jurisprudencial en el Contencioso Tributario. - Avdt

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inocencia y la integridad del patrimonio […denominándolo un enrevesamiento jurídico…] 32 . En efecto, como hemos dicho el artículo 289 del COT crea una ficción legal cuando asimila a un “título ejecutivo” los actos administrativos contentivos de obligaciones liquidas y exigibles a favor del Fisco por concepto de tributos, multas e intereses y su cobro judicial apareja embargo de bienes. Pero se añade que, el remate de los bienes del deudor se suspenderá si el acto no estuviere definitivamente firme 33 , advirtiéndose que en aquellos casos en que se hubiere iniciado el proceso contencioso tributario y no se hubieren suspendido los efectos del acto, la solicitud de ejecución deberá realizarse ante el mismo Tribunal que este conociendo de aquel 34 . Esto es, la acción de cobro ejecutivo puede instaurarse contra el contribuyente aunque el acto de determinación todavía este pendiente del control judicial de su conformidad o no al derecho y por lo tanto no se haya establecido la firmeza de dicho título. Esta dualidad de que frente a un mismo acto administrativo de contenido tributario “cabalguen paralelamente” 35 un recurso contencioso tributario y un juicio ejecutivo se ha considerado un total “exabrupto” 36 . El dislate jurídico procesal consiste en facultar la ejecución de una obligación cuya existencia, cuantía y exigibilidad no ha sido establecida con certeza jurídica, esto es, de un acto que no es ejecutable. La ficción legal que asimila a un titulo ejecutivo el acto pendiente del recurso, no solo (i) iguala arbitrariamente y encubre una lesión frontal al derecho al debido proceso, en infracción de la máxima procesal según la cual no puede haber ejecución sin cognición previa, sino que (ii) desnaturaliza la institución del juicio ejecutivo. La situación descrita abre el cauce a una recaudación inmediata del crédito pendiente de revisión cuyos efectos no estén suspendidos, con la posibilidad real de incidir sobre el patrimonio particular sin que haya certeza de la existencia del crédito. Una jurisprudencia tímida de la Sala Constitucional y de la Sala Político Administrativa, admiten la posibilidad jurídica de que el afectado pueda solicitar la sustitución de la medida de embargo decretada, mediante garantías suficientes a 32 Cfr. Alberto Blanco-Uribe Quintero, “Juicio ejecutivo o enrevesamiento jurídico. Violación sistemática de los derechos humanos”, en XI Jornadas de Derecho Tributario, Tomo II sobre Derecho Procesal Tributario, , Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas 2012, p. 204. 33 Articulo 295 34 Articulo 291, parágrafo único. 35 Cfr. Alberto Blanco-Uribe Quintero, “Juicio ejecutivo…”, op.cit., p. 214. 36 Idem 10
juicio del Tribunal competente, bien sea conforme a lo previsto en el articulo 657 del Código de Procedimiento Civil 37 o con fundamento en el artículo 299 eiusdem 38 . En todo caso el mal estaría consumado, pues se estaría coaccionando la satisfacción de un crédito tributario cuya existencia y exigibilidad no ha sido establecida judicialmente con carácter definitivo. Un crédito documentado en un titulo que no es ejecutable, porque no es definitivo. El único episodio que reconoce el dislate procesal en comentarios, es una sentencia de la propia Sala Político Administrativa (caso PDVSA Petróleo 39 ), que declaró con lugar la apelación contra la decisión de un tribunal contencioso tributario que admitió un juicio ejecutivo contra dicha empresa pública, argumentando que pendiente el proceso contencioso tributario de anulación, el acto de liquidación no tiene carácter de título ejecutivo, por no estar definitivamente firme. Insólitamente, la Sala desaplicó la norma, pero sin justificar su inconstitucionalidad. Puede decirse que, a pesar de la corrección del punto de vista comentado, este es un precedente aislado que, paradójicamente, solo se ha aplicado para enervar una obvia injusticia en contra de la conocida empresa pública. Del resto, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa y de los propios Tribunales de lo Contencioso Tributario, solo exhiben una jurisprudencia dócil y cómplice a la literalidad de estas inconstitucionales regulaciones, cohonestando su aplicación generalizada, sin que se hayan atrevido a garantizar la supremacía de las reglas del debido proceso en las situaciones concretas sometidas a su control, desaplicando por control difuso las normas inconstitucionales sobre el juicio ejecutivo. El efecto práctico de esta patológica situación constituye una puesta en práctica velada del principio solve et repete, esto es, del proscrito privilegio procesal que ostentaba el Fisco para exigir el ingreso inmediato de sus liquidaciones como condición de impugnación de las mismas. Ese odioso privilegio procesal fue declarado inconstitucional tanto por la extinguida Corte Suprema de Justicia 40 37 Sentencia de fecha 29 de enero de 2002, caso JOSÉ FERNÁNDEZ ORDOÑEZ- RECURSO DE NULIDAD POR RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/111-290102-00-0701.htm. 38 Sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, caso GLOBOVISION TELE C.A, consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Diciembre/01782-151211-2011-2010-0239.html. 39 Sentencia de fecha 12 de Marzo de 2008, caso PDVSA PETRÓLEO S.A, consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Marzo/00317-12308-2008-2006-1106.html. 40 Sentencia de fecha 24 de octubre de 1984, caso SCHOLL VENEZOLANA, C.A. 11
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