TE QUEDARÁS EN LA OSCURIDAD

La realidad diaria de los procedimientos
de desahucio se vuelve
impermeable a los derechos
reconocidos en los Tratados y en
la Constitución, pues no existe
cauce legal para hacerlos valer.
La realidad diaria de los procedimientos de desahucio se vuelve impermeable a los
derechos reconocidos en los Tratados y en la Constitución, pues no existe cauce legal
para hacerlos valer y de hecho, la Ley de Enjuiciamiento Civil, reguladora de la mayoría
de procesos, apenas cuenta con previsiones sobre desahucios, y en ningún sentido
sobre la presencia de niños en los mismos. A pesar de tener más de ochocientos artículos,
de los cuáles más de doscientos se dedican a regular los procesos de embargo,
tan sólo existe uno, el artículo 704, que mencione el desalojo de vivienda habitual, estableciendo
que si existiera “motivo fundado”, se podrá demorar un mes el lanzamiento
(desalojo forzoso) 13 .
La tramitación judicial de un proceso de desahucio hipotecario tiene que ver sobretodo
con la tramitación del cobro de una deuda por parte del acreedor. Por este motivo los
medios de defensa del deudor se encuentran seriamente limitados y, en consecuencia,
la posibilidad de oponer al desalojo la situación social de desamparo y el riesgo de que
los niñas, niños y adolescentes se queden sin hogar (entre otras muchas vulneraciones)
no están contemplados legalmente ni existe tradición alguna en nuestros Juzgados por
interesarse en las consecuencias sociales de las “ejecuciones hipotecarias”, salvo casos
muy puntuales como por ejemplo posponer un desahucio hasta la finalización del curso
escolar. En la práctica, con algunas excepciones que veremos a continuación, un juzgado
puede tramitar decenas de desahucios de familias sin alternativa habitacional sin
ni siquiera ser consciente de ello, dado que la propia regulación procesal impide que la
situación familiar sea tenida en cuenta durante el proceso, ni de igual forma el “interés
superior del menor”.
En la práctica un juzgado puede
tramitar decenas de desahucios
de familias sin alternativa habitacional
sin ni siquiera ser consciente
de la situación familiar ni
del “interés superior del menor”.
13 Artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 1. Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del
ejecutado o de quienes de él dependan, el Secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado,
podrá prorrogarse dicho plazo un mes más. Transcurridos los plazos señalados, se procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la
fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.
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