Edicion 8 de marzo de 2019

Diario Co Latino
El tema de Taiwán debe
esclarecerse totalmente
La Fiscalía General de la República activó nuevamente
el caso de la donación que hiciera Taiwán a
El Salvador, durante el Gobierno del expresidente
Francisco Flores, y por ello, el Juzgado Segundo de Paz
convocó a los presuntos sospechosos para ser intimados.
Al juzgado solo acudió uno de los procesados, el señor
Juan Tennant Wrigth Castro, y el abogado de Antonio Balzaretti
Kriete, quien argumentó su ausencia por estar fuera
del país.
A Tennant Wrigth se le acusa de lavado de dinero, al
igual que los otros, dado que siendo tesorero del partido
ARENA, recibió diez millones de dólares, de forma irregular,
fondos que supuestamente venían para atender a los
damnificados de los terremotos de 2001.
Mientras que Balzaretti Kriete, es acusado del mismo delito
porque siendo Presidente del Centro de Estudios políticos
“Rodríguez Porth”, a través de triangulaciones, desvió
los fondos de Taiwán, desde una cuenta en Costa Rica a una
cuenta del partido ARENA en El Salvador.
El expresidente Elías Antonio Saca, también es investigado
en este caso; mientras que otros dos entre ellos Francisco
Flores, fueron excluidos por estar fallecidos.
Hoy que este caso fue descubierto por el expresidente
Mauricio Funes, y quien es procesado a parte, por haber hecho
público el “ROS”, una advertencia de posible corrupción
del expresidente Flores.
Varios de los exdirigentes, y actuales figuras del partido
ARENA, han aceptado que los diez millones que Taiwán
entregó fueron al partido ARENA, para la campaña del expresidente
Saca, pero Taiwán siempre sostuvo que los fondos
eran para los damnificados.
Tras la muerte del expresidente Flores, el principal implicado
en el caso, ARENA deba por finalizado el caso, y
por eso al parecer, nunca quiso aclarar o explicar a la nación
lo sucedido.
Este y otros actos de corrupción seguramente pesaron
en las pasadas elecciones presidenciales al partido ARENA,
lo que implica que mientras esto no se aclare, este partido
político seguirá cargando ese acto de corrupción, al menos
que en los tribunales demuestre lo contrario.
Lo más importante es que hoy que se retome el caso, no
solo bastará con que se sepa la verdad jurídica, sino, que el
Estado, de haber corrupción, reciba los fondos.
Sobre este caso también debería investigarse al exfiscal
Douglas Meléndez, quien en varias ocasiones dijo que no
podía procesar “a una persona jurídica (Al partido ARE-
NA)”, lo cual, queda demostrado que no es cierto, y por
lo tanto no cumplió con su deber, y eso, suponemos también
es delito.
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Viernes
Patricia Iraheta
La violencia sexual contra la niñez y la
adolescencia, se explica a partir de las
diversas conceptualizaciones que determinan,
que la base de esta, se encuentra en
la desigualdad en la relación de poder, como
lo explica el concepto de violencia contra la
mujer determinado en la Convención de Belem
Do Pará, “debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado”. La violencia sexual contra la niñez,
constituye uno de los más aberrantes delitos
que comenten los hombres haciendo uso de
su poder, su fuerza o su posición de autoridad
y dominio sobre ellas y ellos.
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La violencia sexual contra la niñez:
un hecho aberrante que nos indica
la sociedad que aún tenemos
En El Salvador las cifras de violencia
sexual contra niñas, niños y
adolescentes son alarmantes, del
año 2013 al 2017, el Instituto de
Medicina Legal reporta 10,630 víctimas
atendidas por casos de estupro,
otras agresiones sexuales, agresiones
sin evidencia y violación. El
44 % de los casos fueron violaciones.
La PNC, entre 2013 y 2017 registró
11,866 denuncias de delitos
de violación, agresión sexual, agresión
sexual agravada, agresión sexual
en menor e incapaz, estupro,
estupro por prevalimiento y violación
en menor e incapaz. Entre enero
a junio de 2017, el delito más denunciado
fue el de violación en menor
e incapaz, con el 47.95 % del total. Además,
el 79 % de los abusos fue cometido en
contra de menores de 17 años, donde las niñas
y adolescentes mujeres son el 95.43 % y
los niños adolescentes hombres el 4.57 %. De
todos estos casos un número muy bajo es llevado
a juicio; otro más reducido se lleva a sentencia,
con seguridad, son muchos, quizá miles
que nunca serán denunciados.
Los estudios sobre las causas del embarazo
adolescente y en niñas, coinciden en que la
mayoría son producto de una violación y relación
abusiva, que muy pocas veces se comete
entre pares, siendo los abusadores mayoritariamente
hombres mayores que las niñas. En el
año 2016, el Ministerio de Salud reportó 21,477
embarazos de niñas, adolescentes y jóvenes entre
los 10 y los 19 años (30 % del total de embarazos)
De estos, 11,198 fueron en menores
de 18 años.
En los últimos ocho años y con la entrada
en vigencia de la Ley de Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), el Estado
Salvadoreño ha avanzado en la construcción
de un Sistema Integral de Protección a la
Niñez, se han impulsado programas preventivos
y el ISDEMU ha creado un área de atención
especializada para niñas víctimas de violencia
sexual, no obstante estos avances se enfrentan
con un sistema de justicia ineficiente y
una Fiscalía limitada en el litigio de este tipo de
casos, siendo el alto nivel de impunidad mensajes
alentadores para los agresores y que los
convoca a continuar con sus conductas agresoras.
El acceso a la justicia de las víctimas de violencia
sexual, pasan necesariamente
porque los abusadores
tengan mensajes implacables
de que serán juzgados
y pagaran las penas
correspondientes por cometer
este tipo de delitos,
por hacer transformaciones
culturales, en las cuales, los
mensajes que se dan desde
la institucionalidad son elementales.
Es por ello que el
antejuicio en la Asamblea
Legislativa al Magistrado
de Cámara Eduardo Jaime
Escalante Díaz, por agresiones
sexuales contra una
niña de 10 años, debe acelerarse
a fin de este sea llevado
lo más pronto posible a los tribunales correspondientes
y sentar un precedente de que
en este país ningún niño, ninguna niña, ninguna
persona debe ser agredida sexualmente,
que se debe respetar la vida, la integridad física
y el derecho a una vida libre de violencia.
El caso nos indica también que ningún funcionario
debe tener fuero constitucional en este
tipo de casos y otro igualmente graves, que los
preceptos de moralidad notoria para ser nombrado
como funcionarios públicos son limitados
y que se requiere de una urgente depuración
judicial, en la cual ejerzan funciones personas
idóneas, integras, incorruptibles y respetuosas
de los derechos humanos, especialmente
de las niñas y los niños, con ello dar atisbos
de una sociedad más humana y menos deshumanizante.
Los estudios sobre las
causas del embarazo
adolescente y en
niñas, coinciden en
que la mayoría son
producto de una
violación y relación
abusiva, que muy
pocas veces se
comete entre pares,
siendo los abusadores
mayoritariamente
hombres mayores que
las niñas.