Edición 25 de mayo de 2018

Realidad Nacional
18 Viernes 25 de mayo de 2018 Diario Co Latino
El Salvador: la segunda mitad del siglo XX (III)
Luis Armando González
Es indudable que, con la Constitución de 1950, se trataba
de un gran paso adelante en materia social y laboral.
No sólo se anunció por primera vez un “Régimen
de derechos sociales”, sino que ese régimen orientó el
quehacer sociolaboral y estatal, desde ese momento
hasta prácticamente el fin de la guerra civil (1992),
que es cuando se comienza a revertir la lógica
estatal-sociolaboral implementada con Osorio.
El gran límite de este proyecto de desarrollo es
que lo impulsan los militares, lo cual impide que
sus conquistas en materia de bienestar social sean
también conquistas en materia de democratización
política. Es decir, los militares se siguen concibiendo
no sólo como garantes y gestores del desarrollo del país,
sino como una instancia aparte –cuyos miembros gozan del fuero
militar (Art. 93), no sujeta a la vigilancia y al control de otros
sectores sociales y políticos. Este poder real que ellos detentan,
hace de la separación de poderes –reconocida por la Constitución
de 1950— algo vacío. En la práctica, el Poder Ejecutivo, detrás
del cual se encuentra el estamento militar, tiene la última palabra
en todo lo que concierne a la dirección política de la sociedad
salvadoreña, tal como se pone de manifiesto el Artículo 112,
que da a la Fuerza Armada no sólo la atribución de mantener el
orden público, sino de garantizar los derechos constitucionales.
Formalmente, las atribuciones de los diputados son envidiables,
siendo un buen ejemplo de ello el numeral 11º, del Artículo 46,
en virtud del cual la Asamblea Legislativa puede “declarar con no
menos de dos tercios de los votos de los representantes electos, la
incapacidad física o mental del Presidente y Vice-Presidente de la
República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el
ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión
de cinco médicos nombrada por la Asamblea”.
Y lo mismo puede decirse del Poder Judicial que, aunque se
lo amarra a la Asamblea Legislativa –que es la que elige por votación
nominal y pública a los miembros de la Corte Suprema de
Justicia— y al Ejecutivo –al que debe remitir el proyecto de su
presupuesto, al que aquél puede hacerle modificaciones que juzgue
necesarias— se le otorgan importantes mandatos, comenzando
por su potestad de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias
constitucional, civil, penal, mercantil y laboral, así como en
otras que determine la ley” (Art. 81), y siguiendo con los dos importantes
Artículos 95 y 96. En efecto, mientras que el primero
de esos dos artículos otorga a los tribunales la facultad de declarar
la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Poderes
contraria a los preceptos constitucionales, el segundo establece
que la Corte Suprema de Justicia será el único tribunal “competente
para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos
y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general
y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.
Sin embargo, el Estado militarizado era un límite insuperable
para que la Corte Suprema de Justicia pudiera asumir, con plena
autonomía, la defensa de la Constitución política. Esto fue así desde
este momento, en el que el Estado militarizado adquiere contornos
bien definidos, hasta la crisis política del 15 de octubre de
1979, cuando se produce el último golpe de Estado en la historia
contemporánea de El Salvador. Desde los años cincuenta hasta el
cierre de los años setenta, no hubo en El Salvador una subordinación
de la fuerza a la ley o, cuando menos, un equilibrio entre ellas,
sino un sometimiento de la ley a la fuerza.
Los militares tenían la fuerza –es decir, el poder de las armas—,
desde la cual no sólo podían hacer con la ley lo que les viniera
en gana, sino pisotearla cuando lo estimaran pertinente. De
tal modo que el supuesto fundamental del Estado de derecho –el
imperio de la ley y la sujeción de todos los miembros de la sociedad
a la misma— no tenía vigencia en un esquema de convivencia
en el cual un sector del país tenía a su disposición un recurso que
le permitía ponerse por encima de la ley. Con los militares no aplicaba
en lo absoluto el principio de dura lex, sed lex, porque ellos
estaban más allá de la ley cada vez que esta se les tenía que aplicar.
Esto fue particularmente claro en la década de los años setenta,
cuando la violación a los preceptos fundamentales de la Constitución
–así como de normas internacionales de derechos humanos—
fue obra de los cuerpos militares del Estado, a los cuales
fue imposible someter al imperio de la ley.
