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de pensiones (AFPs) y aseguradoras. El éxito de esta vía de financiamiento
se debe a que estas emisiones de bonos contaban, en la mayoría de los casos,
con un aseguramiento financiero procedente de compañías monolines,
cuyo papel era el de prestar su calidad crediticia AAA a los préstamos, a cambio
de una prima por elevar el rating de la emisión. Sin embargo, la llegada de
la crisis económica hizo que muchas de estas compañías quebraran y, a partir
de ese momento, los préstamos bancarios se presentaron de nuevo como
una fuente de financiamiento clave para el desarrollo de infraestructuras.
En el esquema de financiamiento empleado en México pueden distinguirse
tres etapas diferenciadas. Inicialmente, las primeras APPs se financiaron
con aportes de capital, por parte tanto del sector público como del privado,
a través de préstamos de bancos locales. Posteriormente, en el marco del
Programa Nacional de Autopistas, las empresas concesionarias dejaron
de percibir ayudas por parte del gobierno y el financiamiento provino en su
totalidad del sector privado, a través de aportaciones de capital y préstamos
bancarios. Sin embargo, en las últimas APPs llevadas a cabo dentro de este
programa, el gobierno concedió subvenciones parciales a la inversión en
aquellos casos en que las autopistas no ofrecieran una rentabilidad suficiente
al sector privado. Este programa trajo consigo grandes problemas financieros,
principalmente en aquellas concesiones que habían adquirido deuda con
bancos internacionales, lo que llevó a la necesidad de rescatar 23 de las 52
autopistas que habían sido otorgadas. Esto derivó en importantes pérdidas de
capital y en la inyección de recursos a fondo perdido por parte del Gobierno
Federal, que tuvo que reconocer la deuda bancaria de los proyectos. Esta
deuda se documentó a nombre del Fideicomiso de apoyo al rescate de
autopistas concesionadas (FARAC), con un aval del gobierno.
México ha estado en búsqueda continua de nuevas fuentes de financiamiento
de infraestructuras y ha recurrido a vías como la emisión de deuda y
la contratación de créditos estructurados por parte de gobiernos centrales y
subnacionales. En la actualidad, esta nación está promoviendo el financiamiento
de infraestructuras a través de fondos de capital privado, mediante
la emisión de Certificados de Desarrollo (CKDes), con el objetivo de atraer
recursos de los fondos de pensiones y aseguradoras. Los CKDes son títulos
fiduciarios destinados al financiamiento de uno o más proyectos. Para conseguir
un exitoso crecimiento de los mismos, se ha propuesto que los fondos de
infraestructuras aporten capital de riesgo para el desarrollo de infraestructuras
de todo tipo, ofreciendo a su vez un análisis riguroso de los proyectos para
captar la liquidez de los fondos de pensiones.
Por otro lado, las importantes reformas de los sistemas de pensiones que
en los últimos veinte años han llevado a cabo algunos países de la región,
han permitido elevar de manera muy significativa el ahorro doméstico. Por
ejemplo, en Chile, el primer país en llevar a cabo dichas reformas, el ahorro
en pensiones asciende actualmente al 70% del PIB. En México y Brasil, los
fondos de pensiones mandatorios representan entre el 10 y el 20% del PIB.
El ahorro de los fondos de pensiones constituye una fuente potencial importante
para el financiamiento de infraestructura, como se aprecia en el caso
2. APP EN AMÉRICA LATINA: UNA VISIÓN GLOBAL 43