R - Col·legi de Notaris de Catalunya

La sostenibilidad de la oficina notarial
ella (así se desprende de la Instrucción
de la DGRN de 18 de mayo de 2011). Lo
más preocupante, aparte de lo expuesto,
a mi parecer, es la introducción en la
mentalidad del Legislador de la errónea
idea de que lo tecnológico es (o debe
ser) más barato, cuando, ciertamente, la
utilización de nuevas tecnologías puede
suponer una agilización de plazos, con la
consiguiente reducción de costes, pero
no una supresión de los mismos a costa
del notario.
(14) A nivel teórico, se podría pensar que la
remuneración notarial fuese por otra vía
distinta del arancel: por ejemplo, a cargo
de los presupuestos del Estado, dada la
condición de funcionario público que tiene
el notario. También se podría pensar
en mantener el sistema de retribución a
cargo de quienes utilizan el servicio notarial,
pero dejando a la ley de la oferta y
la demanda la fi jación de los honorarios
(liberalización total del arancel, seguida
en Holanda). Ninguno de los sistemas es
satisfactorio: basta ver el resultado negativo
que tuvo en Portugal la primera de
las propuestas, que llevó al cambio de sistema,
y el resultado que está teniendo en
Holanda (rebaja en relación a los grandes
operadores económicos y aumento del
coste para los ciudadanos en general).
Como se ha señalado, un sistema de precios
libres por servicios notariales induciría
a una merma en la calidad del servicio,
trastocando el sistema de fe pública. La
existencia de un arancel fi jado por el Gobierno
elimina la competencia desleal y
obliga a los notarios a su cumplimiento.
El consumidor puede evaluar otros elementos
del notario, tales como la calidad
del servicio prestado, la preparación jurídica,
la capacidad de trabajo, la rapidez y
la diligencia, la organización de la notaría
y los antecedentes profesionales y personales,
entre otros valores subjetivos.
(15) Son tres las justifi caciones principales
que se han dado por los analistas económicos
del arancel notarial:
1) Las cuasi-rentas (criterio sostenido por
Benito Arruñada), teoría según la cual el
arancel y el numerus clausus compensan
la inversión inicial del notario (básicamente,
en años de estudio) y disciplinan
la carrera notarial coordinando los incentivos
económicos con los principios
deontológicos a los que debe estar sometido
el ejercicio de la profesión.
2) La protección debida al gatekeeper (expresión
utilizada, entre otros, por Cándido
Paz Ares): si la función notarial implica
negar la autorización en benefi cio de
terceros no presentes (interés público),
la fi jación de la remuneración no puede
depender directamente de sus clientes
directos.
3) La Teoría del Mercado de Limones
(sostenida por Akerloff ), según la cual las
múltiples asimetrías informativas existentes
entre clientes y entre los clientes y
el notario determinan un mercado imposibilitado
de funcionar adecuadamente;
la competencia da lugar a un descenso
radical de la calidad, que termina pagando
el consumidor débil y, en el supuesto
notarial, también los terceros.
(16) Esta actualización podría ser hecha directamente
por la DGRN, sin necesidad de
ningún otro requisito más que, como es
lógico, la petición fundada del CGN. Existe
un precedente: la Resolución DGRN de
25 de septiembre de 1982, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento
Notarial, procedió a la actualización
del arancel para «poner remedio
a una situación que (había) devenido insostenible
por causa del gran incremento,
debido a la infl ación, experimentado
en los últimos tiempos en los costes y
gastos de los despachos notariales, íntegramente
a cargo del notario, y al carácter
regresivo de los aranceles notariales
respecto de los documentos que se cobran
en atención a la cuantía del negocio
jurídico contenido en el documento».
(17) En la pasada época de bonanza económica,
este hecho era especialmente
predicable respecto de los documentos
sin cuantía, puesto que el incremento
constante de los valores, avivado por
la burbuja inmobiliaria, compensaba la
falta de actualización al IPC en los documentos
de cuantía. La situación actual es
precisamente la contraria, por lo que la
actualización, siendo exigible de forma
apremiante respecto de los documentos
sin cuantía, ha de empezar a estimarse
también respecto a los documentos de
cuantía.
(18) Un testamento hoy cuesta menos de la
mitad que costaba en 1989, en términos
de poder adquisitivo. Para que su coste
fuese el mismo, debería ser de 75 euros,
y no de 36 euros, como viene siendo desde
hace más de dos décadas, sin tener en
cuenta la subida del IPC en un 108 %.
(19) La contratación notarial de 2010, en relación
al año 2007, ha disminuido en un 83
% en compraventa de viviendas y en un
67 %, aproximadamente, en préstamos.
(20) Todas las rebajas realizadas lo han sido
sin estudios de su repercusión en el
mantenimiento de la ofi cina notarial, sin
analizar el coste medio ponderado de la
ofi cina. Por tanto, puede decirse que han
sido totalmente injustifi cadas. El Real Decreto
de 1989, del arancel vigente, pre-
veía la constitución de una comisión de
seguimiento del arancel, comisión que
nunca llegó a constituirse. El principio
de cobertura que proclama dicha norma
también ha sido sistemáticamente
conculcado de manera paladina, sobre la
base del infundado criterio (subyacente)
de que «a los notarios todavía les queda
un amplio margen de ganancia».
(21) Son ya tres los notarios que han solicitado
la declaración de concurso de acreedores.
(22) Es preciso realizar un estudio estadístico
de la contratación notarial, procediendo
a la amortización de las notarías que no
sean sostenibles. Para que todas las plazas
notariales pudiesen quedar cubiertas,
cabrían, en principio, dos opciones:
1) La revisión y actualización del arancel,
con un importante incremento que permita
la cobertura de gastos.
2) La supresión del exceso de plazas
notariales existente. En algunos casos,
bastará con la amortización de notarías,
pero, en otros, será insufi ciente, por lo
que habrá necesariamente que proceder
a un estudio serio y riguroso de los costes
actuales de la ofi cina notarial, al mismo
tiempo que a un estudio de la estadística
notarial por plazas.
(23) En el último concurso notarial, veintiséis
notarías de primera han quedado desiertas.
Estas notarías no son solicitadas
por ningún notario, ni siquiera por los
que acaban de aprobar, puesto que las
previsiones en tales plazas son de «pérdidas»,
en parte, por la extraordinaria
disminución en el volumen de operaciones
como consecuencia de la crisis, pero
también por el aumento del número de
plazas como consecuencia de la demarcación,
que hace que apenas haya documentos
que puedan ser autorizados por
los notarios que puedan cubrir la plaza
y, de haberlos, serían insufi cientes completamente
para cubrir los gastos de la
ofi cina notarial.
(24) No es que sean más o menos rentables,
sino que producen pérdidas.
(25) La política corporativa de mayor colaboración
con las administraciones se puede
entender acertada, en cuanto que supone
una mejora cualitativa del servicio
notarial, en benefi cio no solo (eso sí) del
ciudadano que reclama nuestros servicios,
sino, muy especialmente, del interés
general del Estado. Lo erróneo (y ahora
lo padecemos) ha sido la falta de actualización
y revisión del arancel para cubrir
los mayores costes generados por el incremento
de costes que ello ha supuesto.
Además, hay una serie de servicios que,
con las nuevas tecnologías, prestamos
LA NOTARIA | | 2/2011 13