Listín Diario 22-01-2023

DOMINGO SÁBADO 21 22 DE ENERO DE 2023 THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY
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E L M U N D O
Dolientes (arr.) en el funeral de Brayan Apaza, de 15 años, una de
las 19 personas fallecidas en una protesta reciente en Juliaca, Perú.
Manifestantes bloquean una carretera entre Arequipa y Juliaca (izq.).
En Perú, un referéndum
mortal sobre democracia
Por JULIE TURKEWITZ
Carreteras bloqueadas con rocas
enormes y vidrios rotos. Ciudades
enteras cerradas por protestas masivas.
Cincuenta familias de luto
llorando a sus muertos. Llamados
para instalar un
nuevo presidente,
una nueva constitución,
un sistema
de gobierno
completa mente
nuevo. Promesas
de llevar la lucha
a Lima, la capital. Los funcionarios
locales advirtiendo que el país va
hacia la anarquía.
Un himno de protesta se grita en
las calles: “Esta democracia ya no
es democracia”.
Las protestas que comenzaron
hace más de un mes en las zonas
Mitra Taj contribuyó con
información para este artículo.
La frustración
de los manifestantes
genera violencia.
rurales de Perú, debido a la destitución
del ex presidente han aumentado
en tamaño y en el alcance de
las exigencias de los manifestantes,
paralizando a sectores enteros
del país y amenazando los esfuerzos
de la nueva presidenta, Dina
Boluarte, para afianzar el control.
El malestar ahora es mucho mayor
que la ira por quién gobierna
el país; representa una profunda
frustración con la joven democracia
peruana, que según los manifestantes
no ha logrado abordar la brecha
entre los ricos y pobres y entre
Lima y las zonas rurales del país.
El ex presidente Pedro Castillo,
un líder de izquierda, había prometido
atender los rezagos de la
pobreza y la desigualdad, pero fue
destituido y arrestado en diciembre,
después de intentar disolver el
Congreso y gobernar por decreto.
Sus seguidores, la mayoría de ellos
en regiones rurales pobres, organizaron
protestas, en ocasiones quemando
edificios gubernamentales,
bloqueando carreteras y ocupando
aeropuertos. El gobierno peruano
pronto declaró un estado de emergencia
y envió a las fuerzas de seguridad
a las calles.
Boluarte ha exhortado a la unidad
y, en respuesta a las exigencias
de los manifestantes, pidió a los
legisladores que adelantaran las
elecciones. El Congreso ha tardado
en apoyar esa iniciativa, y los
críticos de Boluarte ahora la tildan
de presidenta débil, que trabaja a
instancias de una legislatura interesada
y desactualizada.
Al principio, los manifestantes
buscaban principalmente la restitución
de Castillo al poder o nuevas
elecciones lo más rápido posible.
Ahora, quieren una nueva constitución
e incluso, como decía un afiche,
“refundar una patria nueva”.
Desde la destitución de Castillo,
al menos 50 personas han sido asesinadas,
49 de ellas civiles, algunas
de ellas con disparos en el pecho, la
espalda y la cabeza, lo que ha llevado
a que los grupos de derechos
humanos acusen al ejército y a la
policía de uso excesivo de la fuerza
y de disparar indiscriminadamente
contra los manifestantes.
En Juliaca, a dos días en automóvil
de la capital, 19 personas murieron
como resultado de una manifestación
reciente, la jornada más
mortífera de enfrentamientos entre
FOTOGRAFÍAS POR FEDERICO RIOS PARA THE NEW YORK TIMES
civiles y actores armados en Perú
en, al menos, 20 años. Dieciocho de
los fallecidos eran civiles.
El menor de los fallecidos fue
Brayan Apaza, de 15 años, cuya madre,
Asunta Jumpiri, lo describió
como un “niño inocente” que había
salido a comprar comida. En su velorio,
los simpatizantes sostenían
banderas negras en el pecho y prometieron
luchar hasta que Boluarte
dimitiera.
Brayan murió a causa de un disparo
en la cabeza, según la autopsia.
En su funeral, Jumpiri pronunció
algunas de las últimas palabras
antes de su entierro.
“¡Dina!”, gritó, refiriéndose a la
presidenta, aferrada al ataúd de
Brayan, y su rostro desfigurado por
el dolor. “¡Estoy dispuesta a morir
por mi hijo! Voy a luchar; ¡Quiero
justicia!”. Luego lanzó un desafío:
“¡Dina, mátame!”.
Las afganas, excluidas de las ayudas
Por CHRISTINA GOLDBAUM
y NAJIM RAHIM
Durante años, antes de que los talibanes
tomaran el poder y la economía
afgana se colapsara, Jamila
y sus cuatro hijos se habían aferrado
al borde de la supervivencia.
