Edicion 8 de marzo de 2019

Diario Co Latino Viernes 8 de marzo de 2019 9
POSICIONAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES EN
EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, es un espacio de concertación desde el que promovemos el
análisis sobre los avances logrados en materia legal, jurídica, económica, social y política; además del seguimiento y monitoreo a los
compromisos adquiridos por las diferentes instancias nacionales y organismos internacionales de cara al cumplimiento de Normativas
y acuerdos asumidos en convenciones y tratados internacionales respondiendo a los objetivos de desarrollo sustentables. Hemos
evidenciado la problemática de las mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas salvadoreñas, quienes no son reconocidas por su aporte
a la sociedad a través del trabajo del cuidado, a la seguridad y soberanía alimentaria familiar, nacional y regional, desde el respeto y cuido de los bienes naturales.
En esta fecha que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, reconocemos los avances significativos en legislación especializada y acuerdos internacionales
en materia de derechos de las mujeres, así mismo, reconocemos la apertura y gestión del gobierno saliente en la promoción de políticas públicas encaminadas a
disminuir las brechas de desarrollo que afectan a la población más empobrecida. Sin embargo, la cultura patriarcal y androcéntrica continúa profundizando las
desigualdades e inequidades que afectan mayormente a las mujeres rurales, indígenas y campesinas
Según datos de la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples (DIGESTYC, 2017) el 51.5 % de la población rural son mujeres; del total nacional de población
económicamente inactiva (PEI) las mujeres representan el 64.1 % y somos colocadas en esta categoría por dedicarnos al trabajo reproductivo, por lo que se considera
que no aportamos al crecimiento del PIB, además la brecha salarial continua siendo amplia entre géneros; recibimos salarios 16 % menores a los hombres por realizar
el mismo trabajo; producimos la tierra, pero solamente tenemos acceso al 12.44 % de ella. Las mujeres somos fundamental en el desarrollo del país, producimos la
riqueza y continuamos siendo las más empobrecidas y condenadas a no gozar de nuestros derechos humanos como a la educación, salud y una vida digna.
Vivimos en un país donde las cifras de hechos de violencia contra las mujeres son alarmantes, según la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer (DIGESTYC,
2017), 6 de cada 10 mujeres en el área rural han sido agredidas a lo largo de su vida, actualmente el escenario continúa siendo desalentador, puesto que según datos
del Observatorio de Violencia de ORMUSA hasta diciembre del año 2018 se registraron 383 feminicidios, de los cuales el 40 % de los casos han ocurrido en el área
rural. Hasta el 19 de febrero del presente año se registraron 53 muertes violentas de mujeres. En El Salvador muere una mujer a diario en su mayoría jóvenes entre
los 15 y 34 años de edad. A esto se suma la cultura de impunidad que normaliza y justifica la actuación de funcionarios como: el Magistrado de la Cámara 3ª de lo
Civil acusado de presunta agresión sexual en contra de una niña.
Por lo anterior, la apuesta mayoritaria de las políticas públicas y acciones del Estado en general deben ser priorizadas hacia el desarrollo pleno de las mujeres,
especialmente en el área rural, ya que no solo representamos mayoría, sino que la brecha de oportunidades es evidente respeto a la urbana.
Por todos los problemas que enfrentamos a diario las mujeres rurales, indígenas y campesinas, a los tres órganos del Estado EXIGIMOS:
1. La continuidad de Programas, proyectos y políticas a favor de las mujeres rurales, además que nuestras demandas sean visibilizadas y priorizadas en el plan
de gobierno 2019-2024; ya que en la presentación del Plan Cuscatlán para las mujeres no existe una inclusión de las necesidades específicas de las mujeres
rurales, indígenas y campesinas.
2. Asignación de presupuesto para la ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas- PNMRIC,
entendida como una política de acciones afirmativas para contribuir a erradicar la discriminación y la exclusión de las mujeres rurales, indígenas y campesinas.
3. Encomendar al ISTA y a las alcaldías realizar un inventario de la tierra disponible, incluyendo las tierras que fueron adjudicadas por el Estado a cooperativas
y veteranos que se encuentren ociosas. Adjudicar a mujeres campesinas e indígenas sin tierras, potenciando y promoviendo la asociatividad de las mismas.
Además desarrollar programas y proyectos dirigidos a mujeres jóvenes para fortalecer su vínculo con la agricultura, la promoción de prácticas agroecológicas
en armonía con el ambiente y conservación de la vida.
4. Garantizar la conformación de un gabinete de gobierno paritario 50/50, presupuestos etiquetados a favor de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, que
las instituciones garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la elaboración, monitoreo y evaluación del mismo.
5. Ampliación de cobertura del programa Ciudad Mujer con la construcción de tres nuevas sedes en Chalatenango, Sonsonate y La Unión además que se
garantice que estos cuenten con el personal idóneo para brindar atención con eficacia y calidez.
6. Que se construyan 2 hospitales especializados para mujeres, como el Hospital de la Mujer, uno en la zona occidental y otro en la zona oriental del país.
7. Que el Ministerio de Educación garantice a las mujeres rurales, indígenas y campesinas que residen en todas las zonas rurales, acceso a educación en todos
los niveles escolares, especialmente educación media, universitaria y/o formación técnica especializada.
8. La no privatización de los recursos naturales, específicamente el agua ya que tendría impactos negativos en la vida de las personas y principalmente en la
vida de las mujeres rurales, indígenas y campesinas; además exigimos que se mantenga la “Ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador” pues
las actividades de exploración y explotación de minería metálica, constituyen un atentado a la salud de los habitantes del país y acarrea daños irreversibles
para el ambiente.
9. Se retome la discusión y aprobación del Anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y se le asigne presupuesto para su
ejecución, la ratificación de la reforma constitucional al Art. 69 que garantice el derecho humano al agua y a la alimentación.
10. A la Asamblea Legislativa que ratifique el acuerdo tomado por la Comisión de Antejuicio en el referido caso del magistrado Jaime Eduardo Escalante Díaz,
para que le sea retirado el fuero constitucional y que éste enfrente la responsabilidad penal y administrativa que se derive de la investigación respectiva.
11. Que se reconozca a la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, como referente consultivo y con presencia en diferentes espacios de
coordinación interinstitucional e intersectorial para formulación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos para mujeres rurales, indígenas
y campesinas, que su voz sea considerada en la ejecución de dichos programas.
Hacemos el llamado a todas las mujeres a unificar los esfuerzos y participar en la marcha de conmemoración del día internacional de la mujer, en donde la Alianza
se suma al movimiento feminista para garantizar que nuestras demandas sean escuchadas y garantizar la participación activa de las mujeres rurales, indígenas y
campesinas, en los espacios de toma decisión donde por años hemos sido invisibilizadas.
ALIANZA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES RURALES