Política social y modelos de desarrollo - Estudios del trabajo

aritméticas; “conocimiento cronológico y sistemático de la historia y geografía de Chile con
su impregnación de elementos de patria, guerra heroica, nacionalidad y regionalidad”; y
práctica y conocimiento de los deberes y derechos respecto de la comunidad 67 . La reforma
educacional en marcha cristalizó en una transformación más estructural (1981) tendiente a
la privatización de la enseñanza, previo traspaso a las municipalidades de las escuelas
públicas; municipalización que, sin embargo, se fue transformando en una estación terminal
para el sistema educativo público para-pobres, co-administrado por el municipio y
particulares a través de una Corporación Municipal de Desarrollo Social. Como resultado,
a través del sistema de “subsidio por asistencia”, se logró reducir drásticamente la deserción
escolar básica hacia fines de la década de 1980, la que habría alcanzado al 10% (Illanes,
1992),
Luego de la recuperación de la institucionalidad democrática, la Ley Orgánica
Constitucional de la Enseñanza (LOCE) heredada de la dictadura, definió el deber del
Estado en el campo educacional como resguardador de la “libertad de la enseñanza”, lo que
significa en la práctica que el Estado había de restar su propio protagonismo en este campo
(su tradicional rol de Estado Docente), concibiendo y promoviendo la educación como un
ámbito propio de la iniciativa privada.
En este contexto, los gobiernos de la Concertación, siguiendo los lineamientos teóricos de
CEPAL y UNESCO que consideran “la educación como eje del desarrollo económico con
equidad”, ha seguido la estrategia de desarrollar fórmulas de mejoramiento de la enseñanza
con asistencia técnica y financiera internacional. Se plantea que para lograr equidad
educativa en una sociedad como la chilena, con diferencias tan abismantes en los ingresos
familiares, es necesario intervenir en forma segmentada en determinadas áreas educativas
demandantes de calidad (Sergio Nilo, 1997). La Reforma Educacional, además de tender a
consolidar la expansión del sistema escolar (97% de cobertura en la educación básica), ha
apuntado a este objetivo de “expansión a un standard más exigente” (Mariana Aylwin,
2003).
Si bien la “escuela básica para todos” se ha alcanzado nuevamente como logro histórico,
durante los gobiernos de la Concertación se hizo manifiesta una importante deserción
escolar a nivel de enseñanza media, constatándose que “la mitad de los jóvenes pobres no
termina el liceo” (Cristián Bellei- Flavia Fiabane, 2003): una realidad contradictoria para
una democracia. Ante esto, el Congreso aprobó este año 2003 el proyecto del presidente R.
Lagos de ampliar la obligatoriedad de la educación hasta el nivel medio 68 ; obligatoriedad
que, para hacerse efectiva, requiere una fuerte inversión la que actualmente se dirige al
fomento de: a) políticas pro-retención escolar (10.000 becas a estudiantes con riesgo de
deserción; 19.000 becas a estudiantes de pueblos originarios); b) políticas pro acceso al
sistema educativo de enseñanza media (viviendas estudiantiles para estudiantes de zonas
rurales); c) políticas pro reinserción escolar o nivelación de estudios, especialmente a través
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“Directiva Presidencial sobre Educación Nacional”, Cuadernos del Profesor Rural, N° 17, mayo-junio,
1979
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El 7 de mayo del 2003, el Congreso aprobó la siguiente reforma: “La educación básica y la educación
media son obligatorias, debiendo el estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el
acceso a ella de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se
extenderá hasta cumplir los 21 años”. Ibid