R - Col·legi de Notaris de Catalunya

El arbitraje, de nuevo sobre la mesa del jurista
8 de la Ley Concursal, que determina la
jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez
del concurso, que pasa a tener la siguiente
redacción:
«4.–Toda medida cautelar que afecte al
patrimonio del concursado, excepto
las que se adopten en los procesos que
quedan excluidos de su jurisdicción en
el párrafo 1.º de este precepto y, en su
caso, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 52, las adoptadas por los
árbitros en las actuaciones arbitrales,
sin perjuicio de la competencia del
Juez para acordar la suspensión de las
mismas, o solicitar su levantamiento,
cuando considere que puedan suponer
un perjuicio para la tramitación del
concurso.»
El Legislador se cuida de no invadir la
jurisdicción del árbitro. De ahí que no pueda
dejarlas sin efecto, sino suspenderlas o
solicitar del árbitro su levantamiento, dos
decisiones distintas que debe ponderar en
atención a las circunstancias y a los efectos
que se pretendan. El Juez no puede dejar de
oír al árbitro, ni a las partes en el arbitraje, y
considerar los efectos de su decisión en el
proceso arbitral.
8. El notario ante el arbitraje
Ya se ha visto supra que hoy en día, en
la situación en que se encuentra la Justicia,
la proyección de las tendencias y el agravamiento
potencial de ciertas disfunciones
con causa presupuestaria han recomendado
al Legislador potenciar métodos
alternativos, además de reconsiderar el
acceso a la Justicia, tarea tan necesaria e
interesante como desafiante y compleja.
Todos quienes asesoren acerca de la legalidad
aplicable en cualquier fase del íter
contractual no pueden dejar de plantear a
los interesados los sistemas alternativos a la
resolución de conflictos, entre los que destaca
el arbitraje por sus garantías jurídicas
en razón de sus intervinientes, principios
rectores y los remedios previstos para corregir
desviaciones. No hacerlo así es sustraer
del cliente una información esencial: el justiciable
tiene aún más a partir de ahora el
derecho al ejercicio de una opción (tribunales
o métodos alternativos), y la decisión, en
todo caso, debe de ser informada, y en ello
puede y debe jugar un papel importante el
notario.
Además, el notario halla en la reforma
del arbitraje la posibilidad de ejercer
como árbitro, ya que el Legislador ha ampliado
la categoría de árbitros en derecho
a los juristas, lo que debe ser interpretado
en el sentido no de una mera titulación a
la que no siga un ejercicio profesional, sino
de quienes hacen del Derecho el centro del
ejercicio de su actividad habitual.
NUEVOS CÓDIGOS BÁSICOS LA LEY
ADAPTADOS a todas las últimas modificaciones legislativas en cada caso. La normativa que integran incluye notas que
informan de la modificación de un precepto desde el momento de la publicación de la norma y concordancias. Cada código
tiene, además, un índice analítico básico de su contenido.
LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL
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El notario aporta una gran componente
de neutralidad al arbitraje, lo que
llena, prima facie, la exigencia de independencia
e imparcialidad del árbitro. No cabe
duda de que en aquellos conflictos donde
radiquen en una questio iuris, la aportación
del notario va a ser altamente idónea. Igualmente,
en los arbitrajes de equidad, injustamente
postergados en nuestro Derecho,
la experiencia de la realidad de la Notaría y
la formación jurídica le hacen un excelente
árbitro en equidad, aunque esta modalidad
no haya sufrido alteración alguna en la reforma.
Eso sí, se ha salvado su pretendida
eliminación por el anteproyecto, pero ello,
afortunadamente, es ya historia.
En suma, estamos ante una reforma
que vigoriza el arbitraje, que le aumenta
su seguridad jurídica, que lo protege de
la invasión de la jurisdicción (nada peor
para el justiciable que la peregrinación jurisdiccional)
y que lo coloca en el centro
de los conflictos para los que el arbitraje
está especialmente dotado de idoneidad,
como son los arbitrajes societarios y mercantiles.
Seguridad, idoneidad y garantías hacen
inexcusable ahora a los juristas contemplar
como alternativa el arbitraje en todo potencial
de resolutivo.
LEY DE LA
JURISDICCIÓN SOCIAL
Precio
excepcional
LA NOTARIA | | 2/2011 21