R - Col·legi de Notaris de Catalunya

El notario en el arbitraje: un camino reabierto
cia y capacidad podían indicarles como
perfectamente adecuados para ella, como
catedráticos y demás juristas dedicados
a la enseñanza, todo tipo de juristas
que, por jubilación o por cualquier otra
razón, no se encontraran colegiados como
ejercientes y, por supuesto, notarios
o registradores.
Tal despilfarro de capacidad ha venido
a rectificarse en la reciente modificación
de la Ley de Arbitraje operada por
la Ley 11/2011, de 20 de mayo, que expresamente
ha pretendido, como dice su
Exposición de Motivos, «abrir el abanico de
profesionales con conocimientos jurídicos
que pueden intervenir en el mismo, cuando
se trate de un arbitraje de Derecho». Y
es lógico: ¿quién puede decir que un catedrático,
un magistrado o un abogado del
Estado excedente o jubilado, un notario,
un registrador, etc., no ofrecen a priori garantías
suficientes de formación y criterio
como para ejercer la función de árbitro, al
menos, en igualdad de condiciones a otro
jurista que reúna la condición de estar colegiado
como ejerciente, en las materias
que son o han sido el campo de trabajo de
su profesión?
De esta forma y frente a la condición de
la Ley de 2003, limitadora a los «abogados
en ejercicio», la nueva Ley, mediante el
empleo de la expresión juristas, permite
que puedan ser designados árbitros
otros profesionales del Derecho de capacidad
técnica contrastada y, en todo caso,
suficiente a juicio de los tribunales y las cortes
arbitrales que los propongan a las partes
o, cuando a ellas corresponda, los nombren.
Y entre esos profesionales, claro está, se incluyen
los notarios.
Se atiende así a una necesidad frecuentemente
sentida en los tribunales
y cortes arbitrales, que frecuentemente
se veían imposibilitados para proponer
como árbitro a un jurista que les constaba
que gozaba de una especialización
excepcional en la materia de que versara
un conflicto determinado por el hecho de
no concurrir en esa persona la condición
de abogado en ejercicio, viéndose en la
necesidad de optar por otra opción que,
a priori y por buena que fuera, no ofrecía
las garantías que el currículum y la experiencia
del jurista inicialmente considerado
proporcionaban. Tanto es así que la
modificación legislativa ha venido propiciada
por informes procedentes de estos
organismos, concretamente, del Tribunal
Arbitral de Barcelona, habiendo sido
aceptada la idea sin fisuras (al menos,
hasta donde sabe quien esto escribe) por
los representantes de todos los partidos
políticos integrantes de la comisión parlamentaria
redactora de la Ley, que, por otro
lado, obtuvo el unánime voto favorable
de los integrantes de la comisión, en un
fenómeno no demasiado frecuente en los
últimos tiempos.
Tampoco, que yo sepa, ha recibido
esta novedad críticas de tribunales o
cortes arbitrales, lo cual parece lógico,
pues su prestigio (en definitiva, son organismos
de libre elección por los particulares)
radica en la calidad del producto que
ofrecen y esta, a su vez, depende fundamentalmente
de la calidad del laudo, por
lo que es del mayor interés para tales instituciones
poder contar con el elenco más
amplio posible de profesionales de la mayor
capacitación.
Bienvenida sea, pues, la nueva redacción
de la Ley de Arbitraje en este punto,
tanto por lo que de justicia y reconocimiento
tiene para la nuestra y para otras profesiones
afines como, sobre todo, por las ventajas
que supone para la institución del
arbitraje en sí misma como medio alternativo
de resolución de conflictos que,
tanto en el ámbito internacional como
en el nacional, y sobre todo en materia
mercantil, va ganándose la confianza de
la sociedad.
La función arbitral ha sido
consustancial con la práctica
profesional del notario. Sin embargo,
ha encontrado ciertos obstáculos
cuando la función de árbitro
se ha tratado desde un punto
de vista legal
Ciñéndonos al caso de los notarios,
y sin que ello quiera establecer diferencias
respecto de otros profesionales, sino meramente
afirmar las cualidades que les acercan
a la función propia del árbitro, parece
indiscutible que se cumplen las dos condiciones
fundamentales exigibles a quien
ha de decidir en un conflicto ajeno: por
un lado, la capacidad técnica, contrastada
«oficialmente» mediante la superación de
unas duras oposiciones y confirmada por
el desarrollo de un exigente ejercicio profesional;
por otro lado, la imparcialidad,
connatural a nuestra profesión y visceralmente
sentida por el notario y reconocida
por la sociedad.
Y, por lo que respecta a la capacitación
técnica, es evidente que la «especialización»
del notario atañe singularmente a los ámbitos
civil y mercantil.
LA NOTARIA | | 2/2011 23