El ejercicio de la acción directa contra la Aseguradora de la ...

doctrinaRevista de responsabilidad civil y segurodoctrinasanitaria, la jurisdicción competente habría de serla contencioso-administrativa, porque “al haberseseguido el pleito manteniendo la acción contra laaseguradora de la administración, no cabe dudade que ha de enjuiciarse la posible actuación negligentede dicho ente público, como paso previo adecidir sobre la responsabilidad de la aseguradorademandada conforme a la normativa del contratode seguro, por lo que entraría en juego el artículo2.e de la Ley de la Jurisdicción en conexión con elartículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicialque otorga competencia a la jurisdicción contenciosa,por existir una vinculación directa entre Administracióny aseguradora” . A mi modo de ver, escorrecta la primera parte de la argumentación (nopuede condenarse a la aseguradora sin enjuiciar laconcurrencia de responsabilidad del ente públicoasegurado), pero no el salto que desde esa premisase da: “por tanto”, entra en juego el artículo 2.e)LJCA (pese a que la demanda no se dirige contra elente público). Es decir, de nuevo la negación de laposibilidad de que, estando constituída la relaciónprocesal con la víctima y la compañía aseguradoraexclusivamente, se entre a valorar, a los solosefectos de la condena a la aseguradora, la responsabilidadde la Administración asegurada. De la dependenciaestructural (o accesoriedad sustancial)de la acción directa respecto de la responsabilidaddel asegurado, se pasa a la negación de la autonomíaprocesal de la acción directa, pese al clarocontenido del artículo 76 LCS.4. Conclusión: la acción exclusivamentedirecta contra la aseguradora de la Administraciónpuede y debe entablarse antela jurisdicción civil.La accesoriedad o dependencia “sustancial” dela obligación de la aseguradora respecto de la responsabilidadde la entidad asegurada no es óbicepara la autonomía “procesal” de la acción directa,pues así lo ha querido el legislador con un artículo(el art. 76 LCS) que no ofrece dudas al respecto.Como en todo otro supuesto de acción directapropiamente dicha, el acreedor tiene la opciónde demandar a su deudor inmediato, a su deudormediato, o a ambos. La elección del demandadocondicionará aspectos como contra quién podráejecutarse la sentencia que se obtenga, y la jurisdicciónaplicable, pero no será determinante de lamateria a discutir en el procedimiento: sea cual fuerela elección del demandante, será imprescindibleacreditar que se da el presupuesto de la acción,que es la obligación del deudor inmediato: ya sea ladeuda del contratista contra el subcontratista (artículo1.597 CC), ya sea la deuda del arrendatariocontra el arrendador (artículo 1.552 CC), o ya laresponsabilidad del asegurado frente a la víctima.En el caso concreto de la acción del artículo76, y por más que de una interpretación literalistadel mismo pudiera derivarse otra cosa, es claroque la aseguradora podrá alegar en juicio, contrala pretensión del actor, aunque sea la única demandada,no sólo la culpa exclusiva de la víctima, sinocualquier otra circunstancia impeditiva de la responsabilidadpatrimonial, conforme a los artículos 139y ss. de la LPA 30/1992. O, más claro aún: el demandante,aunque sólo demande a la aseguradora,no podrá limitase a “invocar” que la Administraciónasegurada le ha causado un daño y a “probar” quedicho daño está cubierto en la póliza, sino que deberápura y simple obtener el pronunciamiento deque la Administración ha contraído responsabilidadpatrimonial, medida conforme a la propia normativade la misma, es decir, conforme a los artículos 139y ss. de la Ley 30/1992. Pero, naturalmente, el hechode que esa normativa no se halle en el marcoformal de una ley “civil”, no impide que se dilucideante la jurisdicción civil, y no sólo por la existenciade tan claras concomitancias entre la llamada responsabilidadpatrimonial de la Administración y laresponsabilidad civil extracontractual, sino porquesea cual fuere la jurisdicción competente, ésta hade resolver el supuesto conforme al conjunto delordenamiento jurídico.56