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se justifique que existen razones de interés público. Se exceptúan las infraestructuras
y servicios relacionados con la energía eléctrica, las telecomunicaciones
y los puertos existentes —únicamente pueden ser otorgadas en concesión
las obras nuevas o las ampliaciones que se realicen dentro de la infraestructura
portuaria existente—. Igualmente, las nuevas reformas de la ley han excluido los
servicios de salud del ámbito de aplicación de la concesión de servicio público.
Con la Ley N°7762 quedan regulados los derechos y obligaciones del sector
público y privado, al igual que los derechos de los usuarios, a la hora de ejecutar
los contratos de concesión. Según esta ley, los proyectos son adjudicados de
acuerdo con un procedimiento definido que dispone el propio reglamento —que
se detalla en el siguiente apartado del capítulo—, estableciendo como principios
rectores los de publicidad, igualdad y libre competencia. A su vez, la ley faculta
la presentación de iniciativas privadas, siempre que sean de interés público y se
acompañen de estudios de factibilidad técnica, ambiental y económica, así como
de un plan de construcción y explotación. El proponente privado participa, en este
supuesto, en los mismos términos que otros particulares.
Uno de los hitos fundamentales que destacan en el ámbito de la implementación
de las concesiones en Costa Rica, que tuvo lugar con la publicación de la
Ley N° 7762, el 22 de mayo de 1998, fue la creación del Consejo Nacional de
Concesiones, el cual regula, en la actualidad, los contratos de concesión de obras
públicas y de obras con servicios públicos.
El Consejo Nacional de Concesiones
Al igual que en otros muchos países de América Latina, Costa Rica cuenta
con una unidad especializada de concesiones que depende directamente del gobierno
y que aúna gran parte de las funciones de gestión de estos proyectos: el
Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Del mismo modo que el CONAVI, el
CNC es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al MOPT, que cuenta
con personalidad jurídica e instrumental para administrar el Fondo de Concesiones
y concertar los convenios y contratos necesarios para desarrollar proyectos
bajo la modalidad de concesión en Costa Rica.
En el momento de la creación del CNC, se realizaron convenios de cooperación
entre el Gobierno de Estados Unidos (Departamento del Tesoro), el Gobierno
de Chile (Ministerio de Obras Públicas) y el Gobierno de Costa Rica (Ministerio
de Hacienda y MOPT) para brindarle cooperación técnica al CNC y facilitarle
la labor de realizar el conjunto de funciones para las que había sido creado. El
objetivo de estos acuerdos consistía en adquirir los conocimientos necesarios de
aquellos grupos e instituciones que ya contaban con experiencia consolidada en
el desarrollo de concesiones de obra pública.
Con ello, le fueron atribuidas al CNC las funciones de velar por la transparencia
y legalidad de cualquier acto administrativo en torno a los proyectos de concesión:
aprobar, rechazar o modificar los carteles de licitación, adjudicar las concesiones y
suscribir los contratos —en nombre de la administración concedente— y velar por
la ejecución de las funciones de inspección y control de las concesiones otorgadas.
A fecha de abril de 2014, el CNC tiene en ejecución un total de tres proyectos:
la carretera San José–Caldera, que se encuentra parcialmente en operación
116 ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN AMÉRICA LATINA