Edicion 18 de julio de 2019

6 Jueves 18 de julio de 2019 Nacionales
Diario Co Latino
Trabajadores de
penales exigen
remoción de jefaturas
de administración
anterior
Comisión espera este año aprobación
de ley para personas con discapacidad
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Dirección General de
Centros Penales vio reducidas
sus operaciones ayer,
por la mañana, luego que miembros
del Sindicato de Trabajadores
Penitenciarios (SITRAPEN)
cerrarán las instalaciones de la
institución pidiendo la destitución
de varias de sus jefaturas.
Los sindicalistas exigieron que
más de una decena de puestos de
dirección, entre el que destaca, el
de Elmer Mauricio Mira, director
del Centro Penal La Esperanza,
sean reemplazados. Además, pidieron
la instalación de una mesa
de diálogo para tratar temas como
un aumento salarial y el respeto a
sus derechos laborales y a la libre
sindicalización. Guillermo Ascencio,
secretario de SITRAPEN, dijo
que el actual director general de
centros penales, Osiris Luna Meza,
“se está haciendo acompañar de las
personas más nefastas de la administración
anterior”, y añadió haber
recibido múltiples quejas de
parte de trabajadores con respecto
a la gestión de Mira, “el 99% de
la masa laboral no lo puede soportar”,
aseguró.
Ascencio detalló que las medidas
de protesta se realizaron simultáneamente
en San Miguel, Santa
Ana, San Vicente, La Unión, Izalco
e Ilopango y que la reducción
parcial de labores mantendrá hasta
que consigan entablar diálogo con
el ministro de justicia, Rogelio Rivas.
Además, el líder sindical reafirmó
la inconformidad de la mayoría
de trabajadores del sistema penitenciario
con la dinámica de trabajo
de las nuevas autoridades y denunció
que estas pretenderían sustituir
o duplicar las actividades que
son propias del sindicato con una
“unidad de atención social” para
trabajadores.
El 28 de junio anterior, el presidente
de la República, Nayib Bukele,
ordenó el reforzamiento de las
medidas de seguridad en todos los
centros penitenciarios del país en
el marco del desarrollo del Plan
Control Territorial, el mandatario
decretó un primer estado de alerta
en el sistema penitenciario el 20
de junio, el cual expiró el 5 de julio;
tras su vencimiento, a los penales
de Zacatecoluca y San Vicente
les fue extendida la condición por
quince días más.
Rebeca Pineda
@DiarioCoLatino
La Comisión de Familia,
Niñez, Adolescencia,
Adulto Mayor y
Personas con Discapacidad,
de la Asamblea Legislativa,
informó ayer un avance de
estudio de 80 artículos del
anteproyecto de Ley de Inclusión
de las Personas con
Discapacidad, que se espera
terminar en la brevedad posible
para lograr su aprobación
antes del 3 de diciembre
de este año, en el Día
Mundial de las Personas con
Discapacidad.
La propuesta pretende garantizar
el acceso a trabajo, educación
inclusiva, salud, transporte
y otras áreas, y además
incorporará sanciones severas
en casos de incumplimiento de
la Ley. “Es importante visibilizar
el tema y que la población
sepa que esta comisión está
comprometida con la aprobación
de esta Ley”, expresó el diputado
David Reyes, presidente
de la Comisión.
El anteproyecto de Ley, que
cuenta con 113 artículos, bene-
Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con motivo de la conmemoración
del Día de la
Justicia Penal Internacional,
representantes de varias
organizaciones de víctimas y
derechos humanos integradas
en la Comisión Pro Memoria
Histórica se pronunciaron en
torno a graves violaciones a los
derechos humanos, entre ellos
crímenes de lesa humanidad y
genocidios cometidos durante
los doce años de conflicto armado
en el país.
