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Principio que deriva de la forma como está constituido nuestro
País, es decir, una República representativa, democrática,
federal, Artículo 40 Constitucional, y es obvio que nace como
consecuencia, necesidad y contrapeso a la autoridad que tiene
el Estado frente a sus gobernados para proteger y consagrar la
seguridad jurídica de estos últimos.
En México vivimos en un estado de derecho, situación que implica,
que el Estado cuente con una constitución escrita que regule
a todos los órganos del poder público; una relación de derechos
individuales oponibles frente al Estado; Un sistema democrático
que garantice el acceso y el ejercicio del poder público; un procedimiento
de reformas a la Constitución e instrumentos procesales
que velen por el respeto a la norma fundamental. Por
tanto, el Estado se somete a la limitación de un orden jurídico
normativo y el gobernado este protegido en contra de los actos
del propio Estado, mediante una serie de garantías individuales
consagradas constitucionalmente en la parte dogmática, catalogadas
como seguridad jurídica.
Para mayor claridad se transcriben las siguientes acepciones:
Garantía.- Proviene del latín garante, que entre sus acepciones se
encuentran “efecto de afianzar lo estipulado” y “cosa que asegura
o protege contra algún riesgo o necesidad”. En este contexto, las
nociones de afianzamiento, aseguramiento y protección son indisociables
del concepto de garantías individuales. En efecto, puede
decirse que las garantías individuales son “derechos públicos
subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República
que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a
través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales
del hombre que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece”.
Seguridad jurídica.- Es la garantía dada al gobernado por el Estado
de modo que su persona, sus bienes y derechos no sean
violentados, o que si esto último sucede, le serán asegurados por
la sociedad, la protección y reparación de los mismos.
Retroactividad.- En Derecho pudiera decirse que es un posible
efecto de las normas o actos jurídicos que implica la extensión de
su aplicación a que una norma establezca que su aplicación no sólo
será sobre hechos futuros sino que se aplicará también a hechos anteriores
a su promulgación. Sin embargo, dicha posibilidad supone
una situación excepcional, porque puede entrar en contradicción
con el principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre
sobre los derechos y obligaciones que las personas poseen.
Alcances e implicaciones del principio
Como dice Planiol en su obra, no tendríamos ninguna seguridad
los individuos respecto de nuestro patrimonio, de nuestras condiciones
personales, de los efectos de nuestros actos y contratos,
si existiera la posibilidad de que por un cambio de voluntad de
parte del legislador, por virtud de la expedición de una nueva
Ley, se desconociera nuestro patrimonio, condiciones personales,
se nulificaron los efectos de los actos que hubiéramos realizado
durante la vigencia de la ley anterior o se cambiaran profundamente
esos efectos. El Principio de la no Retroactividad de
las Leyes es condición de estabilidad social.
El problema que se presenta con el multicitado principio es muy
grave y deriva de la falta de precisión de la Autoridad al pretender
aplicar el principio que ya quedó regulado por el propio legislador
constitucionalmente y que no debe de estar sujeto a interpretaciones
porque es muy claro, a una Ley no se le debe de dar efecto re-
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troactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, si al gobernado
le duele la aplicación de una norma nueva con efecto retroactivo
al acto acaecido con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva
norma, dicha norma no es ni debiera ser aplicable en su perjuicio.
Conclusión
De lo anteriormente manifestado en el presente estudio sobre el
Principio de la no Retroactividad de las Leyes, se infiere que la
aplicación de la NOM-005-SCFI-2011 que pretende la Secretaría
de Economía es inconstitucional, toda vez que violenta la garantía
de seguridad jurídica del empresario gasolinero, el cual al
establecer sus Estaciones de Servicio, cumplió todos y cada uno
de los requerimientos que establece la Norma Oficial Mexicana
en vigor, la NOM-005-SCFI-2005, razón por la cual la aplicación
de la nueva Norma al pretender rehabilitación y reemplazo de
dispensarios, es violatoria de las garantías individuales plasmadas
en el Artículo 14 Constitucional.
Estos dispensarios ya habían sido aprobados por la Dirección General
de Normas de la Secretaría de Economía, en la que participaron
además el Centro Nacional de Metrología y la Entidad
Mexicana de Acreditación, así como la constante vigilancia y
observancia de aplicación de la Norma, con las visitas de verificación
realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor,
por lo que cumplen con la certeza volumétrica de la norma en
vigor. Queda bastante claro, que los dispensarios se encuentran
en funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente en su
autorización para la venta de gasolinas y diesel al público consumidor.
Estos dispensarios no se pueden desechar, ni parchar,
porque eso generaría un perjuicio irreparable en contra de las
estaciones de servicio del país.
Admitir lo contrario, es decir, que la Secretaría pretenda que se rehabiliten
y remplacen los dispensarios que como ya se mencionó
se encuentran en funcionamiento, toda vez que fueron aprobados
y validos por el órgano competente para el caso, es ilícito e inconstitucional
ya que la norma nueva contraviene, perjudica y violenta
derechos y garantías individuales de los empresarios gasolineros.
El propio principio constitucional consagrado en el artículo 14
prevé excepción de la aplicación retroactiva de las leyes, cuando
no perjudique a persona alguna, como se ve no nos encontramos
ante dicha hipótesis.
Por lo anteriormente expuesto, presento a ustedes la siguiente:
Propuesta específica de los empresarios gasolineros de Baja California:
La ELIMINACIÓN del Numeral 10 del PROY-NOM-005-SCFI-2011,
por lo anteriormente considerado.
En virtud de todo lo considerado anteriormente, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, solicito se entre al estudio de
los comentarios vertidos en la presente y en consecuencia se proceda
a incorporarlos en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana
que nos ocupa, para que se vean plasmados al momento de modificar
el proyecto de Norma al cual me he venido refiriendo, en un
plazo que no deberá exceder de 45 días naturales, debiendo igualmente
ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación
la respuesta a los comentarios vertidos en la presente, así como
las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales
antes de la publicación de la norma oficial mexicana definitiva.