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CANNADEBATE
ANÁLISIS: LAS CONTRADICCIONES DEL MEDICINAL EN COLOMBIA
UN CANNABIS SIN
PRODUCTORES
LOCALES
“LA ‘ILEGALIDAD’
ES LA QUE HA
PERMITIDO
SOBREVIVIR Y VIVIR
DIGNAMENTE A
MILES DE FAMILIAS
DE ESCASOS
RECURSOS EN
UN ESTADO DE
NECESIDAD”
Ningún país del mundo ha pagado un costo más alto en términos de vidas perdidas o mutiladas en
la guerra contra las drogas que Colombia. El estado está habilitando el cannabis medicinal, pero
por ahora sólo son las empresas extranjeras (y una colombiana) que tienen la industrialización
y exportación de los fitocannabinoides. Los activistas piensan que el gobierno debe habilitar el
cannabis medicinal a muchos de ellos. Acá fundamentan su porqué. por Samuel Barrera
Colombia es un país en guerra por más
de 60 años fruto del acceso carnal
y violento de la conquista, la colonia
y las grandes potencias económicas
a nivel mundial alimentadas
por el narcotráfico. El país vive un
momento trascendental en su historia,
un proceso de paz entre el gobierno
nacional y FARC, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia. El proceso
nos otorga la esperanza del fin
del conflicto armado, para iniciar un
proceso de reconciliación entre víctimas
y victimarios, estado, gobierno y
sociedad civil.
Como reacción ante el aparente fracaso
de la estrategia represiva de lucha
contra las drogas ilícitas y debido al
incremento considerable del conflicto
en Colombia, el debate sobre las bondades
y males de la legalización ha
cobrado especial interés en el país.
Propuestas provenientes de distintos
sectores sociales, políticos y académicos
coinciden en que para desincentivar
el negocio del narcotráfico, se debe
reivindicar el uso medicinal, terapéutico
y científico del cannabis en Colombia,
teniendo en cuenta que las condiciones
climáticas y atmosféricas le otorgan
naturalmente un ambiente óptimo en
muchas regiones del territorio colombiano.
Era de esperarse el interés de las
multinacionales como las canadienses
PharmaCielo y Cannavida, que incursionan
en el mercado colombiano con
miras a exportar los cannabinoides de
esta amada tierra maltratada y saqueada
por la implantación de un modelo
económico extractivista, junto con los
efectos y consecuencias catastróficas
de la guerra contra las drogas.
“Ningún país del mundo ha pagado un
costo más alto en términos de vidas
de sus dirigentes políticos, sus jueces,
sus policías, sus soldados, sus periodistas
y decenas de miles de inocentes,
ni ha recibido un daño más grave
a sus instituciones democráticas que
Colombia”, han dicho Alejandro Gaviria
y Daniel Mejías (UAndes). Ahora el
mundo está saliendo de una época de
oscurantismo frente al fracaso de la
política antidrogas que durante décadas
ha generado graves problemas
sociales y sanitarios con una política
represiva, basada en una guerra ineficaz
que fomenta el delito, provocando
la erosión de las libertades civiles,
la estigmatización de los individuos y
una violencia que ha dejado cientos de
miles de muertos y un desplazamiento
forzado (más de 60.000.000 de desplazados
por todo el territorio colombiano)
han llevado al atraso cultural,
político, económico y social, a consecuencia
de los costos para continuar
una guerra fallida contra las drogas.
El costo social de la política de la guerra
contra las drogas, influye en el atraso
del desarrollo social y económico de la
región, es por esto que los beneficios
que ahondan en la gestación de una
industria legal del cannabis medicinal
en Colombia, traen expectativas para
muchos sectores, en especial para el
sector de la salud, trabajo y economía.
Pero las reglas de juego no están claras
y nunca lo han estado; esperamos
que lleguen algún día a estarlo para
los campesinos, indígenas y pequeños
y medianos empresarios que quieren
participar en la construcción de una
paz estable y duradera. Una paz en
relación a la reglamentación de la
Industria del Cannabis Medicinal en
Colombia que pueda contribuir a reducir
los índices de desempleo, pobreza,
violencia, mortalidad y demás factores
negativos que agobian el futuro y realidad
del país.
