TE QUEDARÁS EN LA OSCURIDAD

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Normativa nacional y autonómica
1. Constitución Española:
• Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales
que velan por sus derechos (Artículo 39.4)
• Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
(Artículo 47)
2. Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
3. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.
4. Ley 1/2013, conocida como “Ley Guindos”. Suspensión de desahucios hipotecarios
por dos años para familias monomarentales con dos hijos a cargo y para
unidades familiares con presencia de un menor de tres años (Artículo 1) .
5. Ley de Enjuiciamiento Civil.
6. Ley de Enjuiciamiento Criminal.
7. Normativa de protección jurídica a la infancia de las Comunidades Autónomas
18 .
Las administraciones públicas cuentan con competencias para el desarrollo de políticas
de vivienda pública, y de hecho, existe un parque de vivienda pública en todas las
Comunidades Autónomas que cumple una función social de acceso a la vivienda para
personas sin medios económicos suficientes. Algunos ayuntamientos también cuentan
con su propio parque municipal de viviendas públicas.
Sin embargo, desde el comienzo de la crisis económica, estos sistemas públicos han
sufrido reducciones presupuestarias y en el caso de la Comunidad y el Ayuntamiento
de Madrid, han sido objeto de venta a manos privadas. En agosto de 2013 el Instituto
de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendió 3.000 viviendas a la empresa Goldman Sachs-Azora,
con sus inquilinos dentro, sin aviso previo. Posteriormente redujo o canceló
las ayudas al pago del alquiler con la consecuencia del inicio de procedimientos de
desahucio por impago de renta, acometidos por estas empresas sin consideración social
de ninguna clase.
La gravedad para la vulneración
de los derechos de los niñas,
niños y adolescentes, en casos de
desahucio derivado de vivienda
pública tiene que ver con la dejación
hecha en sus obligaciones
por el Estado.
18 Todas las CC.AA. disponen de una normativa de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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