BUMERÁN CHÁVEZ

doce contratos valorados en tres mil millones de dólares para
proyectos eléctricos aprobados por el Gobierno venezolano en
catorce meses, entre 2009 y 2010, sin proceso de licitación
pública. La cifra era realmente abultada. Según la denuncia
presentada contra ellos en Nueva York por el exdiplomático
estadounidense Otto Reich, una vez que los contratos estaban
garantizados y el dinero había sido transferido a cuentas
bancarias en Manhattan, los acusados se quedaban sumas
millonarias y subcontrataban la ejecución de los proyectos
energéticos a empresas de Estados Unidos.
La demanda afirmaba que D’Agostino confesó a un amigo
que «por supuesto» pagaban sobornos, porque en Venezuela
«siempre tienes que pagar». Para cuatro contratos con Pdvsa
habrían untado a su presidente, Rafael Ramírez, y para otros
tres firmados con la Corporación Eléctrica Nacional, al
ministro de Industrias Básicas y Mineras, Rodrigo Sanz. La
demanda también mencionaba como receptores de varias
comisiones a Nervis Villalobos y Javier Alvarado, que
aparecerían después como titulares de cuentas sospechosas en
Banco Madrid.
En un pleito separado, planteado asimismo en Estados
Unidos por el periodista venezolano Thor Halvorssen
Mendoza, se aseguraba que el presidente de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello, recibió de los hombres de
Derwick cincuenta millones de dólares en sobornos. Según
Halvorssen, que dirige la Human Rights Foundation, esos
pagos «facilitaban el lavado de dinero y la sobrefacturación».
Hugo Chávez premió el favor político que le hicieron
algunos empresarios durante sus momentos difíciles de las
huelgas de 2002-2003 y les retribuyó con creces. Wilmer
Ruperti utilizó su flota de cargueros para dar salida a la