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Aequitas
bien arraigada en la práctica judicial o forense, y que se deja
traslucir a través de la lectura de los razonamientos probatorios.
Tiene su reflejo en frases tales como “a falta de prueba directa, hay
que recurrir a la prueba indiciaria”; “la prueba indiciaria suple la
ausencia de prueba directa”, y otras similares. Responde, también,
a esta concepción la propia invocación que se hace a la necesidad
de evitar la impunidad de ciertos delitos como argumento para
admitir la prueba indiciaria en el proceso penal. 45 En el fondo de
dicho posicionamiento subyace la idea de que la prueba indiciaria
sería una prueba de carácter subsidiario, supletorio o incluso un
sucedáneo de prueba, de segunda categoría, en cuanto conlleva
una reducción del módulo o estándar de prueba. Serían razones
de defensa social las que avalarían su admisión en el proceso
penal frente a determinados tipos de hechos delictivos. 46 Con ello
se establece una jerarquización entre las pruebas directas y las
indirectas (indiciaria), de tal modo que estas últimas ocuparían un
escalón inferior dado, se afirma, su menor valor probatorio. 47
Dicha concepción ha generado en el proceso penal un fenómeno
de hipovaluación de las presunciones judiciales y, por tanto, de
la prueba por indicios. De aceptarse esta tesis deberíamos llegar
a la conclusión necesaria de que la prueba indiciaria no permite
alcanzar el estándar probatorio del “más allá de toda duda razonable”,
sino un estándar de menor fiabilidad. En otras palabras, si la
prueba indiciaria es una prueba subsidiaria, en cuanto solo puede
acudirse a ella cuando no hay prueba directa, es que el grado de convicción
fáctica que permite alcanzar es inferior. Esta tesis encierra
en sí misma un contrasentido, pues no resulta coherente atribuirle
carácter supletorio o de segundo grado y, a continuación, admitir
su condición de prueba suficiente para estimar destruida la presunción
de inocencia.
45 Véase, por ejemplo, STCE 174/1985.
46 Una crítica a este argumento defensista puede verse en Andrés Ibáñez, P., op.
cit., nota 15, p. 88.
47 Véase, por ejemplo, Pastor Alcoy, F., Prueba indiciaria y presunción de
inocencia, Valencia, Editorial Práctica de Derecho, 1995, p. 61.