ley fue entregado a la Comisión deAsuntos Municipales a inicios del 2008 sin que hastaahora se haya logrado construir el consenso políticonecesario para su aprobación.Paralelamente, el Órgano Ejecutivo promulgó en 2007la Política Nacional de Ordenamiento y DesarrolloTerritorial constituyéndose esta en el marco orientadorde todas las acciones legales e institucionales en estamateria. Destaca de la política una visión innovadorasobre la importancia del ordenamiento territorial y unespíritu democrático que reconoce la importancia de unsistema de planificación ampliamente participativo.Desde el punto de vista de la adecuación del marcoinstitucional, el proceso salvadoreño muestra muypocos avances. El tema sigue estando bajo la jurisdiccióndel Vice ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano,adscrito al Ministerio de Obras Públicas, a pesar deque sus competencias legales limitan su intervenciónal ámbito urbano. Sin embargo, ante la ausencia deun marco institucional más adecuado, el VMVDUha conducido la elaboración de los instrumentos deplanificación nacional y sub regionales y ha participadoactivamente en la discusión del marco legal.En materia institucional, es importante destacar la escasaarticulación entre el VMVDU y las municipalidades,las cuales – en diversas ocasiones – han manifestadoque no han sido tomadas en cuenta al momento de laformulación de los planes sub regionales que afectana sus territorios. A pesar que el VMVDU exige a lasempresas consultoras que habiliten proceso de consultay de diálogo permanente con las autoridades y otrosactores locales, en la práctica estos mecanismos formalesno han servido para promover una efectiva participaciónsocial, y peor aún, ha dificultado la apropiación y elcompromiso de las autoridades con la implementaciónde los planes.Algunas entidades, especialmente la Comisión Nacionalde Desarrollo (CND), ha insistido en la necesidadde darles fuerza legal a los Planes Sub regionales pormedio de un Decreto Ejecutivo, convirtiéndolos eninstrumentos de obligatorio cumplimiento tanto porlos privados como por los organismos públicos. Estapropuesta ya ha sido elevada a las máximas autoridadesdel Órgano Ejecutivo, sin que hasta ahora se conozcandecisiones en este sentido.El marco actual salvadoreño promueve la participaciónde los gobiernos locales en el ordenamiento territorialen tanto el Código Municipal les otorga esa competencia.Además, el mismo Código y la Constitución promuevenla libre asociatividad de los municipios para trabajarconjuntamente temas de su interés. Esta lógica puededecirse ha llegado a su mayor nivel de desarrollo en elcaso del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana deSan Salvador (COAMSS) que reúne a los 14 municipios delÁrea Metropolitana en una instancia legal de coordinacióny planificación conjunta. Sin embargo, es claro que lafalta de un marco legal nacional de ordenamientoterritorial y el entramado a veces contradictorio de leyessectoriales dificulta la aplicación real de los principiosconceptuales del Código y de la Constitución. En esalógica el anteproyecto de ley salvadoreño promuevela creación de: 1/ ámbitos territoriales municipales ymicro regionales donde los gobiernos locales tendríanplena competencia para orientar el ordenamiento; 2/ deun ámbito regional o intermedio para la coordinaciónentre el gobierno central y las localidades, en el que seforzaría por ley a las municipalidades a integrarse dentrode una determinada región y 3/ de un ámbito nacional,dirigido desde un Consejo Nacional de Ordenamientoy Desarrollo Territorial en el cual participaríanlas municipalidades a través de la Corporaciónde Municipalidades de la República de El Salvador(COMURES). Esto significa que los gobiernos localessalvadoreños podrían eventualmente por medio de laley reafirmar su papel para efectos de la planificacióndel territorio, mucho más aún si se toma en cuenta quela misma ley prevé nuevas fuentes de recursos para elcumplimiento de estas funciones.En síntesis, puede afirmarse que el ordenamientoterritorial en El Salvador presenta niveles de avance muydisímiles entre las distintas áreas. Mientras el marcoinstrumental está casi finalizado por la vía del plannacional y de los planes sub regionales, el marco legal seencuentra estancando en la discusión política y el marco