Edicion 23 de octubre 2021

2 Sábado 23 de octubre de 2021
Mesa por la Soberanía Alimentaria
Nacionales
Diario Co Latino
Gobierno debe promover “Acuerdo
de País” por la alimentación y el agua
Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
Adalberto Blanco,
en representación
de las 22 organizaciones
y redes extendidas
a nivel nacional, que
integran la Mesa por la Soberanía
Alimentaria, lanzó
un llamado al Gobierno del
presidente Nayib Bukele a
tender puentes de “diálogo y
concertación”, a fin de crear
un “Acuerdo de País” que le
permita a la población más
vulnerable contar con la garantía
de acceso a la alimentación
y agua potable.
El 5to. Informe Mundial
de Crisis Alimentarias 2021
estableció que 155 millones
de personas en el mundo se
encuentran en situación de
crisis o emergencia alimentaria.
Y que Centroamérica y
Haití , en el año 2020, más
de 11.8 millones de personas
estaban en situación de crisis
o peor; con un aumento
dramático que afectó su economía
desde 2019, debido a
las crisis alimentarias vinculadas
a los fenómenos metereológicos
extremos repetidos,
argumentó Blanco.
La Mesa por la Soberanía
Alimentaria realizó el pronunciamiento
en el marco
del “Séptimo Festival Raíces
2021, Territorios en Resistencia
con Democracia y
Participación Ciudadana”,
que se constituye en un encuentro
entre la ciudad y el
campo.
El Festival Raíces 2021 se
desarrollará de manera territorial,
a través de 6 mini festivales
en los departamentos
de La Libertad, Sonsonate,
San Miguel, Cuscatlán y
San Salvador, en las próximas
tres semanas.
Esta iniciativa busca sensibilizar
a la población sobre
la identidad cultural y
Mesa por la Soberanía Alimentaria, se pronuncia por la garantía de los derechos fundamentales de la alimentación
y el agua. Foto Diario Co Latino/ Cortesía.
alimentaria, y reiterar el apoyo
a la Resistencia Indígena (12 de
octubre); el Día Internacional
de la Mujer Rural (15 de octubre)
y el Día de la Acción Global
por la Soberanía Alimentaria
( 16 d octubre).
En su intervención, Adalberto
Blanco, comentó que 684
mil personas en el país se encuentran
en “situación de crisis
alimentaria o peor”, según
la clasificación del 5to Informe,
y de las cuales, 95 mil están
en “emergencia”, entre noviembre
2020 a febrero 2021, y
que a ido en aumento de precariedad.
“El Programa Mundial
de Alimentos (PMA) también
ha documentado que en
el período entre junio a agosto
del presente año, 1.04 millones
de personas se encuentran
en condición de -Crisis o Peoren
los departamentos de Ahuachapán,
La Unión y San Miguel,
mientras los otros departamentos
están clasificados en
estrés”, detalló.
“Y que las mujeres, que constituyen
el 43% de la mano de
obra agrícola del mundo, aun
enfrentan una profunda desigualdad
en el acceso a la propiedad
de la tierra y medios de
vida; a una remuneración justa
por su trabajo, a su participación
en toma de decisiones y
acceso a créditos”, dijo Blanco.
En cuanto a las políticas
económicas y agrícolas de Gobierno,
como Mesa por la Soberanía
Alimentaria expresaron
que a dos años de gobierno,
solo ha venido a “perpetuar
la crisis alimentaria y la
destrucción de la biodiversidad”,
que la atención la captan
los sectores empresariales y
agronegocios, que terminan expulsando
a la población campesina
y Pueblos Indígenas de
sus territorios.
“Estas políticas fomentan
directamente el acaparamiento
de tierras y el control de semillas
por un puñado de transnacionales
que usan indiscriminadamente
venenos que enferman
y mantienen con hambre
a 820 millones de personas en
el mundo”, añadió blanco.
“En el país, la Corte de
Cuentas de la República reportó
12 hallazgos en la compra de
alimentos durante la pandemia
(Covid19), productos sin registro
sanitario. Y en compras dudosas
con sobreprecios y menos
producto recibido que el
comprado. Y el reciente señalamiento
al viceministro de Seguridad,
que desvió 38,500 botellas
de aceite y 42,909 sacos
de alimentos y no hay investigación”,
indicó Blanco.
Blanco también fue crítico
ante el incremento de precios
de los alimentos en los últimos
meses, pues ha registrado
una inflación del 2.6%, en
junio pasado. Mientras que datos
del Banco Central de Reserva
(BCR), presentan una escalada
en el costo de alimentos
que inició en enero del presente
año, y que superó sus niveles
en los últimos nueve años,
que han venido monitoreando
costos. “La encuesta de la DI-
GESTYC reportó que la pobreza
extrema se duplicó del 4.5%
(2019) , al 8.6% (2020) que impacto
sobre todo a la población
en las zonas rurales, los
que pasaron del 5.2% (2019) al
11.1%(2020), de la población”,
manifestó Blanco.
Adela Bonilla, de la Mesa
por la Soberanía Alimentaria,
demandó del Gobierno del
presidente Nayib Bukele, garantizar
derechos fundamentales
como el alimento y el
agua, tras considerar la situación
“sombría y de incertidumbre”.
“Actualmente, nuestro
país no cuenta con una política
pública ni ley que reconozca
las alternativas para
hacer frente al Cambio Climático
con enfoque de derechos,
y tampoco se han puesto
en práctica los mecanismos
internacionales de consulta
previa, libre e informada
que haga posible la participación
de la población”, dijo
Bonilla.
El Salvador lleva 13 años,
esperando contar con una
Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
lleva 15 años esperando
una Ley de Aguas y Saneamiento.
y 9 años esperando
la reforma constitucional
que ya está ratificada reconociendo
el derecho humano al
agua y alimentación, sin que
pase nada, por tanto, “exigimos
atender estas demandas”,
reafirmó Bonilla.
Bonilla, exhortó, además, a
los titulares del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), que tienen
la responsabilidad de reconocer
el derecho a la consulta
previa e informada de
la población comunitaria e
indígena en sus territorios
cuando otorgan permisos ambientales
para megaproyectos
que amenazan la estabilidad
de los asentamientos humanos
y la biodiversidad.
“Esperamos que el Ministerio
de Agricultura y Ganadería
(MAG) retomé también
las propuestas de la Política
de Impulso para la Agroecología
y que implementen
la Política Pública de Mujeres
Rurales, Indígenas y Campesinas,
que han sido presentadas
por las organizaciones
y articulaciones sociales, que
tiene como fin priorizar la
protección y compra de alimentos
sensibles como maíz
y frijol a las y los productores
locales”, puntualizó Bonilla.