Edicion 18 de julio de 2019

4 Jueves 18 de julio de 2019
Nacionales
Diario Co Latino
Nuevas imputaciones a militares
involucrados en Masacre “El Mozote”
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La mañana de este jueves
en la sede del juzgado
de Instrucción de
San Francisco Gotera, Morazán
diecisiete militares implicados en
la “Operación Rescate”, que provocó
la muerte de cerca de un millar
de personas civiles conocida
como la Masacre de El Mozote y
sitios aledaños, serán informados
por el juez Jorge Alberto Guzmán
de tres nuevas imputaciones: torturas,
desaparición forzada y desplazamiento
forzado, así lo informó
Wilfredo Medrano, abogado
acusador y representante de las
víctimas.
“Así también han quedado en
firme las medidas alternativas a
la detención provisional, que han
sido impuestas por el Tribunal,
por tanto los imputados deberán
presentarse una vez al mes ante el
juzgado, no podrán salir del país
sin previa autorización judicial
justificada, y tienen vetado comunicarse
con las víctimas y testigos
que han declarado en el proceso
penal o que puedan concurrir, de
no cumplirlo pueden ser capturados”,
señaló Medrano.
La Asociación de Derechos
Humanos Tutela Legal “María Julia
Hernández” y Cristosal que representan
a las víctimas y sobrevivientes
de la Masacre El Mozote
y sitios aledaños, mostraron su
Los abogados defensores
Wilfredo Medrano, David
Morales y Ovidio Mauricio
de Tutela Legal “Dra.
María Julia Hernández”
señalan que son 17 los
oficiales militares señalados
de haber cometido
los crímenes de tortura,
desapariciones forzadas
y desplazamiento forzado
en el caso conocido como
“Masacre de El Mozote y
sitios aledaños”.
FOTO DIARIO CO LATINO/LUDWIN
VANEGAS.
beneplácito por la decisión judicial
del juez Guzmán, que viene a
robustecer el proceso que cuenta
con pruebas documentales, antropológicas,
sociales y forenses.
David Morales de Cristosal
anunció también que se ha declarado
un nuevo imputado en
el juicio, se trata del coronel Gabriel
Contreras quien tenía el cargo
de jefe de operaciones del Estado
Mayor de la Fuerza Armada
en 1981, y su participación en el
diseño de la Operación Rescate.
“Esto muestra en las evidencias
que la matanza al igual que
otra similares eran decisiones del
Alto Mando militar, está verificada
la cadena de mando y en este
caso al Batallón Atlacatl. Como
abogados de la acusación particular,
queremos instar a la Asamblea
Legislativa para que acate las medidas
provisionales que son obligatorias,
que ha dictado el presidente
de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso
de la Masacre El Mozote, y no
pueden tramitar esa ley de amnistía,
que trataron presentar el pasado
mayo del presente año”, manifestó
Morales.
Los procesados son los generales:
José Guillermo García, Rafael
Flores Lima, Juan Bustillo
Toledo y Natividad de Jesús Cáceres
Cabrera. Los capitanes Juan
Ernesto Méndez Rodríguez (actualmente
coronel), José Antonio
Rodríguez Molina (coronel),
los teniente coronel Luis Alberto
Landaverde Barrera, el mayor
José Mario Godínez Castillo,
el capitán Mauricio Isaac Duque
Lozano, capitán Walter Oswaldo
Salazar Martínez, el Teniente Oscar
Córdova Hernández, los subtenientes:
Roberto Antonio Garay
Saravia y César Augusto Milla
Flor, Carlos Eduardo Cáceres
Flores, Jorge Armando Alfaro
Bautista, Rafael Santiago Del Cid
Aguirre, y Salvador Augusto Guzmán
Parada quienes serán intimadas
esta mañana.