Después de que su esposo murió
tratando de cruzar la frontera con
Irán, ella y sus hijos se mudaron
a un campamento para personas
desplazadas en el noroeste de Afganistán
y dependieron de las organizaciones
de ayuda.
Un grupo le llevó aceite, harina y
arroz, alimentos que evitaron que
su familia muriera de hambre. Otro
le dio a sus hijos plumas y libretas,
los únicos útiles que tenían en la
escuela primaria. Un tercero los
vacunó contra sarampión, poliomielitis
y otras enfermedades.
Pero cuando Jamila trató de organizar
un paquete de alimentos de
emergencia a finales de diciembre,
el trabajador humanitario la interrumpió
y explicó que la organización
había suspendido sus operaciones:
el mes pasado, el gobierno
afgano prohibió que las mujeres
trabajaran en la mayoría de los
grupos de ayuda locales e internacionales,
causando que muchos
suspendieran sus labores. A Jamila
Isabella Kwai contribuyó
con información para este artículo.
se le fue la sangre a los pies.
“Si no lo permiten, moriremos de
hambre”, dijo Jamila, de 27 años,
que usa un solo nombre al igual que
muchas mujeres en las zonas rurales
de Afganistán.
Para muchas mujeres y niñas
que se habían enfrentado restricciones
cada vez mayores bajo el
nuevo gobierno —incluyendo quedar
excluidas de muchos trabajos,
preparatorias, universidades y
parques públicos— el nuevo edicto
eliminó una de las pocas vías restantes
para el empleo y la vida pública.
Dado el sistema conservador
que existía en Afganistán incluso
antes de que los talibanes tomaran
el poder en 2021 y ampliaran
las tradiciones más estrictas, los
grupos de ayuda habían dependido
de las trabajadoras para llegar
a otras mujeres y sus familias, que
a menudo estaban segregadas de
cualquier contacto con hombres
externos.
Ahora, en medio de una crisis
de desnutrición y atención médica
que ha empeorado, muchos grupos
de ayuda dicen que la prohibición
a esas trabajadoras les ha hecho
casi imposible trabajar en el país.
Esas organizaciones describieron
la acción como una “línea roja” que
viola los principios humanitarios y
que, de mantenerse, podría cerrar
permanentemente sus operaciones
en Afganistán.
Es probable que el resultado sea
que millones de afganos se queden
sin ayuda vital durante los meses
de invierno duros. Se espera que
un récord de dos tercios de la población
—o 28.3 millones de afganos—
requiera algún tipo de asistencia
humanitaria este año, ya que se
avecina una crisis de hambre en
todo el país, según estimaciones de
las Naciones Unidas.
Los funcionarios afganos han
instado a la reanudación de los programas
de ayuda, pero también
han indicado que los principales
líderes de la administración talibán
no están dispuestos a revertir
el edicto.
Los funcionarios afganos han
dicho que la prohibición no aplica
directamente a las Naciones Unidas
—una de las últimas entidades
occidentales en mantener una presencia
en Afganistán. Aún así, la
mayoría de las agencias de ayuda
de la ONU trabajan con organizaciones
sin fines de lucro para llevar
a cabo sus operaciones y ahora han
suspendido sus programas.
Muchos donadores internacionales
también exigen que las mujeres
compongan al menos la mitad
de las personas a las que llega una
organización de ayuda para recibir
financiamiento. Para las mujeres,
los efectos de la prohibición y la
KIANA HAYERI PARA THE NEW YORK TIMES
Fátima, una niña de 15 meses, y su madre en la sala de desnutrición
de un hospital pediátrico en Kabul.
suspensión de las ayudas han sido
devastadores.
La situación “es un desastre”, dijo
Abeda Mosavi, empleada del Consejo
Noruego para Refugiados que
trabaja con viudas afganas. “No sé
hasta qué punto entendieron los talibanes
el papel de las mujeres en
las organizaciones de ayuda y las
crisis que enfrentarán las mujeres”.
Habiba Akbari, que trabaja para
Afghan Aid, un grupo británico,
pasó los últimos cuatro años esquivando
combates esporádicos entre
el gobierno respaldado por Occidente
y las fuerzas talibanes para
viajar entre su ciudad natal en la
provincia de Badakhshan y su universidad
en la ciudad de Kunduz.
Akbari se graduó el año pasado
—justo antes de que los talibanes
prohibieran a las mujeres asistir
a la universidad— y consiguió un
trabajo con el grupo de ayuda. Su
salario mensual de 30 mil afganis,
unos US$350, mantenía a sus siete
hermanos y padres después de que
su hermana mayor y principal proveedora
de la familia fuera despedida
de su puesto como fiscal. Pero
ahora, su trabajo ha sido suspendido
—y cualquier esperanza que
tuviera para su futuro se ha desvanecido.
“Los talibanes nos están enterrando
vivos”, dijo Akbari.