El ejercicio de la acciÃ³n directa contra la Aseguradora de la ...

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doctrinaRevista de responsabilidad civil y segurodoctrinab) Otras veces el Tribunal Supremo aludía a unasuerte de “subrogación”, afi rmando que el aseguradoera responsable “directo” y la Aseguradora eraresponsable “por subrogación”. Pero como nadatiene que ver la acción directa con la subrogaciónregulada en los artículos 1.205, 1.209 y 1.210, setrataba de una “explicación descriptiva”, y no deuna explicación “técnica”, pues quedaba por explicarpor qué, en ausencia de una previsión legal, se“subrogaba” la Compañía en la relación del aseguradocon la víctima.c) También se aludía por el Tribunal Supremoa la “solidaridad” pasiva como explicación de laacción directa: como existe una “unidad de objeto”entre las obligaciones del asegurador y ladel asegurado (la indemnización), “se produce lasolidaridad” y si la Aseguradora es obligada solidaria,entonces la víctima puede demandarla aella sin demandar (antes) al asegurado. Pero, naturalmente,el problema es que para considerar ala Aseguradora como obligada “solidaria”, anteshabía que fundamentar por qué se le consideraba“deudora” de la víctima, sin más, y no meramentedeudora del asegurado. Por lo que más bien lasolidaridad no podía ser considerada fundamentode la acción directa, sino más bien consecuenciade la misma.d) Por último, alguna sentencia quiso decirque el fundamento de la acción directa se hallabaen la propia virtualidad y vinculación del contratode seguro”, sufi ciente para conferir a la víctima legitimaciónactiva frente al asegurador, y a éste lalegitimación pasiva precisa para constituri así una“correcta relación procesal”, lo que, de nuevo, nodejaba de ser un puro voluntarismo doctrinario.Pero para voluntarismos, lo dicho por la STS 3julio 1981: que bastaba el “designio equitativo” defavorecer a la víctima de un accidente pra “justifi-car la ruptura del principio que limita los efectosdel contrato de seguro a los propios contratantes”.En síntesis, pues, puede decirse que, jaleadapor la doctrina, la jurisprudencia introdujo ennuestro sistema la acción directa, pero que lohizo sin un fundamento técnico defi nido y sólido.Probablemente la “inestabilidad” dogmática deese origen de la acción directa tiene algo quever con las dudas que suscita, aún hoy, la posibilidadde una acción directa contra la Compañíaque asegura la responsabilidad patrimonial de laAdministración.2. El artículo 76 de la Ley del Contrato deSeguro.Por fi n, el artículo 76 LCS estableció que“El perjudicado (...) tendrá acción directa contra elasegurador para exigir el cumplimiento de la obligaciónde indemnizar, sin perjuicio del derecho delasegurador a repetir contra el asegurado (...). Laacción directa es inmune a las excepciones quecorrespondan al asegurador contra el asegurado.El asegurador puede, no obstante, oponer culpaexclusiva del perjudicado y las excepciones personalesque tenga con tra éste (...)”.Es importante reparar en que con dicho preceptono sólo se reconoció legalmente la accióndirecta, sino que, además, se le dio un estatutojurídico privilegiado, con relación al resto de las accionesdirectas conocidas por el ordenamiento: lainmunidad a las excepciones asegurador/asegurado.Si la Aseguradora no puede oponer a la víctimalas excepciones propias de la relación contractualentre ésta y el asegurado, ello signifi ca, de un lado,que el fundamento de la acción directa no puede estaren el mismo contrato (pues la obligación frentea la víctima va más allá de los límites del contrato),y de otro lado, que la acción directa goza de unaclara autonomía procesal respecto de la obligaciónpropia del asegurador frente al asegurado.Con todo, es el momento de advertir que estaautonomía procesal de la acción directa lo es res-50
Revista de responsabilidad civil y segurodoctrinapecto del contrato de seguro; pero no respecto delos contornos de la responsabilidad del asegurado.Dicho de otro modo, la Compañía de Seguros quedaráobligada, vía acción directa, frente a la víctima,más allá de los contornos del contrato de seguro;pero nunca más allá de la obligación propia del asegurado,generada por la responsabilidad nacida a sucargo. No es, para entendernos, aunque hablandoimpropiamente, la acción directa, una especie degarantía a primer requerimiento de la víctima: la aseguradorpuede oponer a la víctima, aunque no sehalle presente en el litigio el asegurado, que éste nopuede ser considerado responsable del daño cuyaindemnización reclama.Una vez que entra en vigor el artículo 76 LCS,la jurisprudencia, naturalmente, deja de preguntarsepor el fundamento: es una medida legal de favorecimientode la víctima, desligada de todo fundamentotécnico. Difi ere del resto de acciones directasconocidas (arrendador contra subarrendatario,subcontratista contra dueño de la obra, mandantecontra submandatario, etc.): no hay conexión entrecontratos, sino entre un contrato y una relación extracontractual.3. El artículo 2.e) de la Ley de la JurisdicciónContencioso-Administrativa de 1998y el artículo 9.4 de la Ley Orgánica delPoder Judicial, tras su reforma en 1998.El art. 2.e) LJCA 1998 dice que “el órgano jurisdiccionalcontencioso-administrativo conoceráde las cuestiones que se susciten en relación con(...) e) la responsabilidad patrimonial de las Administracionespúblicas, cualquiera que sea la naturalezade la actividad o el tipo de relación de quederive, no pudiendo ser demandadas aquéllas poreste motivo ante los órdenes jurisdiccionales civilo social”.Por su parte, el artículo 9.4 LOPJ fue reformadoen 1998 y, conforme a su tenor, los tribunalesy juzgados del orden contencioso-administrativo“conocerán (...) de las pretensiones que se deduzcanen relación con la responsabilidad patrimonialde las Administraciones públicas y del personal asu servicio, cualquiera que sea la naturaleza de laactividad o el tipo de relación de que se derive.Si a la producción del daño hubieran concurridosujetos privados, el demandante reducirá tambiénfrente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional”.De estos dos preceptos se derivan dos consecuenciaspara el caso que estamos estudiando:A) por un lado, que cuando se reclame conjuntamentela responsabilidad patrimonial dela Administración y la de otros sujetos privadosque hubiesen participado en la produccióndel daño, éstos últimos podrán ser tambiéndemandados ante la jurisdicción contenciosoadministrativaque, así, y contra la tradicionaldoctrina de la vis atractiva de la jurisdiccióncivil, pasa a ser la “sede natural” de los litigiossobre responsabilidad patrimonial siempre quela acción se dirija, al menos, contra la Administraciónpública;B) por otro lado, y sin que ello sea sin másla otra cara de la moneda, la Administraciónpública nunca podrá ser demandada, ni solani en compañía, ante la jurisdicción civil o antela jurisdicción social, cuando se trate de reclamarleuna reparación por responsabilidad patrimonial.Esta segunda consecuencia, claramente establecidaen el artículo 2 e) in fi ne de la LJCA, no hasido, en mi opinión, debidamente advertida en lasno pocas ocasiones en que la Sala de Confl ictosdel Tribunal Supremo hubo de pronunciarse sobresi en el caso de reclamación conjunta contra la Administracióny contra su Compañía Aseguradora, lacompetente era la jurisdicción civil o la contencio-doctrina51
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