APP

2.2.4 Iniciativas privadas
Desde hace varios años, algunos países de América Latina tomaron conciencia
de que el sector privado puede aportar ideas de utilidad para cubrir las necesidades
del país y mejorar el bienestar de la sociedad. En este contexto, naciones como Chile,
Colombia y Perú comenzaron a promover iniciativas privadas en el ámbito de las
APPs, siempre dentro del marco de planificación del sector público. Este esquema
se fundamenta en incentivar al sector privado a desarrollar proyectos que puedan
ejecutarse mediante APP, a cambio de un premio por la idea aportada.
El Reglamento de Concesiones de Obras Públicas de Chile detalla el procedimiento
a seguir en las licitaciones promovidas por parte del sector privado, dividiendo
el proceso en varias etapas. En primer lugar se lleva a cabo la fase de
presentación de la idea, en la que el proponente privado entrega el proyecto al
MOP, a fin de que éste decida si la propuesta resulta o no de interés público. En
caso de que así sea, se inicia la última etapa —fase de proposición—, en la que el
proponente presenta el conjunto de estudios requeridos por el sector público para
la aprobación del proyecto.
En este punto, el MOP se compromete a emprender la licitación en un plazo de
un año y a reembolsar al proponente el coste de los estudios desarrollados —bien
por el Ministerio, en caso de que la concesión no se licite o quede desierta, o bien
por el adjudicatario final de la concesión, si es diferente al proponente—. Al término
de este proceso, la idea pasa a manos del sector público a cambio de un premio
que puede ir del 3 al 8%, dependiendo de la inversión estimada para el proyecto.
La promoción de este mecanismo ha dado lugar a que, desde 1996 y hasta 2012,
ya se hubieran presentado en Chile más de 300 iniciativas, y a que el 25% de los
proyectos de infraestructuras otorgadas en concesión del país estuvieran motivados
por ideas del sector privado.
Colombia introdujo este esquema en la Ley de Asociación Público-Privada de
enero de 2012. Dicha ley diferencia entre proyectos autofinanciables y aquellos
que requieren aportes públicos, siempre con la premisa de que no excedan del 20%
de los costos del proyecto. En caso de que los proyectos de iniciativa privada no
necesiten aportes públicos, se licitarán mediante un trámite abreviado, consistente
en la publicación de un aviso para presentar declaraciones de interés por parte de
terceros. Si existen otros interesados, se lleva a cabo un proceso de competencia
entre ellos en el que el proponente de la idea tiene siempre el derecho a mejorar
la oferta más competitiva. Este procedimiento resulta muy favorable por tanto al
proponente de la idea.
Si, por el contrario, la iniciativa privada requiere de financiación del Gobierno de
Colombia, el proyecto se adjudica mediante licitación pública en la que el proponente
tiene derecho a un premio que va desde el 3 al 10%, dependiendo de la totalidad
de inversión estimada.
En Colombia la tramitación considera una primera fase de prefactibilidad en
la que se analiza el marco general de factores que afectan al proyecto, tras lo
cual, el gobierno determina si éste resulta de interés público. En caso de que así
sea, se inicia la fase de factibilidad en la que el proponente debe presentar los
estudios requeridos y desarrollar el modelo financiero del proyecto en detalle.
2. APP EN AMÉRICA LATINA: UNA VISIÓN GLOBAL 37