Ordenamiento Territorial en Centroamérica y República Dominicana

66Ordenamiento territorial en Centroamérica y República Dominicana:Insumos para la construcción de una agenda regional.privada y su despliegue en el territorio; así como al nohacerlas las inhibe y obstaculiza.Para efectos de esta discusión lo relevante no es tantosi la o las actividades privadas son positivas desde unpunto de vista económico o de desarrollo, sino que supresencia inicia un proceso de cambio en el territorioy por lo tanto de introducción de un nuevo ordenterritorial que puede estar o no en consonancia conuna visión o una vocación territorial. Por lo tanto, poracción u omisión, el Estado hace política territorial alhacer inversión pública, de ahí la necesidad, y en el casode América Central la deuda pendiente, de plantear esteelemento como parte de una estrategia de ordenacióndel territorio. En ese sentido aparece un nuevo puntocomún en la región. Hasta ahora ningún país ha sidocapaz de articular explícitamente y coherentementesus políticas territoriales con sus políticas de inversiónpública. Eso sí, hay procesos en marcha más avanzadosque pueden ser relevantes a futuro y por eso convienerevisarlos.Los casos de Guatemala y República Dominicanaparecen teóricamente más prometedores ya que unamisma institución (SEGEPLAN en Guatemala y SEEPyDen RD), está por un lado a cargo de la planificaciónterritorializada de la inversión pública y por otro deberáhacerse cargo también del ordenamiento territorial.Esto en principio facilitaría la complementariedad deambas políticas desde un nivel jerárquico superior, degran respaldo político y con capacidad para coordinar lasacciones de los ministerios más sectoriales. Sin embargo,esta posibilidad está limitada por dos factores, primerola falta de aprobación de la Ley de Ordenamiento, quedicho sea de paso no profundiza en la posibilidad devincular ambas políticas, y segundo la todavía limitadaterritorialización del presupuesto general ya que sólose desagrega a nivel regional y por lo menos a nivel deinformación pública no explicita los sectores y proyectosen los que está descompuesta la inversión.Los casos de Honduras y Nicaragua aparecen comolos más avanzados en términos de territorializar lainversión. Existen formalmente sistemas de inversiónpública ubicados en Finanzas en Honduras y en laPresidencia en Nicaragua que priorizan y organizan lainversión por departamento y municipio y además lapresentan sectorialmente incluso a escala de proyectos.Sin embargo estos sistemas relativamente sofisticadosestán desconectados de la institucionalidad territorial.En Honduras al menos la Secretaría de Finanzas (SEFIN)está presente en el Consejo Nacional del Territorio yademás Gobernación que coordina el tema territorialmaneja las transferencias a los gobiernos municipales.En Nicaragua la desarticulación del INETER con estesistema es aún más intensa lo que aunado a la falta deuna ley de ordenamiento pone más cuesta arriba laposibilidad de una sinergia positiva entre dos instanciasde alta calidad técnica.En Panamá también existe un sistema de inversiónpública en el Ministerio de Economía y Finanzas en elque existe un desglose territorial bastante minucioso deinversiones públicas a nivel provincial, municipal y distritalpero sin llegar a establecerse un balance de prioridadeso la posibilidad de cuantificar los montos invertidos.Tampoco hay una relación explícita o implícita a la laborplanificadora de Vivienda o de la Autoridad Nacionaldel Ambiente (ANAM)Por último El Salvador y Costa Rica tienen los menoresniveles de avance en este campo. Costa Rica poseesistemas de inversión pública en su Ministerio dePlanificación aunque sin gran desarrollo institucional deacuerdo a la información consultada. Incluso en el PlanNacional de Desarrollo (2006-2010) aunque se haceénfasis en la importancia de la inversión en el tema deinfraestructura se deja de lado cualquier compromisoen términos de inversión territorializada manteniéndoseen lo estrictamente sectorial. En El Salvador incluso nose ha establecido formalmente un sistema de inversión,responsabilidad que está a cargo del Departamento deInversión y Crédito Público del Ministerio de Haciendaquien le da seguimiento a su ejecución desde un enfoquenetamente sectorial sin mayores consideracionesterritoriales o de ordenamiento.De tal forma que este eslabón esencial en una políticaactiva de ordenamiento territorial es débil en lageneralidad de países de América Central, que deesa manera pierden un instrumental, no jurídico,ni regulatorio, pero de estímulo y de naturalezaeminentemente estatal. Por otra parte las repercusionesde un sistema de planificación de la inversión a nivelterritorial pueden ser favorables en otros ámbitos másallá de lo puramente territorial, incluyendo el alivio dela pobreza, la estabilidad macroeconómica y la disciplinafiscal.