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Reforma del sistema hipotecario y protección del consumidor
mente de índole económica y de regulación
del mercado hipotecario, pero el principio
constitucional de seguridad jurídica ha quedado
salvaguardado en todo momento. Es
un factor no menor que conviene no subestimar,
sobre todo cuando, en ocasiones,
asistimos a determinadas propuestas legislativas
desreguladoras que pretenden desplazar
la presencia de la escritura pública en
determinados ámbitos, inspirándose precisamente
en el modelo anglosajón, ahora
tan justamente cuestionado.
Más allá de algunas sentencias voluntaristas,
que han tenido un importante papel
catalizador de un debate en líneas generales
positivo, la comunis opinio sostiene, con
pleno fundamento jurídico, que para limitar
con carácter obligatorio la responsabilidad
del deudor al bien hipotecado, es
preciso modificar la legislación vigente.
Pero tomar una decisión de esta naturaleza,
como se está reclamando desde diversos
sectores sociales y políticos, supondría modificar
uno de los pilares fundamentales
del derecho de obligaciones, como es el
principio de responsabilidad patrimonial
universal del deudor, que consagra el artículo
1911 del Código civil, un cambio que
habría que ponderar detenidamente, pues
tendría importantes consecuencias en otros
ámbitos. Ahora bien, suponiendo que se
aceptase introducir este sistema, la prácti-
ca totalidad de los juristas estima que deberían
evitarse los efectos retroactivos,
pues ello supondría introducir un elemento
importante de inseguridad jurídica que
pondría en peligro la solvencia del sistema
financiero español. Por tanto, por esta vía
no se solucionará el grave problema social
que ahora padecemos, pues este viene provocado
por las hipotecas concedidas en los
pasados años de bonanza económica.
La dación en pago y otras fórmulas
similares son demasiado drásticas,
pues conducen inexorablemente
a la pérdida de la vivienda
Las fórmulas de dación en pago y
otras similares que se están proponiendo
tienen el grave inconveniente de ser
demasiado drásticas, pues conducen
inexorablemente a la pérdida de la vivienda.
Son mucho más ventajosas y recomendables
social y económicamente soluciones
novativas, mediadoras, extrajudiciales, que
exploren vías alternativas al traumático
desahucio. El objetivo primordial ha de ser
conservar la vivienda, incluso, en última instancia,
aunque sea bajo un derecho distinto
del de propiedad.
Una iniciativa que pretendía transitar
en esta dirección fue la impulsada por
el Colegio de Abogados de Barcelona, en
colaboración con el Colegio de Notarios
de Cataluña, que introducía en la recientemente
aprobada reforma concursal un
procedimiento extrajudicial notarial que
permitía evitar el concurso de los particulares
en situación de insolvencia y daba
una última oportunidad a las familias
antes de la ejecución. La propuesta estuvo
a punto de prosperar, pues fue aprobada
en el Senado, aunque finalmente decayó
en el Congreso. De todas formas, merece
destacarse la Disposición Adicional Única
de dicha Ley 38/2011, de 10 de octubre,
en la que se establece que el Gobierno deberá
presentar, en el plazo de seis meses,
un informe en que, entre otras cuestiones,
podrán proponerse opciones de solución
extrajudicial que completen la protección
económica y social de consumidores y familias,
sean de carácter notarial o registral,
de mediación o de otra naturaleza. Sería un
acierto que el nuevo Gobierno explorase
esta interesante y positiva línea jurídica
de actuación.
La mayoría de los países de nuestro
entorno, como Alemania, Francia o Bélgica,
tienen leyes de segunda oportunidad
o sobreendeudamiento en las que
los particulares que se encuentran en una
LA NOTARIA | | 2/2011 29