huellas de la violencia simbólica en la comunidad lgbt ...

“racionalización y de los derechos LGBT como una forma educar a las personas en elrespeto y aceptación todas las orientaciones sexuales y las identidades de género propuestaspor cada una y cada uno de los que hacemos parte de la sociedad.En el capitulo V de la Constitución Política de Colombia se consagran los deberes yobligaciones a los que nos comprometemos por ser ciudadanos y ciudadanas colombianas,dentro de los cuales hacemos énfasis en los artículos 3, 4 y 6, pues argumentan el respeto, ladefensa y la difusión por los derechos humanos, por propender la paz y la igualdad al aplicarla ley, es por ende que nos sea relevante afirmar que hace falta difusión de dichos deberes porparte del gobierno hacia los y las personas en general ya que de este modo no se pasaría tantasveces en alto estos deberes, y aún más dentro de la “situación” en la que se encuentran las ylos miembros de la comunidad LGBT. Sin embargo se debe aclarar que a pesar de ser elgobierno una institución tan importante para el ejercicio del poder no debe tomar partido paraimponer (como sucedió entre 1936 y 1980 donde la homosexualidad era considerada un delitopara el estado) normatividad frente al tema, pues somos partidarias de que estos tipos dedecisiones como la orientación sexual o la identidad de género son disposiciones personales, ypor tanto no sería conveniente que el gobierno suministrara patrones sobre estos temas, puesestarían cayendo en una “dictadura sexual y de identidad de género”, frente a esto en el textoVoces Excluidas: legislación y derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas enColombia, en el apartado La expresión de la orientación sexual y la identidad de género,(pág. 46) dice:“El Estado, como garante del ejercicio plural de los derechos en unacolectividad, debe permanecer en principio neutral ante las manifestaciones sexualesdiferentes como la homosexualidad, sin pretender imponer criterios ideológicos omorales específicos. Sin embargo, su injerencia resulta legítima, e incluso necesaria,en aras a asegurar los fines del Estado cuando las manifestaciones de diversidad o elejercicio de derechos atenten indiscutiblemente contra la convivencia y laorganización social de manera tal que resulten abusivas e ilegítimas, en detrimento dela comunidad”.Es entonces el espacio donde puede participar el Gobierno, pero también la sociedadcon la creación de la Política Pública y demás normas que permitan el cumplimiento de loestablecido en la “norma de normas”, es decir en la Constitución Política del País, y asígarantizar el cumplimiento de una sana convivencia, justicia, equidad e igualdad ante la ley.24