Manual Práctico sobre el RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

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IV: Doctrina del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 70 y mesa de anestesia) para la buena ejecución de una determinada técnica médica, sino que lo relevante será que el criterio elegido aporte una ventaja directa a los materiales concretos que se están adquiriendo por medio del contrato, bien porque aumente su calidad, eficacia o eficiencia, bien porque favorezca su ejecución en cuanto al plazo, condiciones de entrega etc., o en última instancia, porque se trate de un elemento accesorio imprescindible para el buen funcionamiento o uso del bien adquirido. El órgano de contratación defiende la vinculación de la mesa de anestesia como criterio de adjudicación con el objeto del contrato alegando que una consecuencia directa del suministro es la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas en las que es imprescindible contar con una mesa de anestesia. Obviamente, existe relación entre ambos bienes a la hora de realizar determinadas técnicas médicas, al igual que la puede haber con otros bienes susceptibles de ser empleados en la realización de dichas pruebas, pero ello nada tiene que ver con el suministro objeto del contrato, pues la cesión de uso de una mesa de anestesia, ni afecta a las características intrínsecas del material suministrado, ni a las condiciones o consecuencias directas de la ejecución del contrato por parte del adjudicatario”. 4.1.4.4. Configuración de los criterios de adjudicación en los pliegos. La cuestión adquiere relevancia tratándose de criterios sujetos a juicio de valor, los cuales deben estar definidos con la precisión necesaria para evitar que, en la posterior fase de valoración de las ofertas, los órganos técnicos evaluadores dispongan de un margen de apreciación absoluto e ilimitado que pueda superar los límites tolerables de discrecionalidad técnica, produciendo arbitrariedad. En la Resolución 139/2014, de 23 de junio, se señalaba lo siguiente: “(...) el cuadro resumen sobre condiciones de la licitación se refiere a las mejoras indicando lo siguiente «mejoras sobre prescripciones técnicas debidamente motivadas». (…) Pues bien, en el supuesto analizado, fácilmente se colige que las mejoras no estaban identificadas en el cuadro resumen del pliego, razón por la que el comité evaluador hubo de definirlas con posterioridad para la valoración de las ofertas. Al respecto, este Tribunal comparte el criterio sostenido reiteradamente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que queda claramente plasmado en su reciente Resolución 383/2014, de 19 de mayo, donde señala que «Con todo ello se pone de manifiesto que, a tenor de las disposiciones del pliego de condiciones de la contratación, tanto la admisión como la valoración de las mejoras ofertadas queda totalmente al arbitrio de la mesa de contratación, lo que no permite garantizar los principios de no discriminación y de igualdad de trato reiterados en la Ley». Así, la Sentencia del TJUE de 29 de abril de 2004 (Sentencia Succhi Di Frutta), ha señalado que «El principio de igualdad de trato entre los licitadores, que pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una contratación pública, impone que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores. (...) Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye su corolario, tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Implica que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e
inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se trata». Este criterio es reiterado en la posterior Sentencia del TJUE de 12 de marzo de 2015 (Sentencia e Vigilo Ltd)”. 4.2. EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 4.2.1. Exclusiones por no acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia. La casuística es muy variada y queda patente con las Resoluciones del Tribunal que se exponen a continuación: a. Integración de la solvencia con medios externos: al respecto, el artículo 63 del TRLCSP dispone que “Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios”. En cuanto a los medios de acreditación, la Sentencia del TJUE, de 14 de enero de 2016, dictada en el Asunto C-234/14, señala que: “De acuerdo con una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los operadores económicos podrán basarse, para un contrato determinado, en las capacidades de otras entidades, «independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas», siempre que demuestren ante la entidad adjudicadora que dispondrán de los medios necesarios para ejecutar dicho contrato. Tal interpretación posibilita abrir los contratos públicos a la mayor competencia posible que persiguen las Directivas en la materia, en beneficio no solo de los operadores económicos, sino también de los poderes adjudicadores, amén de que puede asimismo facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos. IV: Doctrina del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 71
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