REVISTA INDUSTRIALES _3 JULIO 2022

ECONOMÍA FISCAL/INVERSIONES
El senador Juan Zaragoza ha expuesto que el propósito del proyecto aprobado hasta el momento es proveer un mecanismo
legal para que las empresas sujetas al impuesto actual puedan transicionar hacia una obligación contributiva similar a la
de otras empresas no consideradas “foráneas”.
Como es de conocimiento público, el sábado 25 de junio,
tras eliminarse privilegios de exención a quienes gozan
de otros beneficios contributivos, el Senado dio paso a una
medida que establecería una estructura alternativa versus el
mecanismo tributario conocido como impuesto a empresas
foráneas, una aportación que equivale aproximadamente al
20% de los ingresos fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Hasta
el momento, esta carga impositiva -que obedece a la Ley
154- es acreditada por el gobierno federal pero su “certificado
de defunción” sería inminente.
La luz verde senatorial al nuevo régimen dependió finalmente
de un Comité de Conferencia, que allanó diferencias
entre Cámara y Senado.
Al respecto, el senador Juan Zaragoza (presidente de la
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Control
Fiscal del Senado de Puerto Rico) ha expuesto que el
propósito del proyecto aprobado es proveer un mecanismo
legal para que las empresas sujetas al impuesto actual puedan
transicionar hacia una obligación contributiva similar a la de
otras empresas no consideradas “foráneas”, con impuestos de
contribución sobre ingresos y regalías. El legislador también
asegura que se ha creado un sistema de niveles, para que esta
carga impositiva se honre según el volumen de ventas y la
cantidad de empleos. Zaragoza calcula que este nuevo modelo
debe estar rindiendo unos $1,600 millones, versus los actuales
$1,374 millones.
Según Serrano, si el proyecto 1367 no se aprobaba en o
antes del 30 de junio (fecha de circulación de esta edición de
INDUSTRIALES), la Junta de Supervisión Fiscal no podría
certificar el presupuesto para el año subsiguiente. El acuerdo
con el Tesoro federal está basado, específicamente, en esta
pieza legislativa 1367.
Por su parte, David Skeel, actual presidente de la JSF, ha
recalcado que “la Legislatura debe asegurar que cualquier régimen
contributivo alterno a la Ley 154 no puede resultar en
la pérdida neta de recaudos al gobierno central”.
Serrano también advierte que, “de no obtenerse una determinación
escrita del Tesoro en torno al proyecto 1367 (que
reconozca la acreditabilidad de los pagos a la Isla) en cuestión
de semanas el gobierno se vería imposibilitado de renegociar
una veintena de decretos contributivos con las compañías
afectadas. A más tardar, esto debería suceder a fines de septiembre
próximo (cuando las corporaciones públicas anuncien
sus proyecciones para el último trimestre)”.
“Nuestra propuesta -puntualizó Serrano una vez más- es
dejar que el arbitrio expire en 2027, con el fin de utilizar
estos cinco años para modificar el sistema con miras a una
reforma real”. Reiteradamente, la AIPR ha expuesto que su
verdadero interés no se centra necesariamente en cuestiones
contributivas, sino en una plataforma legislativa que catapulte
la inversión industrial en el país. i
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