El 17 de julio de cada año se
conmemora el Día de la Justicia
Penal Internacional, en referencia
a la firma del Estatuto
Los integrantes de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con
Discapacidad, de la Asamblea Legislativa esperan que este año se apruebe la ley para personas con
discapacidad. FOTO DIARIO CO LATINO/ @ASAMBLEASV
ficiará a más de 410 mil 800 personas
con discapacidad, según datos
del CONAIPD; se presentó desde
el 2011 y se retomó hasta el año
pasado. Además, este marco legal
estaría sustituyendo a la Ley de
Equiparación de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad,
presentada en el 2015.
Con respecto al monto presupuestario
dirigido para esta Ley,
la diputada Eeileen Romero, del
Partido de Conciliación Nacional
(PCN), enfatizó que “no significa
que le vamos a quitar dinero a
los ministerios o a las alcaldías; al
de Roma del año de 1998, que dio
vida a la Corte Penal Internacional
en el año 2002.
“Los pueblos democráticos reconocieron
la necesidad de implementar
un sistema de justicia independiente
con jurisdicción internacional
para conocer y resolver sobre
aquellos crímenes que constituyen
violaciones gravísimas a
normas del derecho internacional
imperativo y cuyo impacto denigra
y menoscaba toda la humanidad”,
dijo David Ortiz, miembro
de FESPAD.
Para las organizaciones, la amnistía
decretada en 1993, luego que
la Comisión de la Verdad diera a
conocer su informe y recomendaciones,
no solamente profundizó la
imparcialidad y obediencia del sistema
de
contrario, se va a abrir una línea
presupuestaria en la cual un ministerio
equis va a ocupar para el
tema de discapacidad... y así quitar
la brecha del silencio en este
sector de la población”, dijo.
En este sentido, se hizo un llamado
al gobierno a unirse al esfuerzo
para que esta propuesta
de sea realidad. “La Asamblea
propone un deber ser, pero tendrá
que ser una política pública,
adoptada por el Ejecutivo principalmente,
y ahí veremos entonces
la coherencia entre estar con el
pueblo y las personas con dis-
justicia a los intereses de los victimarios
y sus socios, sino también
la impunidad, lo que ha mantenido
hasta hoy en día las heridas
abiertas.
La Comisión Pro Memoria Histórica
consideró que para corregir
los hechos del pasado, se debe de
garantizar la justicia que por años
se ha venido negando, ya que ello
constituye un medio correcto para
encontrar el camino de la paz.
Por lo anterior, llamaron a los
diputados a tomar con seriedad la
sentencia de la Sala de lo Constitucional
respecto a la Ley de Amnistía
General y promulgar una normativa
de reconciliación nacional
y asistencia a las víctimas del conflicto
armado con la participación
de aquellos a quienes se destina, lo
cual incluye a las propias
capacidad o la falta de voluntad
para acompañarlos”, dijo Rodolfo
Párker, diputado del PDC.
Además, para visibilizar y amparar
a las mujeres cuadrapléjicas
o con discapacidad severa, la propuesta
de Ley también contempla
la Cuota de Protección Universal,
y será responsabilidad del
gobierno darle cumplimiento, explicó
Reyes. Además, el presidente
de la Comisión adelantó que el
próximo tema a estudiar es una
Ley del Adulto Mayor, para incluir
también a este sector de la
sociedad.
Comisión Pro Memoria Histórica pide a diputados
aprobación de Ley de Reconciliación Nacional
víctimas y a las entidades que las
representan.
Las organizaciones de derechos
humanos y víctimas del conflicto
armado también sostuvieron que
la Asamblea Legislativa debe tomar
en cuenta en la elaboración de
dicha normativa el anteproyecto de
Ley Especial
de Reparación Integral y Acceso
a la Justicia para Víctimas de
Graves Violaciones a Derechos
Humanos en el Contexto del Conflicto
Armado, presentada por estos
colectivos.
Cabe mencionar que el pasado
13 de julio, la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia
concedió al órgano legislativo
una extensión de tres meses para la
aprobación de la legislación de reconciliación
nacional.