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Las herramientas del recuperador
Por: Juan M. Abia Gurtubay, abogado | Abia & Graells March Estudio Legal, SLP | jmabia@abia-graellsmarch.es
La nueva responsabilidad penal de
las personas jurídicas
Julio 2011
Recupera
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El pasado 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la trascendental reforma del Código penal
operada por la Ley Orgánica 5/2010, entre cuyas modificaciones destaca, por la indudable
incidencia que tendrá en la organización empresarial, el reconocimiento de la RESPONSABILI-
DAD PENAL de las personas jurídicas en determinados delitos.
Con la mencionada reforma del Código Penal, España
se ha sumado a la tendencia internacional comandada
ya por un grupo considerable de países que han introducido
en su legislación la responsabilidad penal de
las personas jurídicas. A partir de ahora se discutirán
los fundamentos, límites y presupuestos de este tipo
de responsabilidad, pero el trasnochado debate si una
persona jurídica puede ser o no penalmente responsable
parece haber llegado a su fin, apartándonos y negando
definitivamente el principio hasta entonces establecido de
“Societas delinquere non potest”, como si de la caída de
un muro se tratare. Desde entonces, la persona jurídica
es penalmente responsable de los delitos cometidos en
nombre o por cuenta de la misma, y en su provecho.
Esta responsabilidad de las personas jurídicas, consolidada
y habitual en el ámbito del derecho administrativo
sancionador, procura reprender y prevenir la cada vez
más frecuente criminalidad empresarial y motivará que
las empresas, al objeto de eludir la responsabilidad penal
en la que podrían incurrir, adopten mecanismos internos
de prevención de aquellas conductas que puedan
suponer consecuencias penales para la entidad, lo que
se ha bautizado como los “Programas de Cumplimiento”
o Corporate Compliance.
Con ello, el legislador pretende, con la reforma, que
las empresas colaboren activamente en la prevención y
el descubrimiento de la delincuencia económica y no
duda incluso en premiar, atenuando las penas, a aquellas
empresas que denuncien los delitos que hubieran podido
cometerse en su seno o colaboren decisivamente en la
investigación de tales delitos, circunstancias ambas que
entrañan un indudable perjuicio a sus administradores,