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La modificación del libro III del Código Civil de Cataluña impulsará la creación de fundaciones
la voluntad de ganar agilidad y autonomía
en la gestión de las fundaciones y, a
la vez, simplificar los procedimientos administrativos,
sin renunciar al indispensable
control de su actividad. La voluntad subyacente
de las medidas propuestas se encamina
a incentivar la constitución de nuevas
fundaciones —mediante la reducción de
la dotación inicial— y a incrementar la autonomía
de gestión de las que se encuentran
actualmente en funcionamiento, dado
que permiten compatibilizar la condición
de patrón con la prestación de servicios a
la fundación bajo determinadas condiciones.
Otras medidas introducidas siguiendo
la misma línea son la posibilidad de que el
cargo de secretario recaiga sobre una persona
que no tenga la condición de patrón y
flexibilizar el régimen de autorizaciones para
llevar a cabo determinadas operaciones
del Patronato sustituyéndolas por la declaración
responsable, así como reducir los supuestos
de actas de disposición sometidos
a la autorización del Protectorado.
La aportación inicial requerida se reduce
un 50%
La dotación inicial exigida para constituir
fundaciones de duración indefinida
pasa de 60.000 a 30.000 euros. Esta merma
se erige como un elemento fundamental en
la vertebración del nuevo texto normativo
y proviene de una firme convicción surgida
de la experiencia: resulta más eficaz la justificación
de un proyecto de viabilidad económica
que no la exigencia de una dotación
económica inicial elevada, para garantizar
el buen funcionamiento de la fundación y
su objetivo capital, que es, sin duda, el desempeño
de sus fines.
De este modo se pretende parar la fuga
de fundaciones al registro estatal, una tendencia
en alza motivada por las características
de la normativa del Estado en esta materia,
menos exigente en cuanto a la dotación
inicial requerida y menos intervencionista
en el modelo de autogestión de estas entidades.
Con la misma voluntad de facilitar
la constitución de fundaciones, también se
rebaja la dotación necesaria para constituir
fundaciones con carácter temporal, que pasa
de 30.000 a 15.000 euros.
Se facilitarán y mejorarán la gestión
y la dirección ordinarias de las fundaciones
En la misma línea y con una voluntad
de incentivación similar, se modifica el desembolso
inicial requerido en el supuesto de
aportación sucesiva de la dotación, que de
ahora en adelante será del 25%, en contraposición
al 50% requerido por la normativa
anterior. Así mismo, se modifica la garantía
de esta aportación sucesiva, que tendrá que
constar en escritura pública con valor de título
ejecutivo, ya que la experiencia pone
de relieve que éste es el medio más utilizado
por las fundaciones.
Se suprime, también, la incompatibilidad
entre el cargo de patrón y la posibilidad
de prestar servicios de tipo directivo
en fundaciones de grandes dimensiones.
De este modo, se dota a estas entidades de
libertad para designar a personas que ejerzan
funciones de dirección de la gestión
ordinaria de la fundación y de ejecución de
los acuerdos que adopte el Patronato. Esta
modificación responde al hecho de que la
regulación actual establece la obligación de
incorporar a una o más personas con estas
funciones para las fundaciones en las que
se dé, al menos, una de las circunstancias siguientes:
que el total del activo supere los 6
millones de euros o que el importe del volumen
anual de ingresos ordinarios sea superior
a 3 millones de euros. A esto se añade el
hecho de que la normativa vigente prohíbe
a los miembros del Patronato ejercer funciones
de dirección cuando en la fundación
hay más de veinticinco trabajadores y se da
al menos una de las dos circunstancias antes
mencionadas. En consecuencia, en la práctica
se han producido, derivadas de la aplicación
de esta regulación, graves disfunciones
en aquellas entidades que desarrollan una
actividad muy estrechamente ligada a la
experiencia de los mismos patrones. Tener
que renunciar al importante valor añadido
que éstos aportan a la gestión ordinaria de
la fundación sería un grave error.
Se suprime, así mismo, la prohibición
de que en las fundaciones en las que concurren
las circunstancias mencionadas los
patrones puedan tener algún tipo de relación
laboral o profesional retribuida con la
fundación, siempre que se presente una declaración
responsable que acuerde que se
ha resuelto el conflicto a favor de la formalización
de la operación porque ha quedado
justificada la prevalencia de los intereses de
la fundación sobre los particulares del patrón
o de las personas que se equiparan al
mismo.
La declaración responsable genera
más confianza en la gestión de las
fundaciones y aumenta su margen
de maniobra
En la línea de simplificación administrativa
introducida en la Ley 26/2010, de 3 de agosto,
de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, que
incorpora las reglas de la Directiva 2006/123/
CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, se rebaja el
grado de intervención administrativa en
los actos de disposición de las fundaciones,
en el sentido de disminuir los supuestos
de actas de disposición sometidos a la autorización
del Protectorado, que quedan reducidos
a dos: cuando el donante lo haya exigido
expresamente y cuando lo establezca una
disposición estatutaria. Excepcionalmente,
también se mantiene la necesidad de autorización
para la participación de las fundaciones
en sociedades, cuando esta participación
comporta la asunción de responsabilidad por
las deudas sociales de éstas.
Los cambios más importantes
introducidos por el nuevo texto
normativo impulsado por el
Gobierno de la Generalitat
responden a la voluntad de ganar
agilidad y autonomía en la gestión
de las fundaciones y, a la vez,
simplificar los procedimientos
administrativos, sin renunciar
al indispensable control
de su actividad
El artículo 333-1.2 del anteproyecto recoge
el carácter excepcional de los supuestos
de operaciones en las que el producto
no se reinvierte total o parcialmente en el
patrimonio de la fundación, cuando establece
que, en estos supuestos, «el Patronato,
antes de llevar a cabo el acto dispositivo,
tiene que presentar una declaración responsable
al Protectorado haciendo constar
que se dan estas circunstancias y aportar
un informe suscrito por técnicos independientes
que acredite la necesidad del acto
LA NOTARIA | | 2/2011 7