Edición 05 de octubre de 2018

Internacionales
10 Viernes 5 de octubre de 2018 Diario Co Latino
www.biobiochile.cl / El Mercurio
Redacción Internacionales
El Séptimo Juzgado Civil
de Santiago ordenó
retener bienes del
exdictador Augusto Pinochet
por más de US$17 millones de
dólares que debían pasar a sus
herederos, tras la sentencia judicial
que puso fin al emblemático
“Caso Riggs” de malversación
de fondos públicos.
La decisión fue adoptada tras
una petición del Consejo de Defensa
del Estado (CDE), informa
el diario El Mercurio.
“Existe evidencia probatoria
más que suficiente para estimar
plenamente demostrado que
Augusto Pinochet Ugarte incurrió
en conductas que importaron
sustracción de caudales públicos”,
explicó al diario la presidenta
del CDE, María Eugenia
Manaud.
El 24 de agosto pasado la
Corte Suprema emitió su fallo
final del llamado “Caso Riggs”,
condenando a tres exoficiales
del Ejército que ayudaron a Pinochet
a ocultar dinero sustraído
de las arcas fiscales en cuentas
bancarias en el ya desaparecido
Riggs Bank de Estados
Unidos a nombre de él, miembros
de su familia y algunos seudónimos.
El máximo tribunal del país
ordenó también la confiscación
de US$1,6 millones del monto
total defraudado por el militar,
Tribunal retiene US$17 millones en
bienes de Pinochet que iban a pasar
a manos de sus herederos
María Eugenia Manaud,presidenta el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
[Foto Héctor ArAvenA / el Mercurio]
de los que se comprobó su origen
ilícito y que escaparon a los
plazos de prescripción.
Sin embargo, el fallo final determinó
que el patrimonio total
de Pinochet ascendía a US$21,3
millones, de los cuales US$17,8
millones tenían un origen ilícito.
La magistrada decretó la retención
de depósitos bancarios
por US$ 4.894.638, además de
US$ 124 millones, aproximadamente.
La medida se extiende al
incremento que hubieren tenido
estos fondos en concepto de intereses
o rentabilidad.
La prohibición de celebrar
actos y contratos recae sobre 23
bienes raícs ubicados en las regiones
Metropolitana de Valparaíso,
Tarapacá y de Los Ríos,
además de tres autos.
El dinero debía ser restituido
a la viuda del exdictador Lucía
Hiriart –de 95 años- y a sus cinco
hijos, incluyendo una veintena
de propiedades.
En el testamento de Pinochet,
la principal beneficiaria es
su esposa Lucía Hiriart, que percibirá
el 51.8% de todos los bienes
y dineros de Pinochet. Un
7,14% del patrimonio, en tanto,
le corresponderá a cada uno
de los cinco hijos de matrimo-
nio: Augusto, Lucía, Verónica,
Marco Antonio y Jacqueline.
Además benefició a 12 de
sus 25 nietos y a cinco bisnietos,
quienes se repartirán parte
del 12,5%, aunque en distintas
proporciones.
“Se ha accionado en contra
de todos los herederos de Pinochet
pues, si bien no se acreditó
que hubieren tenido participación
en los ilícitos, son los
destinatarios de un enorme provecho
económico, fruto de una
conducta delictual plenamente
demostrada”, agregó la presidenta
del CDE.
El Caso Riggs estalló en
2004, cuando una investigación
del Senado de Estados Unidos
encontró las cuentas corrientes
a nombre de Pinochet y su familia
en el marco de sus investigaciones
por el origen ilícito de
dinero para financiar el terrorismo
tras el ataque a las torres gemelas
en 2001.
Por este caso, el exdictador
-que murió en diciembre de
2006- alcanzó a ser procesado
por la justicia chilena, que además
ordenó su arresto domiciliario
por algunas semanas, pero
no fue condenado.
Las acusaciones de malversación
de fondos terminaron de
hundir a Pinochet, que encabezó
por 17 años una cruenta dictadura
que dejó más de 3.200
desaparecidos y unos 38.000
torturados, tras derrocar al socialista
Salvador Allende.
Justicia de Estados Unidos impide a la Administración Trump deportar a 300.000 inmigrantes
RT
Un juez federal estadounidense
dictó en
San Francisco (California)
una orden temporal
que previene la posible deportación
del país norteamericano
de unos 300.000 inmigrantes
provenientes de El
Salvador, Honduras, Nicaragua
y Sudán por parte de la
Administración Trump, informa
la agencia Bloomberg.
El fallo impide que el Departamento
de Seguridad Nacional
de Estados Unidos pueda
revocar a los mencionados
países de origen su estatus de
protección temporal (TPS),
el cual fue introducido como
parte de las políticas humanitarias
durante la presidencia
de George H. W. Bush (1989-
1993) para reconocerlos como
lugares peligrosos para la vida
a causa de desastres naturales,
epidemias de drogas o conflictos
armados.
De acuerdo con la demanda
presentada por un grupo de
residentes en peligro de ser deportados,
la verdadera intención
del Gobierno estadounidense
es restringir la inmigración
de personas que no sean
de raza blanca, con lo cual viola
la Constitución de su país.
Los querellantes “han aportado
suficiente evidencia para
plantear serias preguntas” en
cuanto a que la decisión de
anular el estatus TPS pudo haber
sido motivada por una posible
“intención discriminatoria”,
argumentó el juez Edward
Chen.
A su vez, la decisión del magistrado
“usurpa el rol de la
rama ejecutiva en nuestro orden
constitucional”, protestó
Devin O’Malley, vocero del
Departamento de Justicia de
Estados Unidos, y agregó que
ni la Casa Blanca ni el Departamento
de Seguridad Nacional
“hicieron algo inapropiado”,
por lo cual “continuaremos
luchando por la integridad
de nuestras leyes inmigratorias
y nuestra seguridad nacional”.