R - Col·legi de Notaris de Catalunya

La sostenibilidad de la oficina notarial
un aumento del 108 % (18) , dato comprobable
a través de los datos publicados
por el INE (http://www.ine.es).
2) Las rebajas arancelarias sistemáticamente
realizadas, de forma demagógica,
sin basarse en un estudio
riguroso de los costes de la oficina
notarial. Desde la aprobación del arancel
vigente, se han aprobado continuas
rebajas arancelarias (en relación con
adquisición de la vivienda, préstamos
hipotecarios, sociedades telemáticas,
etc.). Estas rebajas, al coincidir en el
tiempo con un periodo de extraordinario
auge económico, fueron absorbidas
por el incremento de operaciones producido,
por lo que sus efectos negativos
no se dejaron sentir. Sin embargo, hoy,
con la gravísima recesión económica (19)
que atravesamos, las rebajas aplicadas
sin ningún estudio económico (20) han
dado lugar a un hecho antes nunca
observado: la insostenibilidad de la
oficina notarial (se puede estimar en
un 15% el número de notarías que se
hallan en pérdidas (21) ).
3) La repercusión negativa de la demarcación
notarial del año 2007 (Real Decreto
173/2007). En base a la estadística
notarial de contratación de los años
de máximo auge económico en nuestro
país, se procede a la creación de más
de un centenar de plazas notariales. El
resultado de esta demarcación, cuya
revisión es urgente y muy necesaria (22) ,
salta a la vista si analizamos los resultados
de los últimos concursos notariales:
la destrucción de la llamada carrera
notarial. Las plazas de primera (sitas en
capitales de provincia o poblaciones de
más de setenta y cinco mil habitantes)
quedan desiertas (23) debido a que no
son «rentables» (24) , al existir un número
excesivo de notarías demarcadas.
4) El incremento de las obligaciones
notariales y, paralelamente, del coste
de la oficina notarial. Desde el año
1989 (fecha de la publicación del actual
arancel) hasta hoy, el incremento de
obligaciones y responsabilidades de
los notarios ha sido extraordinario, como
consecuencia de una política (25) de
incremento de la colaboración con las
administraciones públicas.
La elaboración del índice único electrónico
(26) (que ha supuesto la necesidad de
contratar, cuando menos, un empleado
por notaría solo dedicado a dicha tarea),
las mayores y mejores infraestructuras
telemáticas (27) , las inversiones realizadas
en materia informática, la colaboración
en materia de blanqueo de capitales
(con los mayores requisitos a la hora de
redactar las escrituras, lo que se ha traducido
en un mayor tiempo a emplear
por documento autorizado), entre otros
supuestos, han dado lugar a un sobresaliente
incremento de costes que
se puede cifrar en más de un 40% (28)
respecto a los costes que existían en
1989.
5) La notarialización de la póliza. El
arancel de las pólizas se regula en un
Decreto de 1950, siendo hoy un arancel
de máximos. Sin embargo, tras la reforma
del Reglamento Notarial de 2007, se
ha producido un incremento notable
de las obligaciones y del tiempo que
el notario ha de dedicar a la «intervención»
(29) de la póliza, habiéndose producido
una cierta equiparación con la
escritura pública, lo que ha dado lugar
a que el arancel vigente, del año 1950,
resulte insuficiente para compensar las
mayores obligaciones y diligencias que
el notario tiene que desplegar a la hora
de intervenir una póliza (30) .
Urgente necesidad de una revisión
del arancel notarial. Necesidad de
actualización automática con arreglo
al IPC del arancel
Todas estas circunstancias (dispersión
normativa, aumento de costes económicos,
disminución de ingresos, etc.) hacen
que sea, hoy más que nunca, necesaria la
redacción y aprobación de un nuevo arancel
notarial. Se puede decir, sin exagerar,
que el Notariado está ya al límite (31) , peligrando
seriamente no solo la prestación
de un servicio notarial de calidad, sino la
prestación misma del servicio.
El Notariado ha de estar al servicio de la
sociedad. La actividad notarial no es una actividad
mercantil, sino una actividad pública,
un servicio público que ha de estar regulado
por el Estado conforme a unos criterios
justos y adecuados a las circunstancias del
tiempo y del lugar y que permitan el acceso
de todos al servicio público notarial.
Después de veintidós años desde la
publicación del actual arancel notarial y de
más de cincuenta años de la norma arance-
laria que regula la minutación de las pólizas,
se hace necesaria la redacción, aprobación
y publicación de un nuevo arancel
que recoja en una sola norma todo el
conjunto de disposiciones dispersas, que
tenga en cuenta los verdaderos costes
actuales de la oficina pública notarial,
que prevea su actualización anual automática
conforme al IPC y que permita su
revisión periódica conforme a criterios
serios y objetivos.
¿Cómo ha de ser este arancel? (32)
Entre las conclusiones del VI Congreso
Notarial (Madrid, 1997), se encuentra la siguiente:
«SEXTA.–La función notarial debe
producirse con un coste justo, lo que se
consigue mediante un sistema de retribución
de aranceles obligatorios fijados por
el poder público y alejados tanto de las leyes
del mercado como de las decisiones de
la propia institución. La eficacia del control
de legalidad y del asesoramiento imparcial
institucional, que implican, de suyo, una alta
capacitación y una rigurosa independencia
del notario, postulan un sistema tarifado
fijo de retribución».
Desde la aprobación por Real
Decreto de 17 de noviembre de
1989 del arancel notarial, solo
hemos conocido normas que
han establecido reducciones o
exenciones
Y la conclusión séptima del VIII Congreso
Notarial (Madrid, mayo de 2003) señala
que «procede sentar las bases de un nuevo
modelo arancelario que, además de establecer
una remuneración justa, preserve
el contenido íntegro de la función pública
notarial, lo que comporta el mantenimiento
de un sistema de arancel fijo, que es
el único que puede garantizar los objetivos
institucionales del Notariado, especialmente
su independencia. Este nuevo
arancel deberá estar informado por los
principios de proporcionalidad al coste
del servicio, imparcialidad, responsabilidad
y verificabilidad».
Considero que siguen siendo igualmente
defendibles hoy, en 2011, estas conclusiones.
LA NOTARIA | | 2/2011 11