jurisprudencial en el Contencioso Tributario. - Avdt

se extiende desde el momento de su exigibilidad legal hasta su definitivo pago,
excluyendo los periodos en que el proceso estuviere suspendido. Esta situación se
conocerá con certeza solo cuando el acto liquidatorio quede firme.
La lectura judicial de este enunciado ha sido alterada (manipulada) para exigir no
solo la demostración de la presunción del buen derecho (fumus bonis iuris), sino
también, conjuntamente, el riesgo manifiesto de que se haga ilusoria la ejecución
del fallo (periculum in mora).
Mediante una interpretación que la Sala Político Administrativa denomina
“correctiva”, en su sentencia de fecha 3 de junio de 2.004 (caso Deportes El
Marquéz 18 ), ha sostenido un criterio que se ha hecho pacífico según el cual,
independientemente de la disyunción literal de los requisitos para decretar la
suspensión de efectos, esta decide que deben darse de forma copulativa o
conjunta siguiendo mecánicamente la racionalidad de los artículos 585 y 588 del
Código de Procedimiento Civil, e invocando para ello una peculiar (i)
interpretación del privilegio de la presunción de legalidad de los actos
administrativos, añadiendo en su caso que (ii) los eventuales daños de una
ejecución prematura podrían ser resueltos posteriormente mediante las acciones
que tutelan la responsabilidad patrimonial de la administración. De esta forma la
Sala entiende que la presunción del buen derecho o la presunción de daño no
bastan por sí solas para demostrar que se causa un daño ilegitimo al recurrente,
sino que deben examinarse en forma conjunta, porque la existencia de una sola
de ellas no es capaz de lograr la suspensión de los efectos del acto impugnado, en
tanto que en línea con su criterio, no deben enervarse los efectos de un acto
revestido de una presunción de legalidad, si no supone para el solicitante un
perjuicio real de difícil o imposible reparación con la sentencia definitiva, o si el
contribuyente no ostenta respecto del acto en cuestión "una situación jurídica
positiva susceptible de protección en sede cautelar" 19 . Lamentablemente la Sala
tergiversa la razón de la presunción de legitimidad del acto administrativo
tributario, que solo implica una carga de impugnación para el sujeto pasivo y
nunca la prueba de su derecho, el cual en todo caso debe establecerse en un
proceso de cognición 20 , donde la carga de la prueba del acto impugnado no es
18 Sentencia de fecha 03 de junio de 2.004, caso DEPORTES EL MARQUEZ C.A consultada en:
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Junio/00607-030604-2003-0354.htm.
19 Sentencia de fecha 27 de julio de 2.011, caso HUAWEI TECHNOLOGIES DE VENEZUELA, S.A,
consultada en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/01023-27711-2011-2010-0001.html.
20 Ver por todos Serviliano Abache Carvajal, La atipicidad de la presunción de legitimidad del acto
administrativo y la carga de la prueba en el proceso contencioso tributario, Colección Estudios
Jurídicos No. 93, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2012.
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