Los abogados informaron
que el defensor del general Bustillo,
solicitó faltar a esta audiencia
“por temor a su seguridad, afirmó
Morales al consignar que este
caso uno de los mayormente documentados,
y que dio la vuelta al
mundo demanda la aplicación de
la justicia para los perpetradores
y la erradicación de la impunidad.
“El caso de El Mozote y otros
casos no se pueden violentar el
derecho a la justicia, que ha sido
gravemente sobrepasado. Recordemos
que durante diez años el
Estado deliberadamente se negó a
investigar la masacre, es mas sostenía
la tesis que no había existido
esta masacre y no cumplió su deber
de investigar judicialmente el
caso. Y se aplicó también una Ley
de Amnistía, el caso es muy antiguo
muy complejo y de enormes
dimensiones”, sostuvo.
El coordinador de Tutela Legal
Ovidio Mauricio González señaló,
que el Caso de El Mozote y
sitios aledaños inició con la prueba
de valor de cuatro sobrevivientes:
Pedro Chicas, Rufina Amaya,
Enma Márquez y Juan Bautista
Márquez quienes abrieron el proceso
con sus denuncias.
“Fue en 1990 cuando se abrió
el proceso que es bastante significativa,
porque las víctimas superando
ese trauma, ese miedo pudieron
poner una denuncia al tribunal;
hubo que hacer un trabajo
psicosocial con ellos para que pudiera
superar todo ese temor y a
partir de allí, ha sido toda una lucha
histórica por la justicia. Y la
reapertura del proceso en el año
2016, luego de derogar la Ley de
Amnistía (1993) vislumbra esperanza
a las víctimas”, concluyó.
Relatora de la ONU critica uso de FAES en plan de Seguridad
@DiarioCoLatino
“La policía no va a seguir
estando preparada
si seguimos recurriendo
a la Fuerza Armada, para
cumplir una función que no
está llamada a cumplir constitucionalmente”,
señaló la representante
de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos,
Isabel Albaladejo.
La representante de la ONU
criticó la actuación de las fuerzas
armadas en materias de seguridad
en El Salvador y seña-
ló, que “siempre se plantea recurso
permanente a la Fuerza
Armada bajo el supuesto argumento
que la policía no está
preparada”.
La enviada de la Organización
de las Naciones Unidos
pidió apostarle a la profesionalización
y modernización de la
Policía Nacional Civil (PNC), la
cual está “capacitada en garantizar
la seguridad ciudadana”.
Además se refirió a los requisitos
de la declaración de estado
de emergencia, la que debe
ser por acciones excepcionales
y con un carácter temporal.
Cabe destacar que dentro de
las acciones del plan de Control
Territorial más de 3,000 efectivos
de la Fuerza Armada han
sido destinados a apoyar a la
PNC, a esto se suma la declaratoria
de emergencia por tiempo
indefinido, ordenada por el presidente
Nayib Bukele.
“Los Estados deben justificar
las medidas adoptadas, estas
deben ser proporcionales a
la emergencia (...) tienen la responsabilidad
primaria de garantizar
la seguridad ciudadana,
pero además de cumplir y
garantizar los derechos humanos”,
expuso Albaladejo en el
foro de Políticas Públicas de
Seguridad para la Garantía de
los Derechos Humanos en El
Salvador.
El foro también contó con
la participación de Celia Medrano,
directora regional de
Cristosal, quien señaló que
debe existir la garantía de derechos
humanos en las acciones
de seguridad pública, ya sea en
la definición de políticas o implementación
de planes en el
tema.
“No se trata que sean defensores
de derechos humanos
“defendiendo” a derechos de
delincuentes, quisiéramos que
se reflexionara en que avalar,
aplaudir, provocar la justificación
de la violación de derechos
humanos de los otros
terminará revirtiéndose a la
violación de derechos humanos
de todos, en detrimento
de una sociedad que para considerarse
segura puede y está
dispuesta a avalar que se destruya
al otro”, dijo.
Medrano enfatizó, que “no
puede justificarse la seguridad
de otros sobre la base de la
destrucción de un enemigo”.