SORPRESA
Lo que realmente nos sorprende es
el trato diferencial en la atención a
las solicitudes realizadas por los tres
licenciatarios para cannabis medicinal
en Colombia (Pharmacielo, Cannavida,
y la Alianza Ecomedics) con el Decreto
2467 del 22 de diciembre de 2015.
El 19 de febrero de 2016, se expidió
la Resolución 485 de 2016, que como
requisito previo para adelantar los trámites
de la obtención de las licencias,
consagró la obtención de la autorización
de la Unidad Administrativa Especial
del Fondo Nacional de Estupefacientes.
El 12 de mayo de 2016 se expidió la
Resolución 1816, que reglamentó los
requisitos de la licencia de producción
y fabricación. Posteriormente se
expidió la Resolución 2459 del 14 de
junio de 2016 y finalmente la Ley 1787
de 2016 que paradójicamente ratifica
la protección de la industria nacional
pero le hace perder toda posibilidad
de competir, porque las personas que
desearan licenciar sus actividades con
el cannabis medicinal y que no lo hubieran
hecho antes del 6 de julio de 2016,
podían irse a llorar por ahí.
A causa de un choque político-administrativo,
se ha frustrado la oportunidad
de adquirir una posición seria. Los
colombianos después de ser flagelados,
merecemos esta oportunidad para
que se repliquen planes de cultivos
bio-agro industriales sostenibles en
diversas regiones y puedan contribuir
al desarrollo de la sociedad civil. Hablo
de campesinos, indígenas y en general
de toda la comunidad académica y
científica. Estos actores pueden llegar
a contribuir a lograr avances en el
campo industrial, medicinal y científico
que beneficien a toda la humanidad y al
planeta en general.
Si hacemos una mirada holística a
los sucesos en torno al cannabis en
Colombia, debemos reconocer que históricamente
ya existían muchas voces
que propugnaban consignas en pro
de la despenalización, legalización y
regulación del cannabis. Nuestras opiniones
fueron silenciadas y la prioridad
se fue para el extranjero; bajo
procedimientos inadecuados en contra
de las manifestaciones pacíficas. En
este entorno de violencia, rezago político
y administrativo en el que vivimos
a nivel mundial, se incumple con las
Convenciones sobre estupefacientes y
psicotrópicos, pues ellas dejan exentas
de aplicación los fines medicinales
científicos e industriales del cannabis
y otras sustancias. En palabras del
gobierno nacional: “Cada país hace
lo que quiere respecto al tema de las
drogas”. Pero para nadie es un secreto
que el lobby norteamericano es el que
influencia las directrices en todo el
mundo, pues la DEA tiene el monopolio
sobre las investigaciones del cannabis
y no ha permitido que salgan a la luz
los verdaderos avances científicos y
tecnológicos, pues de alguna manera
ellos son los que abanderaron la
prohibición global y la razón de ser
de dicha entidad, en cierta medida,
es reprimir a los usuarios. Con la
excusa de atacar el delito, se victimiza
a la población civil, masifican, cosifican
y transforman en delincuentes
personas inocentes con necesidades
socio-económicas notorias. En cierta
medida el narcotráfico es un fenómeno
generador de pobreza y violencia, que
el prohibicionismo alimenta en vez
de exterminar, y por otro lado es una
hipocresía que Estados Unidos sea el
que nuevamente está reescribiendo la
historia del cannabis a nivel mundial,
regulando el uso medicinal y recreativo
en Washington, Colorado, Alaska,
el Distrito de Columbia, Oregon, Ohio, y
Pensilvania, entre otros estados de la
unión. Debemos ser nosotros, pueblos
latinoamericanos, los que debemos
unir nuestras voces y hacer crecer
nuestra economía y bienestar social
con los beneficios que trae el cannabis,
darle la cara al tema y no ocultarlo