En suma, el proyecto de desarrollo nacional impulsado por
Osorio adquirió su perfil propio a medida que el gobierno
fue concretando sus propuestas. Para la puesta en marcha
del mismo, el Estado tuvo que asumir una función
más activa en materia económica –inversiones,
subsidios industriales, control de precios,
créditos para los pequeños empresarios, diversificación
agrícola— y en materia social –aplicación
de la legislación laboral, extensión de la
educación pública, creación de instituciones que
aseguraran el bienestar social básico 1 —. El sucesor
de Osorio, el teniente coronel José María Lemus
(1956-1960), quiso continuar con su proyecto. En efecto,
Lemus –electo como candidato del partido de los militares, el
PRUD 2 — trató de profundizar las reformas iniciadas por Osorio,
al tiempo que quiso ser más tolerante en el plano político.
En este sentido, permitió el regreso al país de todos los exiliados,
prometió el respeto a los derechos individuales y colectivos,
y derogó a la Ley de Defensa del Orden Democrático y Constitucional,
de claro corte antidemocrático. Esta relativa tolerancia
del nuevo gobierno alentó la actividad organizativa sindical y
política, a lo cual se añadió tanto el empeoramiento de la situación
económica, debido al ciclo depresivo de la economía mundial,
como el impacto de la revolución cubana de 1959 en el ámbito
universitario 3 .
Obviamente, el gobierno de Lemus no estaba dispuesto a verse
desbordado por las movilizaciones sindicales, estudiantiles y de
distintos sectores de la clase media, proclives a radicalizarse en sus
demandas. El año de 1959 fue particularmente difícil para Lemus.
Las expectativas oficiales de avanzar hacia un proceso de integración
centroamericana –auspiciado por EEUU— no se correspondían
con un país en el que se vivía un clima de efervescencia
en contra del gobierno. Mientras un grupo de militares cercanos a
Osorio conspiraban desde el “PRUD-Auténtico”, los comunistas
impulsaban una doble estrategia: por un lado, alentaban la creación
de una amplia alianza democrática, concretada en el Movimiento
Revolucionario Abril y Mayo (PRAM) y, por otro, trabajaban
en la formación de cuadros militares que posteriormente
(en 1961) darían vida al Frente Unido de Acción Revolucionaria
(FUAR). Distintos grupos comenzaron a “plantear la necesidad
de que se celebrasen elecciones verdaderamente libres, que los civiles
sustituyeran a los militares en el gobierno y los distintos cargos
públicos como las gobernaciones departamentales y los puestos
diplomáticos, y que se realizara una reforma agraria radical” 4 .
El reformismo y la apertura tenían unos costos que Lemus no
estaba dispuesto a asumir. Así, el gobierno se endureció: disolvió
por la fuerza las concentraciones populares, el 2 de septiembre de
1960 asaltó la Universidad Nacional y decretó Estado de sitio. La
violencia con la que se asaltó la Universidad Nacional es reveladora
del endurecimiento del gobierno.
“El 2 de septiembre de 1960 –relata Juan Mario Castellanos—
los partidos políticos opositores salvadoreños, la AGEUS y las
dirigencias de los sindicatos comunistas trataron de realizar una
concentración masiva de protesta en San Salvador, primero en el
parque Libertad y luego en frente al predio que había ocupado el
edificio central de la Universidad de El Salvador. Algunos estudiantes
y manifestantes vociferaron consignas injuriosas contra
Lemus, su familia y el gobierno militar. Fueron reprimidos por la
Policía uniformada y de civil con bombas lacrimógenas y disparos
de armas de fuego. Grupos de estudiantes y profesores buscaron
refugio en las oficinas centrales de la Universidad, ubicadas
de manera provisional en el antiguo edificio del antiguo Sagrado
Corazón… Las instalaciones fueron allanadas por la Policía, vejándose
de manera bárbara a estudiantes, empleados y autoridades
académicas. El rector, Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz, el secretario
Dr. Cuéllar Milla y el tesorero del máximo centro de estudios resultaron
con golpes y fracturas. El empleado de la librería universitaria,
Mauricio Esquivel, murió a consecuencia de los golpes recibidos
en una de las bartolinas de la Policía” 5 .
Este proceder del gobierno generó un movimiento de resistencia
aglutinado en torno al Frente Nacional de Orientación Cívica,
formado por partidos políticos de oposición, asociaciones
estudiantiles y sindicatos. El Frente Nacional de Orientación Cívica
preparó y ejecutó el golpe de Estado del 26 de octubre de 1960
en contra de Lemus; el golpe dio lugar a la instalación de una Junta
de Gobierno, integrada por civiles y militares 6 , que se mantuvo
en el poder hasta el 6 de febrero de 1961. Un aire democratizador
se hizo sentir en el país, con la junta instalada a partir del golpe
de Estado del 26 de octubre, pues la misma pretendía restablecer
la legalidad y promover un proceso democrático y constitucional
que desembocaría en un evento electoral libre 7 .
