Memorandum sobre Ley Mercado de Capitales - IDEA

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7.- Artículo 151El artículo dispone que las órdenes de allanamiento no podrán ser suspendidas nirecurridas y que toda presentación que se realice en tal sentido será rechazada sin mástrámite.Se trata de una disposición absolutamente irrazonable susceptible de varioscuestionamientos.En primer lugar, el hecho de que este tipo de medidas no puedan ser suspendidasni recurridas viola el derecho de defensa y del debido proceso. En este sentido, deacuerdo al texto de la norma, la persona a la que se dirija la orden no podría defenderseni cuestionar una medida de allanamiento que presente graves vicios (por ejemplo,dictado de la orden por juez incompetente, ejercicio de violencia física o moral en elacto de allanamiento, extensión del allanamiento a inmuebles o áreas distintas deaquellas alcanzadas por la orden de allanamiento, etc).De esta manera, la norma convalidaría la obtención de prueba a través de mediosilegítimos, circunstancia que viola la garantía del debido proceso establecida en elartículo 18 de la Constitución Nacional, y los más elementales principios del derechopenal.Por otra parte, la disposición limita el ejercicio de la función judicial, dado que,en caso de que, ante un planteo de vicios en la ejecución de la medida de allanamientoefectuado por las partes, el juez advierta que asiste razón al administrado y que se hanviolado garantías constitucionales, no podría suspender ni dejar sin efecto la medida.II-CURSOS DE ACCIÓNConsideramos que la sociedades sometidas a la fiscalización de la CNVcontarían con legitimación para impugnar las disposiciones precedentemente analizadas,en caso de así entenderlo necesario, para ponerse a cubierto de eventuales excesos departe de la autoridad como los que parecen vislumbrarse a tenor de los términos de laLMC y su reglamentación.La vía de impugnación sería la interposición de una Acción Declarativa deInconstitucionalidad prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercialde la Nación.Junto con la acción podría requerirse el dictado de una medida cautelar tendientea suspender los efectos de las disposiciones cuestionadas hasta que se resuelva lapretensión de fondo, siempre que: (i) exista, prima facie, una apariencia de razón en elplanteo; (ii) se configure una situación de peligro en la demora, en función del cualexista un riesgo de que, si no se concede la protección cautelar, se pueda producir lafrustración del derecho que se intenta hacer valer; y (iii) no se configure una afectaciónal interés público.6
Cabe aclarar que la medida cautelar también puede ser solicitada conposterioridad a la iniciación y durante el trámite de la acción, en caso de verificarse laaplicación efectiva de alguna de las facultades de fiscalización acordadas a la CNVobjeto de crítica en el presente memorándum.7
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