DOSSIER DE PRENSA DIARIA 24 de junio de 2013 - ISOTools

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Las consultas populares sólo serán vinculantes cuando la Junta lo decidaUna mujer deposita su voto en una urna en las últimas elecciones andaluzas.Dos leyes estaban llamadas a revolucionar, siquiera modestamente, el panoramapolítico andaluz: las de transparencia y participación. Ambas conectan con el quejidociudadano, con sus sospechas hacia la clase política y con una necesidad creciente derevisión del modelo democrático. La Junta cuenta ya, en el segundo caso, con undocumento basado en aportaciones de la sociedad civil que servirá del base al futuroanteproyecto de norma. No será un camino fácil: las consultas y acuerdos populares ylos presupuestos participativos son herramientas potencialmente controvertidas desdeel punto de vista jurídico. Un equipo de expertos trabaja ya en pulir cada sombra deduda hasta dar con un texto articulado que verá la luz con retraso y nunca antes delpróximo otoño. Precisamente para evitar complicaciones, la Administraciónautonómica o local decidirá en cada caso el grado de vinculación de las iniciativas.Asumirlas como obligatorias les conferiría "carácter referendario". Y los referéndumscon cosa del Estado, como bien recuerda el Estado a la Generalitat.Uno de los grandes objetivos será ampliar la masa de votantes y opinadores, a veceshasta extremos revolucionarios. En el caso de las consultas -donde siempre secontesta a una pregunta-, podrían opinar los mayores de 16 años, los inmigrantesempadronados en Andalucía (o sea, también los no regularizados) y los residentes enel extranjero cuya última vecindad administrativa haya estado en la comunidad. Si setrata de acuerdos populares y presupuestos participativos, la idea es ampliar lahorquilla también a los niños (como sucede, por ejemplo, en el municipio malagueñodeCasabermeja).El Gobierno andaluz, una quinta parte de los diputados, dos grupos parlamentarios,un 10% de los municipios (si representan cuando menos a 500.000 habitantes) o el3% de la población podrán accionar el mecanismo de la consulta popular. Las cifras yporcentajes están sujetos a cambios porque aquí el documento se limita a sugerir. Encasi todo lo demás, la aspiración de la Dirección General de Participación que dirigeManuela Fernández será respetar al máximo la recopilación surgida de los debates.Las consultas nunca podrán versar sobre cuestiones tributarias ni ir contra laConstitución y el Estatuto, el reparto competencial y los proyectos o proposiciones deley que se estén tramitando en el Parlamento. En el ámbito municipal se habilita lamisma vía consultiva. El poder público suscribirá, en cualquier caso, una Declaraciónde Vinculación donde se pronunciará "sobre el porcentaje de participación y de votosfavorables mínimos exigibles, y la aceptación del resultado final".
Otra novedad es la implantación de los presupuestos participativos a escalaautonómica. Se habilitará al efecto una plataforma digital que canalice los debates,propuestas e informes, planificando cada año qué parte del Presupuesto serámoldeable; estudiando la viabilidad técnica, económica y legal de las propuestaspresentadas; y priorizándolas después.La principal apuesta, la más ambiciosa, serán los acuerdos participativos. Según eltexto, "constituyen un proceso de debate en el que se busca profundizar desde lasdistintas visiones sobre una cuestión de interés público respecto a la que se estédefiniendo una decisión o política pública concreta". Traducido, el párrafo significa"construir algo" -en palabras de Fernández- a medias con el poder político. Unejemplo serían las leyes que afecten a "asuntos de especial importancia" paraAndalucía.En las reuniones participarán la Administración u órgano competente, las entidadessociales personadas en el proceso, los expertos en el tema y las personas que sepresenten a título particular. El grado de vinculación ha de quedar claro desde el iniciode los trabajos.Problemas. Llegar al ciudadano será el primero. "La gente normal y corriente no tieneacceso a la información", admite Fernández. En Suiza, las asociaciones interesadas seinscriben en un registro que les asegura estar al día en los asuntos de su interés. Eldocumento de la Junta habla de campañas divulgativas, uso de los medios decomunicación públicos, penetración en las escuelas y alfabetización digital.El poder estará obligado por defecto a evaluarse, a medir su compromiso con lademocracia directa. Está por ver cómo. De momento, un proyecto ambicioso y a ratosutópico choca con un techo infranqueable: la Constitución. Sin una ley de participacióna nivel estatal, el rol del andaluz de a pie estará sujeto a la (¿buena?) voluntad de lasAdministraciones.Volver al índice
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