jurisprudencial en el Contencioso Tributario. - Avdt

exclusiva del contribuyente. En este sentido, basta citar el criterio jurisprudencial
sostenido por la antigua Corte Suprema de Justicia, cuando señala que en el
contencioso tributario la carga de la prueba corresponde en inicio al recurrente,
en razón de la presunción de legitimidad del acto administrativo, razón al valor
presuntivo que tiene el acto administrativo tributario. Sin embargo, reconoce que
esta presunción legal no es absoluta, pues admite excepciones que atenderán al
vicio de nulidad que afecte la actuación de la administración, o a un nuevo alegato
hecho en el transcurso del proceso 21 .
En definitiva, para la Sala Político Administrativa hay una superioridad de intereses
a favor del Fisco, por su sola condición de tal, en una peculiar interpretación de la
presunción de legalidad del acto administrativo que no se corresponde con su
auténtica finalidad jurídica e institucional.
Esa enmendatio legis no solo contradice la literalidad de la norma y la decidida
intención del legislador para que los requisitos de la cautela operen de manera
alternativa, tal como es confesada en la exposición del motivos de la reforma del
Código Orgánico Tributario de 2001 22 , sino que rompe con la tradición
jurisprudencial contencioso administrativa que en atención al derecho a la tutela
judicial efectiva, entiende que la actitud interpretativa en materia de suspensión
de efectos de actos individuales 23 debe tender a equilibrar los intereses de las
partes en el proceso, particularmente sensible a la notoria realidad del perjuicio
cierto que supone para el afectado el eventual ingreso prematuro de la suma
reclamada pendiente el juicio de nulidad sobre la legalidad de su liquidación, por
la onerosidad de su egreso y por la inefectividad de los reintegros de lo que
resulte ser pagado ilegalmente 24 . La situación es más patética en caso de
ejecución de sanciones de resultar estas posteriormente anuladas, porque
obviamente es lesiva de la presunción de inocencia también con rango de derecho
constitucional y humano. La posición interpretativa de la Sala es más reprochable
21 Idem.
22 Así lo informa Betty Andrade, “Evolución de la medida cautelar de suspensión de efectos en el
contencioso tributario bajo la vigencia de la Constitución de 1999”, en Revista de Derecho
Tributario N° 111, Julio-Agosto de 2006, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas 2006,
p. 130
23 Así se entendía el sentido del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Incluso
fue la posición asumida por la propia Sala Constitucional en sentencia de fecha 15 de Julio de 2003, caso
HUMBERTO BAUDER, consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1944-150703-02-
2634.htm.
24 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 2 de noviembre
de 1998, citada por Betty Andrade, “Evolución de la medida…”, op.cit, p. 39.
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