TE QUEDARÁS EN LA OSCURIDAD

Resulta ilustrativo, a los efectos de este estudio, lo dicho por la Audiencia Provincial de
Madrid, ante un recurso contra una ejecución hipotecaria en el que se planteó la situación
de los derechos NNA:
“En fin por lo que hace al último de los alegatos y relativo a que debería tenderse
a la protección de interés superior del menor, lo cierto y verdad es que sin entrar
en las consideraciones que se hacen en el recurso, encontrándonos en un procedimiento
de ejecución hipotecaria no caben otros motivos de oposición que los
expresamente tasados por la ley.” 14
En el año 2013, con un número de desahucios en ascenso y escenas diarias de desalojos
forzosos con intervención policial, la movilización ciudadana impulsada por la PAH
consiguió reunir un millón y medio de firmas en una Iniciativa Legislativa Popular por la
paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social. Además, en marzo
se publicó la sentencia del caso Aziz, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
obligaba a reformar la normativa hipotecaria para permitir que los deudores pudieran
alegar la existencia de abusos bancarios en los contratos antes de ser desahuciados.
En este contexto se dictó en mayo la Ley 1/2013, medidas para reforzar la protección
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que introdujo
una moratoria especial de dos años en desalojos hipotecarios para familias con presencia
de menores de tres años. Esta Ley, excepcional por lo que supone de “anomalía”
en el sistema de ejecuciones hipotecarias, permite que las personas inmersas en
procesos hipotecarios sobre su vivienda, si acreditan ciertos requisitos denominados
de “vulnerabilidad” podrán solicitar una moratoria de dos años en el acto del desalojo.
Por lo que respecta a niñas, niños y adolescentes, las unidades familiares con menores
de tres años y a familias mono-marentales con dos hijos a cargo, podrán solicitar la
suspensión de su desahucio siempre que además acrediten unos ingresos familiares
medios inferiores a tres veces el Indicar Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
El plazo inicial de dos años que estableció la ley venció el 15 de mayo de 2015, pero fue
prorrogado dos años más, terminando la moratoria actual el próximo 15 de mayo de
2017.
La Ley 1/2013 ha sido duramente
criticada por su tibieza y falta de
resultados en la paralización de
desahucios, y en lo relativo a niñas,
niños y adolescentes, por la
discriminación evidente para los
menores de más de 3 años hasta
18, violando la Convención en sus
propios términos
14 Audiencia Provincial de Madrid, Auto de 11 de mayo de 2015 Auto núm. 163/15, recurso 223/2015, Magistrado ponente D. Pedro
Pozuelo Pérez.
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Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos