INDUSTRIALES_ SEPT/OCT 2021

Por José Julio Balmaceda / INDUSTRIALES
ECONOMÍA
Escepticismo y
cautela de alto vuelo...
Breves apuntes para un probable caos. El tristemente
archifamoso Plan de Ajuste Fiscal -PA, que
al cierre de esta edición se debatía entre la vida y la
muerte en ámbitos legislativos- no cuenta precisamente
con muchos adeptos entre principales expertos
económicos del país. Al contrario.
Y como en guerra avisada se supone que no muere
gente, INDUSTRIALES toma -a modo de ejemplo
documentado- las consideraciones de Daniel Santamaría
Ots (economista de Espacios Abiertos, EA)
y Sergio Marxuach (director de Política Pública en
el Centro para una Nueva Economía, CNE). Más
allá de la creciente euforia en Wall Street con bonos
de Puerto Rico ante la potencial aprobación de este
PA controversial, el grito de ¡ALERTA! ante el probable
“efecto boomerang” de este alegado bálsamo
fiscal ya se escucha alto y fuerte en los cuatro puntos
cardinales del país.
“Quien piense que no hay otra opción que la que hay sobre
la mesa, se equivoca. Igual se equivoca quien piensa que
este tema le incumbe solamente a bonistas y pensionados. La
insostenibilidad de pagos y obligaciones del gobierno la pagaremos
con más austeridad, más recortes, menos servicios y
más impuestos. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios
documentos de la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF), pero eso
no lo ponen en sus comunicados”, denuncia Santamaría.
“Lo cierto -añade el experto de EA- es que, aún con cero
recortes a pensiones, con el PA propuesto los pensionados van
a ver su poder adquisitivo reducido. Así lo establecen los propios
documentos de la JSF (Ver Informe Ernst & Young, Sept
2019, pág. 13 y 14). El PA no contempla y no admite (porque
no queda dinero) un ajuste a pensiones (presente o futuro)
por aumento de costo de vida (COLA) o inflación. El PA actual
es igual a cero ajustes por costo de vida a pensionados;
una reducción estrepitosa del valor de su pensión.”
“En 2017, según la JSF, Puerto Rico podía hacer un pago
de deuda de $804 millones anuales. Ahora, a partir de 2022,
se propone un pago de $1,150 y hasta $405 más por CVIs
del IVU y el Ron: hasta $1,555 anuales. El aumento de $804
millones hasta $1,555 millones anuales en pago a bonistas, en
una etapa posdesastre, cuando el país y cada uno de nosotros
está en peor posición, es significativo. Ahora la JSF nos ‘vende’
el recorte del 50% como bueno; pero ¿cómo explica esta
diferencia (a favor de bonistas) de $751 millones anuales más,
casi el doble de lo que decía previo a huracanes, terremotos
y pandemia?; ¿cómo salir de una quiebra poniendo una carga
al presupuesto mayor de la que tuvimos cuando el impago?”,
cuestiona el economista de EA.
Por su parte, Marxuach especifica que “el PA regirá la reestructuración
de obligaciones del gobierno central con 69
clases diferentes de acreedores, y determinará la política fiscal
de Puerto Rico para los próximos 25 años. Al momento de
estas declaraciones, no tenemos toda la información necesaria
para calcular una recuperación promedio ponderada, pero
las tasas de recuperación de acreedores van desde 10% para
ciertos acreedores no-asegurados hasta 91.5% para jubilados
del gobierno. Algunos acreedores recibirán efectivo, otros una
combinación de efectivo y bonos nuevos, y otros recibirán instrumentos
de valor contingente, cuyo reembolso depende del
logro de ciertos objetivos de ingresos”.
“El PA -aclara Marxuach- también requerirá que el gobierno
de Puerto Rico pague el servicio de la deuda anual sobre
nuevos bonos, de aproximadamente $1,000 millones, y haga
pagos anuales de pensión de aproximadamente $2,000 millones,
en relación con un presupuesto del fondo general para
el año fiscal 2022 de aproximadamente $10,000 millones. Un
análisis completo del PA está más allá del alcance de CNE
actualmente, pero debemos enfatizar que todo depende de
impulsar el crecimiento económico en Puerto Rico, necesario
para generar los ingresos gubernamentales requeridos para
cumplir con el PA. El crecimiento económico a corto plazo
depende del desembolso y manejo exitoso de fondos federales
y, en menor medida, de la implementación de ‘reformas estructurales’
favorecidas por la JSF.” i
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