jurisprudencial en el Contencioso Tributario. - Avdt

tributaria y del conjunto de garantías, esencialmente constitucionales, dirigidas a
la integración racional del sistema tributario. Se habían creado tributos que no se
llamaban como tales (sino “aportes”, “inversiones”), pero que eran prestaciones
patrimoniales de carácter coactivo, que pretendían estar al margen de la
sistemática tributaria, concretamente de los principios sustantivos que rigen la
obligación tributaria desde su estructura, nacimiento y extinción, pasando por los
principios formales relativos a la gestión de los tributos, su régimen sancionatorio
y el de control de la legalidad de los mismos, incluido el contencioso tributario,
reunidos sistemáticamente en el Código Orgánico Tributario. Una auténtica
“huida” que se traducía en dispersión y anarquía, en contradicción con la debida
(i) unidad y (ii) coherencia que exige el sistema tributario como principio
constitucional y la seguridad jurídica como principio del sistema socio económico
ex articulo 299 constitucional. “Huida” que no sólo era del derecho tributario, sino
del derecho mismo. Como constataríamos mas adelante, se trataba de las
primeras manifestaciones sintomáticas de la anarquía parafiscal que estaba por
arreciar.
Los casos clínicos que reflejaban lo anterior son las contribuciones creadas
mediante las (i) Leyes Orgánicas de Ciencia tecnología e innovación y (ii)
contribución de drogas (antes contra el trafico ilícito y consumo de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas) Se añadieron la (iii) contribución de comunas en
la Ley sobre instituciones del sector bancario. Recientemente, la (iv) contribución
prevista en la Ley del Deporte, por mencionar solo algunas.
Las consecuencias de la anarquía se dejaron sentir rápidamente. Dejación de los
principios de legalidad, capacidad contributiva y seguridad jurídica. Un desorden
de obligaciones pecuniarias, que entorpecen el sistema socio económico y que
aumentan la presión fiscal. Una vorágine que no responden a un propósito
coherente, que perturba, no solo la actividad económica particular, sino la
actividad financiera del Estado y la total actividad administrativa, creando
diferente intereses “privados” entre los distintos organismos y cuerpos de
funcionarios públicos.
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