El sector moderado y democrático de la Fuerza Armada intentaba
propiciar los cambios políticos que amplios sectores sociales
demandaban con urgencia. Pero solo se trató de un intento,
ya que el proyecto que recién se iniciaba fue abortado cuando
la Junta fue derrocada con otro golpe de Estado, efectuado el 6 de
febrero de 1961, que llevó a la instauración del Directorio Cívico
Militar 8 , fuertemente influido por el gobierno de Estados Unidos,
que, bajo el mandato de J. F. Kennedy, promovía en América Latina
reformas encaminadas a contener el avance la revolución cubana.
La Junta de Gobierno derrocada pretendía realizar una reforma
política que potenciara el avance de la democracia; el Directorio
Cívico Militar, al tiempo que buscaba consolidar el poder militar
sobre el Estado, pretendía realizar reformas económicas y sociales
que estuvieran en sintonía con la Alianza para el Progreso
promovida por el gobierno de Washington.
Entre las medidas más importantes, destacan las destinadas a
la protección de los recursos naturales, el fomento de la agricultura
9 y el mejoramiento de los ingresos del campesinado; el incremento
de las fuentes de trabajo, la defensa de las entidades públicas
10 , construcción de viviendas para campesinos, obreros y empleados;
la reducción en el pago de los alquileres y la extensión
de servicios médicos a toda la nación. La proclama del Directorio
Cívico Militar recoge esas y otras medidas, todas ellas anunciadas
como expresión del compromiso de la Fuerza Armada en aliviar
la grave situación económica de los sectores laborales populares.
Obviamente, en materia económica, un objetivo central del nuevo
gobierno era establecer “nuevas fuentes de producción y mejorar
el nivel de producción de la República” 11 .
El otro objetivo importante era consolidar la hegemonía del
estamento militar sobre el conjunto de la sociedad, lo cual pasa
por una mayor institucionalización de los mecanismos de conducción
política. El PRUD había marcado un primer paso en la dirección
de dotar a los militares de un aparato partidario que facilitara
la transmisión del mando presidencial, sin mayores crispaciones.
El experimento no había funcionado, porque las discordias habían
sido más fuertes que el consenso requerido para que una instancia
partidaria como esa funcionara. En 1961, con el Directorio Cívico
Militar, se abre la posibilidad de relanzar de nuevo la idea de
un proyecto partidario; y, así, en septiembre de ese año, se crea el
Partido de Conciliación Nacional (PCN), que desde ese momento
se convierte en el mecanismo de transmisión del mando presidencial
de un militar a otro, siguiendo la formalidad de un juego
electoral competitivo y abierto a las distintas corrientes políticas e
ideológicas –salvo la comunista, que fue declarada ilegal desde la
época de Maximiliano Hernández Martínez—.
1. Cfr., K. Griffith y L. A. González, “Notas sobre la ‘autonomía’ del Estado.
El caso de El Salvador”. En R. Cardenal y L. A. González, El Salvador: la transición
y sus problemas. San Salvador, UCA Editores, 2002, p. 66.
2. Cfr., J. M. Castellanos, El Salvador 1930-1960…, pp. 251 y ss.
3. Cfr., “Golpes de Estado y poder militar (1944-1979)”. Enciclopedia El Salvador
2. Barcelona, Océano, p. 292.
4. Cfr., J. M. Castellanos, El Salvador 1930-1960…, p. 280.
5. Ibíd., p. 282.
6. Dr. Fortín Magaña, Dr. Fabio Castillo, Dr. Ricardo Fallas, Cnel. César Yanes
Urías, Tcnel. Miguel Angel Castillo y mayor Rubén Alonso Rosales.
7.“Golpes de Estado y poder militar (1944-1979)”. Enciclopedia…, p. 293.
8. Integrado por los coroneles Anibal Portillo, Julio Adalberto Ribera y Mariano
Castro Morán, y los doctores Feliciano Avelar, José Antonio Rodríguez Porth y
José Francisco Valiente.
9. Decretos Legislativos No. 471 y No. 229.
10. Decreto Legislativo No. 249.
11. Cfr., “Proclama de la Fuerza Armada al pueblo salvadoreño”, 6 de febrero
de 1961.