El ejercicio de la acción directa contra la Aseguradora de la ...

Revista de responsabilidad civil y segurodoctrinaTampoco puede considerarse inviable el enjuiciamientode la conducta de la Administraciónasegurada en un procedimiento en el que no estépresente, por exactamente la misma razón quees posible valorar la conducta del conductor de unvehículo asegurado sin haber demandado a éste,como presupuesto para obtener la condena dela aseguradora: ¿es que hay alguna diferencia, aestos efectos, según que el asegurado sea o noAdministración pública? Otra cosa es discutir quéefectos tendría el pronunciamiento judicial relativoa la responsabilidad del asegurado en una eventualacción de repetición de la aseguradora contra laentidad asegurada.En mi opinión, la posibilidad de interponer demandacontra la aseguradora del ente público causantedel daño en vía civil, sin demandar a dichoente público, es, pues, indiscutible, porque la opinióncontraria requeriría, para poder ser defendida,una modifi cación legal. En efecto:a) no podría defenderse la tesis de que la acciónexclusivamente dirigida contra la aseguradorase entablase en la vía contencioso-administrativa,mientras no se permitiera de manera expresa y excepcional,en la Ley Orgánica del Poder Judicial yen la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,que pudiera interponerse un recurso contencioso-administrativodirigido contra la negativa deuna persona privada, como es una aseguradora,de hacerse cargo de la deuda indemnizatoria supuestamentecontraída por la Administración asegurada.Parece claro que los lazos derivados delcontrato de seguro no son de naturaleza tal quepermita una suerte de sustitución procesal a talesefectos. La pretensión de cobro de un particular (lavíctima) contra otro particular (la compañía de seguros)es una típica pretensión civil, por más que elpresupuesto de la misma sea la responsabilidad patrimonialde la Administración. Y parece, por último,también muy claro que el legislador, al reformar en2003 el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del PoderJudicial, no quiso en absoluto abrir la puerta a unrecurso contencioso-administrativo contra una entidadprivada, pues se cuidó de decir que la competenciade la jurisdicción contencioso-administrativapara las reclamaciones de responsabilidad cuandoel interesado acciona directamente contra la aseguradoraexistirá cuando se le demande “junto a laAdministración respectiva”. Podría haber sido otrala opción del legislador, pero fue esa y sólo esa.b) no podría defenderse la tesis de que siendoun ente público el asegurado no quepa el ejerciciode la acción “exclusivamente directa” (y que portanto haya de considerarse forzosamente demandadaen tales casos también a la Administración),mientras no se reforme el artículo 76 LCS, que nodistingue, a efectos de ejercicio de la acción, segúnque el asegurado tenga naturaleza pública o privada.El legislador podría hacer esa discriminación,por ejemplo en aras de avanzar un último paso ensu empeño de que en todo caso y circunstancia laresponsabilidad patrimonial de la Administracióntuviera una sede jurisdiccional única y exclusiva;pero no puede hacerlo el intérprete.Así, en defi nitiva, del mismo modo que en elámbito puramente civil se puede exigir judicialmentea la Cia Aseguradora que indemnice sin estarpresente en el juicio el asegurado, y debiéndose enese procedimiento valorar los hechos para determinarsi es o no responsable el asegurado, tambiénha de poder valorarse, en vía civil, la conducta de laAdministración para determinar si incurrió o no enresponsabilidad patrimonial, y así condenar al pagoa la Aseguradora. Esto no es una “interpretacióndel artículo 76 LCS aislada del resto del ordenamientojurídico”, sino la única solución posible.5. Consecuencias.Como consecuencia de lo dicho, en mi opiniónla víctima de un daño causado por una Administraciónpública con póliza de seguro sufi ciente paradoctrina57