Edición 13 de Julio de 2018

Diario Co Latino
Realidad Nacional
Viernes
13 de julio de 2018 17
El Salvador: la segunda mitad del siglo XX (VII)
Luis Armando González
Los temores de los firmantes del documento
citado se verían confirmados a lo largo de
los dos años siguientes. La violencia estatal y
paramilitar se vio multiplicada, a la par que se multiplicaban
las violaciones a los derechos humanos a manos
de agentes del Estado. El país se vio sumergido en una
“espiral de violencia” pues, a medida que desde el aparato
estatal se acrecentaba la represión, en esa medida
en el movimiento popular y en los grupos
político-militares se afianzaba el convencimiento
de que solo con una violencia de
tipo revolucionario se podían realizar los
cambios políticos, económicos y sociales
que el país necesitaba para ser más inclusivo,
justo y democrático.
Las cárceles se comenzaron a llenar de
presos políticos, a quienes se aplicaban crueles
torturas; la persecución política se puso a la orden
del día; las desapariciones y los asesinatos de dirigentes
obreros, campesinos, religiosos y religiosas, estudiantes
y profesionales se fueron volviendo parte de la cotidianidad.
Hay una clara expresión de violencia estatal,
contraria a los derechos constitucionales y a los derechos
humanos fundamentales. Hay también una violencia
paramilitar, ejercida por escuadrones de la muerte,
que es tolerada por el Estado. Y se tiene la violencia
de las organizaciones populares y la violencia de los
grupos político-militares. El Salvador de finales de los
años setenta es un crisol de múltiples violencias, que
van dejando conmoción, caos y muerte a su paso.
Un foco central de violencia es el Estado militarizado,
que ha sido desbordado por el movimiento social
organizado y por la actividad de los grupos armados
de izquierda. A estas alturas, sobre todo desde que entra
en vigencia la “Ley de Defensa y Garantía del Orden
Público” el orden institucional-constitucional establecido
ha colapsado. Todo está en manos, con una
casi total discrecionalidad, del presidente de la República
y los aparatos de coerción que dependen de su voluntad.
Al cierre de 1979, el régimen político salvadoreño
está muy cerca de ser una dictadura militar al estilo
de las implantadas en otros países latinoamericanos
entre 1964 y 1976. Y, si en la instauración y desarrollo
del Estado militarizado, el republicanismo democrático
–con lo que el mismo supone de imperio de la Ley, separación
e independencia de poderes y revocación libre
y secreta de mandatos por votación popular—, ha sido
una ficción, en el marco dictatorial en el que gobierna
el general Romero el republicanismo democrático no
solo es una ficción, sino que, mucho de lo que se hace
desde el Estado, va absolutamente en contra de aquel.
Por eso, las instancias que más resienten el deterioro
político-institucional son la Asamblea Legislativa y el
Poder Judicial que, de ser unos acompañantes casi fieles
del poder militar, se convierten en cómplices de las
aberraciones jurídicas y las prácticas represivas del gobierno
del general Romero. En este contexto que cobran
sentido las críticas de Monseñor Oscar A. Rome-
ro al sistema judicial, a propósito del cual el prelado católico
denuncia el “mal social” enraizado en sus instituciones
y procedimientos. Monseñor Romero fue particularmente
sensible a la violación permanente del recurso
de exhibición personal (o habeas corpus) que
distintos organismos de derechos humanos nacionales
e internacionales interponían a favor de personas detenidas
bajo la sospecha de ser integrantes o simpatizantes
de organizaciones populares o de grupos político-militares.
La denuncia de Monseñor Romero
generó el reclamo hacia él por parte de la
Corte Suprema de Justicia, un reclamo al
cual el arzobispo respondió recordándole
al Poder Judicial su responsabilidad
en vigilar el cumplimiento de las
leyes y denunciar el abuso que cometían
los otros poderes del Estado 1 .
Era poco lo que el Poder Judicial podía
hacer para hacer prevalecer la ley y controlar
un poder militar y paramilitar que se desataba
con ferocidad sobre todos aquellos que lo desafiaban.
La espiral de violencia va en aumento y las salidas
pacíficas a la crisis que está en marcha van siendo
descartadas a favor de las salidas de fuerza.
En septiembre de 1979, un conjunto de organizaciones,
entre las que destacan el Partido Comunista Salvadoreño
(PCS), FAPU y LP-28, promueve un “Foro
Popular”, en un intento de resolver el impase socio-político
de El Salvador. El gobierno de Romero se niega
a atender la opción abierta por el Foro Popular, otras
organizaciones populares no se suman al esfuerzo, la
represión no se detiene, los escuadrones de la muerte
continúan operando... y en septiembre El Salvador está
al borde del precipicio. Es en este marco que un grupo
de militares jóvenes, en alianza con un grupo de civiles
de trayectoria democrática, decide deponer, mediante
un golpe de Estado, al general Romero.
El golpe se produce el 15 de octubre de 1979, dando
lugar a la instauración de una Junta Revolucionaria de
Gobierno (JRG), integrada por el entonces rector de la
UCA Román Mayorga Quiroz, Mario Andino, Guillermo
Manuel Ungo y los coroneles Adolfo Arnoldo Majano
y Jaime Abdul Gutiérrez. En su proclama, los golpistas
reconocen los males políticos de El Salvador –
fraudes, resistencia al cambio, caos económico y social,
violencia, falta de democracia— y proponen un conjunto
de medidas que, a su juicio, sacarán al país del
atolladero en el que se encuentra: cese a la violencia y
la corrupción, lo cual supone disolver ORDEN y combatir
a las organizaciones extremistas que violan los derechos
humanos; erradicar prácticas corruptas en la administración
pública y de la justicia; garantizar el respeto
de los derechos humanos; crear un clima para convocar
a elecciones libres; permitir el pluralismo ideológico,
de forma que se fortalezca la democracia; reconocer
el derecho de sindicalización; adoptar medidas que
lleven a una mejor distribución de la riqueza; crear las
bases para un proceso de reforma agraria; impulsar reformas
en el sector financiero; y garantizar el derecho
a la vivienda 2 .
Algunos sectores del país son optimistas con el
arribo al poder de esta Junta Revolucionaria de Gobierno.
Fue el caso de Monseñor Romero, quien vio
en la Junta la posibilidad de abordar el tema de los
reos políticos y las personas desaparecidas. Más aún,
esta coyuntura le permite a Monseñor Romero desafiar
a la Corte Suprema de Justicia para que cumpla
con su compromiso, plasmado en un pronunciamiento
suyo, de garantizar los derechos humanos reconocidos
universalmente. Dijo Monseñor Romero: “la Corte
Suprema de Justicia tiene aquí un reto ya manifestado
en un pronunciamiento, su propósito de garantizar
los derechos humanos reconocidos universalmente.
Da esperanza escuchar en su pronunciamiento estas
palabras: ‘Exhorta a los funcionarios del Poder Judicial
a cumplir con la debida responsabilidad las obligaciones
que sus cargos les imponen, especialmente
la de impartir pronta y cumplida justicia y conservar
con las partes relacionadas un mutuo respeto, y hacer
cumplir las normas que regulen la conducta que debe
observarse en los tribunales de justicia’. Excita también
la Corte Suprema a los abogados para que en el
ejercicio de su profesión coadyuven a una sana, pronta
y eficaz administración de justicia, contribuyendo
así al prestigio del Poder Judicial, que lamentablemente
había estado muchas veces por el suelo como lo dijimos
muchas veces aquí” 3 .
En un ambiente de mayor estabilidad socio-política
–y de menos violencia política emanada de los cuerpos
de seguridad y los escuadrones de la muerte— la
Junta Revolucionaria de Gobierno quizá hubiera podido
avanzar en sus propósitos reformistas. Pero los
dinamismos del país apuntaban en otra dirección: en
la dirección de un desenlace sangriento. La Junta se
vio atrapada en la espiral de violencia, el terrorismo
de Estado y la radicalización de las organizaciones de
izquierda. El proyecto reformista no pudo desligarse
de la violencia militar y paramilitar que, en una tendencia
creciente, comenzaba a dejar un reguero de cadáveres
a lo largo y ancho del país. La opción revolucionaria
se abría paso con fuerza en el seno del movimiento
popular y guerrillero, dando lugar esa opción
a un proceso de unificación de esfuerzos que alcanzó
sus mejores momentos en 1980. En mayo de ese año
se creó la Dirección Revolucionaria Unificada Político-Militar
(DRU-PM), que en octubre del mismo año
se convertiría en el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), integrado por las FPL, el
PRS-ERP, el PCS-FAL, las FARN y el PRTC. También
en mayo se creó la Coordinadora Revolucionaria
de Masas (CRM); en abril se había constituido el Frente
Democrático Revolucionario (FDR), al cual se integra,
junto con otras organizaciones democráticas y
populares, la CRM 4 .
1 Cfr., Homilía en la fiesta de Pentecostés, 14 de mayo de 1978.
2
Cfr., “Proclama de la Fuerza Armada”. San Salvador, 15 de octubre de 1979.
3
Monseñor Oscar A, Romero, “La esperanza cristiana clave y fuerza de nuestra liberación”,
18 de noviembre de 1979. En Mons. Oscar A. Romero. Su pensamiento. San Salvador, Arzobispado
de San Salvador, 2000, p. 459.
4
Cfr., US Department of State, “El Salvador: revolution or reform?” En Current Policy,
No. 546, febrero de 1984. L. A. González, Izquierda y cristianismo en El Salvador, 1970-
1992…pp. 203 y ss.